Víctor Álvarez R.
La violenta crisis política del año pasado luce hoy superada, más no así la crisis económica. El descontento popular es muy grande y hasta ahora el gobierno no ha podido derrotar ni la inflación, ni la escasez, ni el acaparamiento ni la especulación. Las cosas elementales de la vida cotidiana como conseguir un rollo de papel higiénico, un jabón, un paquete de harina se han convertido en una proeza de supervivencia, en una hazaña cotidiana y la gente no quiere resignarse a semejante calamidad. Pero el gobierno se empeña en atribuir esta grave problemática a una guerra económica, cuando cada vez está más claro que son los incentivos perversos de la propia política económica los que estimulan la caída de la producción, la escasez, el contrabando y la especulación, incluso por parte de redes de buhoneros y bachaqueros que no son enemigos políticos del gobierno, sino que ven en las distorsiones de la política económica la oportunidad de lucrase y obtener beneficios.
Una y otra vez hemos escuchado a la oposición criticar un régimen cambiario que estimula las importaciones baratas que desplazan la producción nacional, cuestionar el precio de la gasolina que atiza el contrabando, criticar un rígido control de precios que condena a sus empresas a sufrir pérdidas, y atribuir a los exagerados subsidios un fuerte peso en el déficit fiscal. Pero esa misma oposición que ha exigido corregir las distorsiones cambiarias, fiscales, monetarias y de precios, tan pronto como el gobierno asoma la posibilidad de hacerlo, inmediatamente cuestiona la eliminación y flexibilización de los controles que hace nada exigían, alertando que el gobierno prepara una nueva devaluación y liberación de precios, un “paquetazo rojo”, que empobrecerá aún más a la Nación.
Atrapado en sus creencias limitantes, el gobierno cae en el juego de la oposición y le atribuye un costo político a los correctivos que más bien pudieran potenciar su opción de triunfo en las próximas elecciones parlamentarias. En consecuencia, mantiene un régimen de cambios múltiples que es aprovechado por los especuladores y corruptos que capturan los dólares baratos de Cencoex y Sicad para luego venderlos más caros en el paralelo; mantiene un precio de la gasolina que arruina a Pdvsa y es el principal incentivo al contrabando de extracción; y, refuerza un ineficaz control de precios que desestimula la producción, pues nadie vende a un precio menor que el costo de producción.
El gobierno luce paralizado por sus contradicciones internas y por la manipulación de los profetas del desastre de izquierda y derecha que anuncian un antipopular programa de shock. La oposición, en lugar de asumir un liderazgo propositivo favorable a la adopción de las medidas para superar la crisis, se empeña en una guerra de desgaste que -si bien potencia su opción electoral-, haría inviable cualquier gobierno ante la gravedad de los problemas económicos. Así se impone la inercia que desmantela los mecanismos básicos de funcionamiento de la economía. Y ante el severo deterioro en marcha, un eventual gobierno de la oposición se vería obligado a tomar -en el primer mes-, medidas tan antipopulares que provocarían una crisis de gobernabilidad de enormes proporciones que les impediría mantenerse en el poder.
Maximizar el acuerdo mínimo posible
En los violentos disturbios que a principios del año pasado sacudieron al país, diferentes líderes y gobernantes de América Latina, amigos y aliados del gobierno venezolano, le recomendaron convocar un gobierno de unidad nacional para aislar a los factores violentos y antidemocráticos. A las sugerencias públicas de Lula, siguieron los consejos de Rafael Correa y Pepe Mujica de corregir los errores de política económica, a fin de estimular la inversión y reactivar la producción. Incluso Unasur envió cancilleres para facilitar ese proceso de diálogo. Dialogar significa negociar y negociar significa reconocer al otro, significa ser capaces de sustentar y priorizar la reconciliación social, procurando maximizar el acuerdo mínimo posible.
La oposición democrática que no está pensando en salidas violentas, si quiere alimentar sus esperanzas de gobernar en un clima de paz social, debe contribuir a sanear la economía. A su vez, la solución de los problemas económicos despeja la amenaza de un referendo revocatorio y permitiría al gobierno medirse con más opción en las presidenciales de 2019. De allí la conveniencia para ambos de crear los consensos para sincerar el precio de la gasolina, unificar el régimen de cambios, aprobar la reforma fiscal, retomar la disciplina monetaria y reorientar los incentivos de política económica en favor del aparato productivo nacional. La aplicación de este conjunto de medidas tendría un impacto positivo sobre la mayoría de la población, toda vez que no se trata de un ajuste antipopular que genera pobreza y exclusión, sino de corregir los errores de la política económica que ponen en peligro la gobernabilidad.
Sin embargo, tanto en el discurso económico del gobierno como en el de la oposición, el razonamiento está al revés. Es la respectiva lógica mezquina de minimizar el costo y la rentabilidad política, lo que se impone en contra del interés nacional y no permite adoptar las medidas cambiarias, fiscales, monetarias y de precios que están al alcance de la mano para corregir los problemas que desestimulan la producción y agravan los problemas de escasez, acaparamiento, especulación e inflación que tanto malestar causan en la población. A las medidas que tienen un efecto positivo para sanear la economía se les atribuye un impacto negativo o un costo político, y así la inacción sigue siendo la única decisión. Una postura sensata de ambas partes llevaría a retomar el diálogo político para acordar un gobierno de unidad nacional, con un programa básico que detenga el deterioro de la economía y evite una nueva crisis de gobernabilidad
