Víctor Álvarez R.
La Carta Democrática es un acuerdo entre los estados miembros de la OEA para preservar la institucionalidad democrática. Fue aprobada en Lima después de la degeneración del gobierno de Alberto Fujimori quien, luego de haber sido electo democráticamente, disolvió el parlamento e impuso un régimen autoritario que violó el orden constitucional y debilitó las instituciones democráticas.
La ruptura del orden constitucional no ocurre única y exclusivamente cuando se perpetra un golpe de estado contra un gobierno democráticamente electo. La legitimidad de origen también se pierde cuando un gobierno electo en las urnas no garantiza los derechos esenciales de una democracia integral, tales como el respeto a los derechos humanos, el sometimiento al estado de derecho, las elecciones oportunas y transparentes, la consulta popular para solucionar las crisis de gobernabilidad, la separación e independencia de los poderes públicos, la transparencia en la administración de los fondos públicos, la libertad de expresión, etc.
La escasez, el acaparamiento y la especulación de alimentos y medicinas; la inflación y alto costo de la vida; el racionamiento eléctrico y los cortes de agua; el colapso del sistema educativo y hospitalario; el deterioro de los servicios públicos y de la infraestructura; las manifestaciones y creciente conflictividad social; la criminalización de la crítica y de las protestas; los robos, secuestro, homicidios y otras formas de inseguridad y criminalidad; la corrupción y despilfarro de los presupuestos públicos; el tráfico de influencias en el nombramiento de altos funcionarios; la colonización y abuso de poder en detrimento de otros poderes públicos; los estados de excepción y la suspensión de garantías constitucionales, son indicadores del debilitamiento de la legitimidad de origen y ponen en entredicho a un gobierno que no está garantizando los derechos constitucionales al pueblo que lo eligió democráticamente.
Debilitamiento de las instituciones democráticas
El debilitamiento de las instituciones democráticas también se manifiesta en el allanamiento de la inmunidad parlamentaria a diputados para lograr una mayoría espuria en la AN; las maniobras para inhabilitar y sacar de la contienda electoral a candidatos ganadores; la prisión de dirigentes estudiantiles, sindicales y políticos opositores; el amedrentamiento contra periodistas y medios de comunicación social; la criminalización de la crítica y de la protesta; el uso de armas de fuego en el control de reuniones públicas y manifestaciones pacíficas.
La legitimidad de origen se erosiona aún más cuando cada vez que se pierde una elección y el control de alguna institución (Alcaldía Mayor, gobernaciones, alcaldías, Asamblea Nacional) inmediatamente se procede a despojarla de sus funciones constitucionales y legales, las cuales pasan a ser ejercidas directamente por el Gobierno. Cuando el oficialismo contaba con el respaldo de la mayoría en la Asamblea Nacional, daba una orden para que se aprobara la ley que vaciaba de funciones a la institución perdida. Pero luego de la derrota sufrida en las parlamentarias del 6-D, el Gobierno ordenó a la moribunda Asamblea Nacional todavía bajo su control, colonizar con magistrados pro-gobierno el TSJ, quienes tendrían la misión de declarar la inconstitucionalidad de las decisiones del Poder Legislativo que no convengan al Poder Ejecutivo.
Al someter y subordinar a sus directrices al CNE, TSJ y BCV, el Gobierno ha contravenido el principio básico de ‘la separación e independencia de los poderes públicos'”. De hecho, varias veces el Poder Ejecutivo le ha solicitado al Poder Judicial, no que analice, sino que declare la inconstitucionalidad de las leyes aprobadas por el Poder Legislativo. Así lo hizo con la Ley del BCV, la Ley de Propiedad de la Vivienda, la Ley de Amnistía, la Ley del Bono de Alimentación y Medicinas para la Tercera Edad, entre otras. Esta subordinación del Poder Judicial al Poder Ejecutivo ha facilitado que el Gobierno limite y anule a la Asamblea Nacional.
El retorno a la política
Desde su instalación el 5 de enero, la MUD ha estado más preocupada por interrumpir el mandato de Nicolás Maduro que por consolidar su liderazgo en la AN a través del impulso a una Agenda Legislativa Económica que ayude a superar el desabastecimiento y alto costo de la vida que castigan a la población. Tan así es, que el mismo día en que se juramentó, el nuevo presidente de la AN se propuso “un plazo de seis meses para definir la salida” de Nicolás Maduro de la Presidencia de la República.
En su afán de aferrarse o conquistar el poder, las élites del GPP-PSUV y de la MUD compiten en un torneo de improperios y amenazas. Son las voces lacerantes de una dirigencia política cada vez más alejada del sentir de la gente. Un liderazgo que luce incapaz de reanimar la esperanza de un pueblo. En su ambición de poder, llevan en la boca la tragedia de la gente para medrar de ella, pero son incapaces de ponerse de acuerdo en un cuerpo básico de medidas para superar los problemas que están empobreciendo a los hogares venezolanos.
En un ambiente político tan tenso y crispado, solo si se pone por delante lo que más conviene a la Nación es que se puede armar una agenda que sea asumida y respaldada por los factores en pugna. Y no se trata de coincidir en torno a una lista prioritaria de problemas porque eso ya se sabe, sino de concertar las medidas que hay que tomar para superarlos, sin sabotajes de lado y lado, sin oponerse a las medidas económicas, desvirtuándolas como un “paquetazo rojo” que empobrecerá más a la Nación, y sin exigir al TSJ que declare la inconstitucionalidad de las leyes aprobadas por la AN diciendo que despojarán al pueblo de sus conquistas sociales o que no hay recursos para financiarlos.
@victoralvarezr
