La nuevos diputados deberán examinar las condiciones de vida de los venezolanos y velar por el cumplimiento de los derechos civiles, políticos, sociales y económicos, que se encuentran garantizados en la Carta Magna
Marino J. González R.*
La nueva Asamblea Nacional iniciará su período en tiempos muy difíciles para el país. Confluyen circunstancias complejas tanto en la vida política, como en los ámbitos económicos y sociales. La renovación del Poder Legislativo, sin embargo, abre una ventana de oportunidad para examinar la complejidad de la realidad de estos tiempos y, también, para encontrar políticas alternativas viables y sostenibles. La expresión del voto de los venezolanos es una demostración de que a través de los caminos institucionales podemos encontrar soluciones duraderas a los problemas que confrontamos.
Tres retos tienen especial significación para la acción de la Asamblea Nacional en el período legislativo que se inicia en enero de 2016. El primero de ellos es examinar la situación actual de los venezolanos. A fin de cuentas, se legisla y controla para que la vida de los ciudadanos sea la mejor posible. Todos los indicios señalan que existe un deterioro franco en las condiciones de existencia de personas y familias, a lo largo y ancho del país, en todos los sectores sociales, y especialmente en aquellos de menos ingresos y posibilidades. El segundo reto es comprender las causas de tal deterioro. Se trata de colocar en la agenda de discusión los factores que condicionan esta realidad. Y, finalmente, la Asamblea Nacional tiene el reto de proponer alternativas, opciones que puedan acordarse entre todos los actores para encarar las dificultades que padecemos.
La situación actual de los venezolanos
Todo esfuerzo por transformar la realidad de los venezolanos debe partir por examinar las reales condiciones en las cuales se desenvuelven cotidianamente. Lamentablemente, la información necesaria para conocer estos aspectos, la cual debe ser producida y divulgada por las instancias oficiales, es muchas veces escasa, y otras, inexistente. Esta es justamente un área en la cual la nueva Asamblea Nacional puede actuar para exigir mayor calidad y celeridad en la información necesaria para la revisión de las políticas públicas.
La Encuesta de Condiciones de Vida (Encovi 2014), realizada con el concurso de especialistas de la UCV, UCAB y USB entre agosto y septiembre del año pasado, es un aporte para tratar de identificar pistas sobre las condiciones reales de los venezolanos[1]. Todo indica que la situación se debe haber agravado por la recesión económica que confronta el país desde el año pasado.
La primera constatación a resaltar está relacionada con la percepción del aumento de la violencia. El 85 % de los venezolanos considera que la violencia ha aumentado en líneas generales. Cuando se le consulta por la violencia en su comunidad, casi el 60 % señala que también ha incrementado. Poco más del 16 % de los venezolanos fue víctima de un delito en los doce meses anteriores a la realización de la encuesta. Muy llamativo es que poco más de 65 % de los ciudadanos no denunció los delitos ante las autoridades, con lo cual se evidencia una gran incredulidad y desconfianza en las instituciones responsables.
El aumento de la violencia trae como consecuencia el miedo en la población. Más de la mitad de los venezolanos tiene miedo de ser atacado o robado en su propia casa. Casi dos tercios de las personas siente temor de ser atacado en las calles durante el día. Cerca del 80 % de la población siente temor de ser atacado o robado en los medios de transporte. Una de las fuentes de ese temor está relacionada con la percepción (en el 75 % de las personas) de que la policía no protege de los delincuentes. De allí que para la mayoría de la población, la calificación del sistema penitenciario, la policía, la Fiscalía, y los jueces, es mala o muy mala.
El porcentaje de hogares en situación de pobreza es mayor que en 1998, en términos del ingreso de los hogares. La pobreza total es mayor y también la pobreza extrema. Más del 48 % de los hogares son pobres y casi el 24 % se encuentra en pobreza extrema. Esto significa que prácticamente 8 millones de personas se acuestan cada día sin tener los recursos para adquirir los alimentos. De allí que las proteínas han desaparecido entre los primeros alimentos de consumo en los estratos de menos recursos. El 11 % de la población realiza dos o menos comidas al día. El 80 % de los venezolanos, en todos los estratos sociales, indica que tiene dificultades para comprar los alimentos. Estas condiciones han debido agravarse en 2015 en la medida que la situación económica ha empeorado.
Solo cuatro de cada diez trabajadores tienen estabilidad laboral. El 40 % de los trabajadores venezolanos no tiene contrato, 13 % tiene contrato a término, el 12 % tiene acuerdos verbales. Más de la mitad de los trabajadores no cuenta con beneficios como política habitacional, seguro social, vacaciones, prestaciones sociales, entre otras.
Casi las dos terceras partes de las viviendas del país han sido auto-producidas por los ciudadanos (el 14 % del total en los últimos diez años). Prácticamente la mitad de las viviendas del país (47 %) son vulnerables a sismos u otras amenazas ambientales. El 40 % de las viviendas no tiene servicio continuo de agua. El 16 % de las viviendas no tiene acueducto. El 80 % de los venezolanos reporta interrupciones eléctricas frecuentes (20 % diariamente). El 50,7 % de los venezolanos está expuesto a condiciones de alta y muy alta vulnerabilidad ante las amenazas naturales.
Desde el punto de vista de los servicios sociales más importantes, las limitaciones son también significativas. El 50 % de la población no tiene planes de seguros de atención médica. El reconocimiento por parte de la población de enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión arterial, es muy inferior al total de la población afectada. El 52 % de las personas en edad de recibir pensión efectivamente la recibe. En el quintil de menores recursos, el 17 % de las personas de 25 o más años alcanza el nivel educativo de media completa o superior. En el quintil de mayores recursos esta proporción es 93 %.
En líneas generales, la vida de los venezolanos experimenta un creciente deterioro. En los últimos siete años hemos tenido cuatro de contracción económica. Estamos en el segundo año seguido de recesión, y se pronostica una caída de al menos 10 % del PIB cuando finalice. Por tercer año seguido Venezuela tiene la tasa de inflación más alta del mundo. De acuerdo con el poder de compra internacional, Venezuela ha disminuido del lugar número dos (en 1998) al número nueve (estimado para 2016) en el contexto de los países de América Latina. De continuar esta tendencia en los próximos años, Venezuela descendería al lugar número once en la región. En otras palabras, la disminución de la calidad de vida entre los venezolanos, es la más grande en el país desde el siglo XX, y una de las más significativas en América Latina en los últimos 35 años.
El problema de fondo
Todas las anteriores consecuencias en la vida de los venezolanos no son fortuitas. Son el resultado de un conjunto de decisiones tomadas por los responsables de las políticas públicas. Las evidencias están a la vista de todos. Propios y extraños. En el fondo de esta situación está la concepción que tienen los venezolanos sobre la relación entre el Estado y la sociedad. Sobre la forma de establecer los vínculos y responsabilidades, tanto en el corto como en el mediano y largo plazo.
De acuerdo con Latinobarómetro, en 1998 el 16 % de los venezolanos opinaba que el Estado podía resolver todos los problemas de la sociedad. El 30 % opinaba que el Estado podía resolver la mayoría de los problemas. De manera que prácticamente la mitad de la población (46 %) era partidaria de cierta “omnipotencia” del Estado.
Más de una década después (2010), el porcentaje de personas que pensaban que el Estado puede resolver todos los problemas había ascendido a 46 %. El porcentaje que pensaba que el Estado puede resolver la mayoría de los problemas, se había incrementado a 34 %. En total, el 80 % de los ciudadanos tenían cifradas muchas de sus expectativas en la omnipotencia del Estado. Sin duda, las políticas implementadas desde 1999 han tenido su efecto en reforzar la creencia en la omnipotencia del Estado. Más aún, para el 88 % de la población, el Estado tiene todos los medios para resolver los problemas de la sociedad. En todos los casos citados los porcentajes son los más altos en los 18 países con encuestas de Latinobarómetro.
Esta manera de interpretar la realidad, tanto en los líderes como en los electores, conduce indefectiblemente a situaciones como la actual. Esto es, la apropiación del Estado de todas las vías de expresión de los ciudadanos, sean estas políticas, sociales, económicas. El deterioro que sufren los venezolanos está en directa proporción a la medida como el Estado ha copado cada día más espacios de la participación de los ciudadanos.
Las alternativas
La Asamblea Nacional a instalarse a principios de 2016 deberá examinar las condiciones de los venezolanos en la perspectiva del rol creciente que ha tenido el Estado en la organización de la sociedad. La guía para tal examen es la Constitución de 1999. Allí se encuentran definidas las premisas que regulan el rol del Estado y los demás actores en la vida del país.
Tal examen supone crear las condiciones y acuerdos que permitan la plena vigencia de los derechos civiles, políticos, sociales, y económicos que están garantizados para todos los ciudadanos en el texto constitucional. Supone también identificar las restricciones en el cumplimiento del artículo 3 de la Constitución que establece que el Estado tiene como “fines esenciales la defensa y el desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad, el ejercicio democrático de la voluntad popular, la construcción de una sociedad justa y amante de la paz, la promoción de la prosperidad y bienestar del pueblo”.
Atención especial debe recibir de los próximos diputados a la Asamblea Nacional, la restitución plena de las garantías de participación política, libre expresión, y respeto del debido proceso, así como la fundamentación del régimen socio-económico de la República en los principios de justicia social, democracia, eficiencia, libre competencia, protección del ambiente, productividad y solidaridad, tal como está indicado en toda la extensión de la Constitución. En la medida que estas dos tareas estén enmarcadas en la construcción de un Estado que es respetuoso de la sociedad, que es capaz de relacionarse con todos los actores para promover el Bien Común, que cesa en su afán de intervenir en todas la actividades productivas, que más bien reconoce sus límites y estimula el trabajo asociativo, en esa misma medida se estará abonando la ruta para que los venezolanos puedan desarrollarse en un marco de estabilidad y desarrollo sostenible. Tal es la magnitud de los retos de la nueva Asamblea Nacional.
*Profesor Titular de la Universidad Simón Bolívar.
Nota
[1] Más información en: http://www.rectorado.usb.ve/vida/presentaciones
