Pedro P Peñaloza / El Universal
Parece que en la República Bolivariana existen palabras proscritas. “Tenemos cinco casos de nuevas organizaciones no gubernamentales (ONG) que llevaron sus actas constitutivas a registros civiles en Caracas y fueron rechazadas por tener entre sus objetivos fundacionales las frases ‘democracia’, ‘derechos humanos’ y/o ‘derechos civiles y políticos’”, denuncia la abogada Liliana Ortega, directora del Comité de Familiares de las Víctimas del Caracazo (Cofavic).
Ortega señala que “todos los rechazos fueron verbales, aduciendo seguir ‘órdenes superiores’. Solo tenemos un caso en el que expresaron el rechazo de forma escrita”.
El Foro por la Vida, la red más importante de ONG defensoras de Derechos Humanos en el país, ha sufrido en carne propia la exclusión. Esta coalición nacida en 1997 ha intentado sin suerte obtener su personería jurídica desde 2009.
El artículo 52 de la Constitución de 1999 establece: “Toda persona tiene derecho de asociarse con fines lícitos, de conformidad con la ley. El Estado estará obligado a facilitar el ejercicio de este derecho”. Igualmente, el 57 reza: “Toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, sus ideas u opiniones de viva voz, por escrito o mediante cualquier otra forma de expresión, y de hacer uso para ello de cualquier medio de comunicación y difusión, sin que pueda establecerse censura”.
Grave obstáculo
La representante de Cofavic revela que “también las ONG hemos tenido dificultades para notariar las declaraciones de víctimas, testigos y peritos en casos que están bajo conocimiento de la Corte Interamericana de DDHH”.
Contra ese muro chocaron para autenticar en el estado Aragua el testimonio de la familia Barrios, que desde 1998 ha perdido a siete de sus integrantes supuestamente a manos de funcionarios de la policía regional. “En este caso, parte de la prueba sometida a la Corte IDH debió llevarse al consulado de Costa Rica, cuando lo normal es que se registre en una notaría”, sostuvo. Este trámite es necesario para el litigio en el sistema interamericano, acotó la experta.
La cacería
Ortega llama la atención sobre otro dato: 34 ONG han sido denunciadas ante el Ministerio Público y hasta la fecha no saben cómo avanzan las investigaciones ni sus propósitos.
La portavoz de Cofavic recuerda, además, que existen diversas normas que atentan contra las asociaciones ciudadanas. En esa lista destaca la Ley de Defensa de la Soberanía Política y Autodeterminación Nacional, promulgada el 23 de diciembre de 2010, que restringe las fuentes de financiamiento de las ONG y hasta les limita el derecho de invitar a ciudadanos extranjeros que critiquen al Gobierno nacional.
#~¬#~¬#~¬#~¬#~¬#~¬#~¬#~¬#~¬#~¬
CONTRA LA SOCIEDAD ORGANIZADA
• En los últimos años las autoridades venezolanas han venido adoptando distintas medidas contra las organizaciones no gubernamentales de Derechos Humanos y de desarrollo social que han cuestionado su desempeño. En un primer momento las acciones contra las agrupaciones se sustentaban sobretodo en criticas y campañas de descrédito contra los miembros y representantes. Sin embargo, con el paso del tiempo se ha pasado de la palabra a la acción y varios miembros de esas organizaciones han sido víctimas de amenazas.
• En 2010, la Asamblea Nacional aprobó la Ley de Soberanía y Autodeterminación Política, instrumento que prohíbe a organizaciones y personalidades recibir financiamiento desde el exterior, so pena de multas e inhabilitaciones.
• Desde 2006 reposa en los archivos del Parlamento la Ley de Cooperación Internacional, instrumento que pretende obligar a las organizaciones de Derechos Humanos y Desarrollo Social a entregar los fondos que reciben del exterior al Gobierno para que él lo administre. JFA
