Ismael Pérez Vigil
La semana pasada, en Hablando de las sentencias, propuse cuatro puntos como tareas de la oposición, para mantener la presión nacional e internacional sobre el Gobierno, sobre las cuales he recibido algunos comentarios solicitando aclaratorias y explicación, que me propongo hacer a continuación, perfectamente consciente de lo polémico de su contenido, pero también de lo necesario que es abrir la discusión al respecto.
De los cuatro puntos mencionados en mi artículo de la pasada semana, (https://ismaelperezvigil.wordpress.com/2017/04/08/hablando-de-las-sentencias/), me referiré a los tres primeros, pues considero que el cuarto (Solicitar que el Ministerio Público investigue a funcionarios y personeros del Gobierno y del PSUV que han estado instigando al odio y la violencia en los últimos días) es obvio y no requiere mayor profundización. Los puntos mencionados y las propuestas son:
1) Introducir una solicitud de medida cautelar, o del tipo que sea, para que la Sala Constitucional del TSJ conmine a la Sala Electoral a tomar una decisión en el caso de los diputados indígenas de Amazonas. El caso de los diputados de Amazonas es de donde arranca el conflicto de poderes entre la Asamblea Nacional (AN) y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ); como se recordará, en diciembre de 2015 la Sala Electoral del TSJ ordenó suspender la totalización, adjudicación y proclamación de todas las elecciones de diputados en el estado Amazonas, afectando así a 3 diputados de la MUD y 1 del PSUV y logrando con esta rápida decisión –que además se basaba en noticia crimines y una grabación telefónica ilegalmente obtenida– eliminar la mayoría calificada de 2/3 de la oposición en la AN.
Como es obvio, el objetivo del TSJ era despojar a la oposición de la mayoría de 2/3 de los diputados que le hubiera permitido a la AN, entre otras cosas, destituir los magistrados del TSJ ilegalmente nombrados unos días antes, nombrar los nuevos rectores del CNE, interpelar ministros y presidentes de empresas del estado, etc. A partir de que la AN, en contra de lo ilegalmente decidido por el TSJ, juramentó a los diputados de Amazonas, sobrevino la decisión de la Sala Electoral y se armó toda la tramoya del denominado “desacato” de la AN, que ha producido unas cincuenta decisiones del Tribunal en las que, en la práctica, el TSJ desconoce a la AN –y en consecuencia al pueblo venezolano que la eligió y el derecho al voto en Venezuela– y le arrebata sus funciones, asumiendo atribuciones y funciones que solo corresponden a la AN y otorgando algunas de ellas al Presidente de la Republica, además de otorgarle inconstitucionalmente y de forma reiterada la aprobación del decreto de emergencia económica.
Las recientes sentencias del TSJ –155 a 158–, no son más que un ejemplo de esta maniobra; pero no son las únicas, pues en sentencias anteriores, el TSJ ya le había arrebatado funciones a la AN (Designación de Rectores del CNE, Presentación del Mensaje Anual del Presidente a la AN y de la Memoria y Cuenta del Gobierno ante el TSJ, Decreto de Emergencia Económica, etc.)
Por lo tanto, una de las luchas opositoras debe ser también restituir el derecho del pueblo del Estado Amazonas a tener sus representantes y que el TSJ se termine de pronunciar sobre la materia de fondo en este tema –que no lo hizo en la sentencia 260 del 30 de diciembre de 2015– y de ser el caso que el CNE proceda a convocar la repetición de las elecciones en esta entidad. Obviamente hay resistencia del Gobierno a esta solución pues muy seguramente en unas nuevas elecciones la oposición terminaría en ese Estado con 4 diputados en vez de 3 y la AN tendría entonces nuevamente la mayoría calificada de los 2/3 de los diputados.
Cómo será el mecanismo concreto para esta lucha, es una decisión que se debe discutir en otra estancia, que no es el artículo de un comentarista político.
2) Introducir un escrito, demanda o solicitud ante el TSJ para que obligue al CNE a convocar las elecciones de Gobernadores, ilegalmente suspendidas en el 2016. Naturalmente este tema se ha vuelto muy polémico, especialmente desde que el Presidente Maduro lo mencionó en su programa dominical y ya muchos lo ven como una estratagema del Gobierno para “desviar” a la oposición de las protestas de calle que se desarrollan en estos días y “darle oxígeno” nuevamente al Gobierno.
No me cabe la menor duda que el Gobierno lo que se propone con esa medida es seguir ganando tiempo y sobre todo lo que busca es enfrentarnos con nosotros mismos, dividir a la oposición. Sin ceder en la protesta actual y en la presión de calle e internacional, que es lo que en este momento tiene acorralado al Gobierno, debemos tener claro que de lo que se trata con la lucha por que se celebren las elecciones de Gobernadores –y posteriormente las correspondientes a este año de alcaldes y consejos legislativos– es de restituir el derecho al voto a todos los venezolanos, que fuimos ilegalmente privados de él por el CNE, que es paradójicamente el organismo responsable de velar por ese derecho.
La Constitución establece taxativamente el periodo de duración del mandato de los Gobernadores de Estado; el articulo160 claramente dice que:
El Gobernador o Gobernadora será elegido o elegida por un período de cuatro años por mayoría de las personas que voten. El Gobernador o Gobernadora podrá ser reelegido o reelegida. (Art. 160, subrayado mío)
El CNE, sin motivación, sin razón, sin facultades para ello, pospuso la elección de Gobernadores para una fecha indefinida de 2017, prorrogando además ilegalmente el periodo constitucional de los actuales Gobernadores, modificando así la Constitución o en el mejor de los casos, “reinterpretándola” –usurpando, de paso y para mayor ironía, funciones de la Sala Constitucional del TSJ– y privando a los venezolanos del derecho a elegir sus Gobernadores.
Desde luego que pueden ser comprensibles las dudas en cuanto a la motivación que está por detrás del Gobierno para promover ahora una elección que se pospuso inconstitucionalmente el año pasado, pero tampoco me cabe ninguna duda que los venezolanos a lo largo y ancho del país, en cada uno de los Estados, ven en la elección de los gobernadores una oportunidad para librarse de sus oprobiosos mandatarios regionales y de allí que esa lucha por las elecciones regionales sea adecuada, justa y políticamente importante. Es bueno recordar que el país no acaba en su capital, por más que el Gobierno tenga su sede aquí.
Estas elecciones que tanto teme el gobierno son la oportunidad de ampliar de forma muy importante, inmediata y de alcance nacional los espacios políticos para la acción de la oposición y su área de influencia, al tener la ocasión cierta de ganar al menos 20 gobernaciones y –más importante aún– desmantelar al chavismo en sus cuadros medios de dirigencia, que significaría una inmensa perdida para el PSUV y sus activistas que se traduciría en la división y fractura de la base de apoyo que aún conserva el chavismo-madurismo y la pérdida del control regional, que es el más cercano a la gente. No olvidemos que una buena parte del empleo del país se genera en los espacios regionales, al igual que una buena parte del poder de represión del Gobierno se hace en esos espacios estatales, que se verían afectados por el triunfo opositor en las regiones.
3) Que la AN sesione y de emergencia apruebe una nueva Ley de Amnistía, favoreciendo a los inhabilitados y presos políticos, para ver si el TSJ la niega nuevamente frente a la comunidad internacional; Como se recordará, en el mes de marzo de 2016 la AN aprobó una Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional que fue declarada inconstitucional por el TSJ en sentencia del 11 de abril de 2016. Se trata de una farragosa sentencia de más de 100 páginas en las cuales, una vez más, la Sala Constitucional por razones políticas y mostrarse obsecuente con el régimen, vulneró atribuciones privativas de la AN, como lo es la de legislar en esta materia. (De acuerdo con el numeral 5 del artículo 187 de la Constitución)
En realidad, no importan mucho las razones esgrimidas por el TSJ, porque independientemente de las mismas, la motivación de fondo era desconocer una vez más a la AN y reafirmarse frente a ella como un “poder superior”, que es lo que ha estado haciendo desde que asumió funciones a finales de 2015 e inicios de 2016, e impedir que la AN se anotara un “triunfo” político en materia de derechos humanos.
Esta nueva ley que se propone debe delimitar muy bien –como hizo la anterior, la de marzo de 2016, que fue declarada inconstitucional por el TSJ– los hechos respecto de los cuales aplicará la amnistía, y en ese sentido creo que debe ser clara en abarcar también las inhabilitaciones dictadas ilegalmente por la Contraloría General de la Republica, pero así mismo –y sé que esto será muy polémico– debe abarcar también algunos delitos cometidos por los funcionarios del Gobierno desde 1999, obviamente excluyendo los delitos de narcotráfico y contra los derechos humanos.
Al hacer esta afirmación, de que la amnistía debe abarcar a funcionarios del actual Gobierno, no estoy siendo original ni osado, ni estoy diciendo nada que no hayan dicho otros o que no haya pasado en otros países del mundo, con largas y cruentas dictaduras, a cuyos personeros importantes –incluidos los propios y sanguinarios dictadores– se les concedió amnistía o se les dio garantías de que sus vidas y las de sus familias no correrían peligro siempre que estuvieran dispuestos a dejar el poder o a “negociar” –con el perdón de la palabra– una salida para dejar el poder.
Admitido el punto de que estamos bajo una dictadura, que se nos impone a través de un golpe de estado, desconociendo la constitución y las leyes hay que reconocer también que esta dictadura controla todo el poder, todas las instituciones del Estado, excepto la AN y unas pocas gobernaciones y alcaldías. Siendo esto así, ¿Cómo pensar que el actual Gobierno va a ceder todo el poder y los recursos del Estado, partiendo del supuesto de que va a tener que pagar penas de encarcelamiento o extrañación del territorio, por delitos cometidos o abusos ejercidos durante el uso del poder?
Aquí no valen buenos deseos o que nos supongamos, y en efecto seamos, mayoría en el país o que los actuales gobernantes sean corruptos y se merezcan todos los males que les podamos desear. Se trata de constatar que controlan el uso de las armas, las repartidas en barriadas o las que tienen la Fuerza Armada y policial, que a menos que se me demuestre fehacientemente lo contrario está de su parte –y lo ocurrido estos días así lo prueba– y lo que es peor, están dispuestos a utilizar las armas de la Nación para defender sus cabezas si las ven amenazadas y no se les ofrece una salida.
Disculpen el realismo puro y duro, pero lo demás es fantasía, idealismo o buenos deseos. Sí, en efecto se trata de salir cuanto antes de este oprobioso Gobierno, pero al hacerlo hay que dejar al país en condiciones para que pueda recuperarse y eso no se logrará si lo que está planteado es una especie de “guerra de exterminio total”. Y esta advertencia vale para los dos bandos en pugna, el Gobierno tampoco puede pensar que va a permanecer en el poder indefinidamente, ileso tras todos los desmanes cometidos. Si los personeros del régimen no toman la oportunidad de esa Ley de Amnistía, será de su sola autoría y responsabilidad la suerte que corran.
