Este artículo fue publicado en marzo de 2011 en la edición impresa de la revista SIC y habla de una causa ancestral que aún sigue vigente: la lucha de los indígenas por la demarcación de sus territorios, y por la jurisdicción propia para dirimir conflictos internos. Ya han pasado cinco años y según informaciones de los propios pueblos indígenas, la entrega de tierras no supera 13 % del total vigente. El hermano José María Korta, el cacique Sabino Romero, y otros compañeros yukpas ya no están entre nosotros, pero la lucha continúa. Aquí la memoria
Minerva Vitti *
Estos son los antecedentes inmediatos de esta historia: el 18 de octubre de 2010, el hermano jesuita José María Korta –un hombre que ha acompañado a los indígenas venezolanos durante más de treinta años− inició una huelga de hambre en la esquina de Pajaritos, exigiendo demarcación de territorios para los indígenas y jurisdicción propia para que ellos resuelvan sus conflictos. Eso fue un aldabonazo que tomó las primeras páginas de los periódicos.
El 8 de noviembre de ese año, una nutrida representación de indígenas, en compañía de Korta, entregó una hoja de ruta en la vicepresidencia de la República. Tres meses después (9 de febrero de 2011) se ha realizado otra reunión con el vicepresidente, Elías Jaua, en la cual se ha acordado crear un taller de trabajo con especialistas en el tema indígena y estudiantes de la Universidad Indígena de Venezuela, para desarrollar líneas de acción que permitirán ejecutar aquella hoja de ruta.
Sin duda es un avance. Pero no hay fechas en el horizonte. No se sabe cuándo empiezan los cambios, o acciones, siguiendo la hoja de ruta en dirección a la protección de los derechos de los indígenas. Éstos continúan en situación de vulnerabilidad.
En este reportaje se relata la reunión con mesas de trabajo entre doce etnias que se llevó a cabo, durante casi tres semanas y a principios de noviembre de 2010, en la sede de una ONG en la urbanización El Paraíso. Fue una discusión rica en resultados, pero no salió de allí una sola hoja de ruta, sino dos. Se entregó una de ellas en la vicepresidencia, y siguen latentes ciertas divergencias que se explican aquí.
En Causa Amerindia
Fue el 25 de octubre de 2010 cuando el jesuita Jesús María Korta suspendió la huelga de hambre tras negociaciones con el vicepresidente Elías Jaua. En tales conversaciones surgió la propuesta de elaborar una hoja de ruta en la cual los indígenas reflejaran sus principales problemas. Jaua declaró a los medios que esa sería la mejor fórmula para acceder, con alguna probabilidad de éxito, al presidente Hugo Chávez Frías.
De este modo los indígenas se dedicaron a debatir durante tres semanas en la sede de Causa Amerindia en Caracas, una ONG fundada por los jesuitas para apoyar los procesos autogestionarios y el fortalecimiento de las culturas amazónicas.
Allí, en la urbanización El Paraíso, se vivió un proceso interesante en esos primeros días de noviembre de 2010: muchos indígenas, que no lo sabían, se enteraron del caso del cacique yukpa Sabino Romero[i], sometido a proceso por la justicia ordinaria; pero todos los asistentes a los debates −representantes de las etnias yekuana, piaroa, sanema, warao, eñepa, yukpa, gibi, yavarana, chiriana, pemón, pumé y barí− supieron focalizar en cuatro temas los problemas más sufridos por los pueblos indígenas.
Para generar propuestas se distribuyeron en cuatro mesas de trabajo: demarcación, seguridad nacional, jurisdicción indígena y organización política.
Julio Ávalos, profesor de la Universidad Indígena de Venezuela (UIV) y responsable de sus relaciones institucionales, escribió el objetivo de la reunión desde el primer día: Elaborar hoja de ruta por tema. Ávalos es de origen mexicano y ha asumido como suya la causa indígena: “En el mundo indígena queremos recuperar los valores; creemos en la sabiduría, esa capacidad que tiene el viejo de construir la solución”, dijo.
En la elaboración del documento ayudó, además de Ávalos, Vladimir Aguilar, especialista en derecho indígena que dirige un grupo de trabajo jurídico a favor de estos pueblos en la Universidad de Los Andes (ULA). Él fue quien elaboró, con los aportes de las discusiones de las mesas de trabajo, un primer borrador de la hoja de ruta, base para el documento entregado en la vicepresidencia.
Sin embargo, se produjeron diferencias en el seno del debate en Causa Amerindia. Y el 8 de noviembre, día de la caminata para entregar el documento, aparecieron dos hojas de ruta, que hasta el día de hoy continúan circulando. Ambos documentos son similares y recogen las principales inquietudes de los pueblos indígenas y su consiguiente propuesta al Ejecutivo nacional. Pero persisten dos puntos que generaron división de opiniones.
[i] El cacique yukpa Sabino Romero está bajo proceso, encarcelado, desde octubre de 2009, bajo una serie de cargos incluido el de agavillamiento contra el Estado. La acusación del Ministerio Público se ha reducido a dos delitos: el primero es “homicidio intencional frustrado con complicidad correspectiva en perjuicio de los ciudadanos Juan de Dios Castro y el adolescente Manuel Segundo Romero”; y el segundo delito es “agavillamiento” que en principio se presentó en perjuicio del Estado venezolano y luego, al replantear la acusación, desapareció el “Estado venezolano” y quedó sencillamente el delito de “agavillamiento”. Korta y la comunidad yukpa en general han pedido, reiteradamente, sacar de la jurisdicción “criolla” este proceso para que sean los mismos indígenas quienes resuelvan el conflicto en el que se vio involucrado el cacique.
Las divergencias
El primero es el capítulo cuatro en la hoja de ruta entregada finalmente a la vicepresidencia, referente a la nueva concepción de seguridad nacional con la participación de los pueblos indígenas. Allí se mencionan los puntos “red comunicacional, capacitación militar, construcción del Estado multiétnico y pluricultural en el estamento militar, bases de frontera y acuerdos internacionales sobre áreas culturales transfronterizas”.
El punto que expresa la presencia del indígena en zonas de frontera como “red comunicacional” propone: “Las comunidades indígenas serán los ojos de las Fuerzas Armadas en nuestro hábitat de manera que no serán necesarias las bases militares”.
El otro punto de discordia:
Conscientes de que hay regiones de frontera en donde es indispensable la instalación de bases militares, proponemos que se establezcan los puntos de interés militar y se inicie un diálogo abierto con las autoridades legítimas de las comunidades que puedan ser afectadas para determinar las condiciones para una relación armónica entre los miembros de las Fuerzas Armadas Nacionales y las comunidades indígenas.
Lusbi Portillo, coordinador de Homo Et Natura –ONG dedicada a la defensa y conservación de la Sierra de Perijá y de los territorios barí, yukpa y wayúu− manifestó el desacuerdo y dijo en su oportunidad que la hoja de ruta entregada a la vicepresidencia fue producto de un madrugonazo. Dijo también que bajo ningún concepto podían aparecerse en Miraflores con un documento firmado por ellos en el que se aceptaban bases militares; y donde los indígenas pasan a desempeñar el papel de informantes en relación a las FAN. Que todo era parte de una estrategia que va acompañada de una política de extracción y minería.
Lo que manifestó Portillo es reflejo de una lucha sorda de intereses creados y que involucra a muchos actores más allá de las etnias: se ha reconocido que existen empresarios, ganaderos y funcionarios que recurren a estrategias de división y promueven enfrentamientos entre las comunidades indígenas para luego acusarlos ante tribunales ordinarios, violentando la jurisdicción indígena reconocida en el título séptimo de la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas (Lopci). Todo esto ha sido denunciado por el hermano Korta y se reitera en un pronunciamiento reciente (febrero 2011, ver recuadro).
Por cierto que, sobre el tema de la seguridad nacional encerrado en la diatriba de sustituir o no a las FAN en su papel de vigilancia, el hermano Korta manifestó desde noviembre pasado:
Es muy cómodo evadir el tema. Es una cosa real la presencia del Estado venezolano en la frontera. La cuestión es de qué modo, con militares o sin militares. Debe haber una presencia en la frontera. Si está vacía, van a invadir. Es el caso de los mineros que ya están invadiendo.
El otro punto
El segundo punto que causó controversia en la reunión de Causa Amerindia fue la incorporación de los indígenas a los consejos comunales. De acuerdo al documento entregado a la vicepresidencia, “si los integrantes de un consejo comunal no son autoridades legítimas de la comunidad indígena correspondiente, se declarará nula su existencia”.
Korta explicó en ese momento que en la hoja de ruta no se colocó el consejo comunal como una obligación sino bajo el planteamiento de que, si existe esta instancia, que sea bajo la jerarquía del cacique.
Sin embargo, Portillo opinó que en los consejos comunales no deben estar los caciques, porque no son una estructura propiamente de los pueblos indígenas. Esta posición es respaldada por Diego Fuenmayor, indígena wayúu, quien agregó que ellos tienen su organización que les permite analizar qué quieren y hacia dónde van; con sus leyes ancestrales mediante las cuales han podido solucionar conflictos.
La ministra del Poder Poder Popular para los Pueblos Indígenas, Nicia Maldonado, mantiene otra visión. En una reunión que sostuvo con el hermano Korta y con varios indígenas el 21 y 22 de octubre, dijo que como el manejo de recursos de los consejos comunales puede incitar a la corrupción, y para preservar la figura ancestral del cacique fuera de cualquier tentación, debía organizarse el consejo comunal de forma paralela a la organización ancestral.
Esa práctica convertiría a los caciques en una especie de adorno en su comunidad pues el poder lo tiene el que maneja el dinero; violenta completamente la cultura indígena y, peor, demuestra poca comprensión de esta materia por la propia ministra.
El subsuelo es la clave
Pese al reconocimiento constitucional y legal de los derechos de los pueblos indígenas expresado en las leyes venezolanas e internacionales, la violación de los derechos continúa y la clave parece encontrarse en el subsuelo.
Ese reconocimiento como marco jurídico se consagra en: el capítulo octavo de la Constitución de la República Bolivariana; en la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas (Lopci) (2005); y al ser ratificados el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) (2001) y la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas (2007).
Todos los derechos continúan sobre el papel porque se asesina y se desplaza a los indígenas en aras de la obtención de los recursos que se encuentran en el ámbito de sus comunidades, pues no hay garantías para que los proyectos que se están llevando a cabo permitan conservar el ambiente. Día a día estos pueblos son absorbidos por ganaderos, contrabandistas, empresas y por el propio Estado.
Los elementos que llegan desde afuera de las comunidades han puesto en peligro las tierras y los recursos naturales. Y cuando esto ocurre, son los indígenas quienes defienden la tierra de la depredación. Es un hecho: existe el tráfico de oro, de diamantes, combustible, madera; y los militares que son los que, cargando las armas, podrían contener esa devastación, con frecuencia terminan siendo parte de esas actividades ilegales.
Hay indígenas piaroas y jibis o goajibos que están siendo manipulados y explotados en el sur del río Orinoco para la extracción de coltán, mineral del que puede extraerse columbio y tantalio, metales de gran valor para la industria electrónica, militar, médica y de comunicaciones.
Ya han pasado tres meses desde que se entregó la hoja de ruta. También han pasado años y años de explotación y masacre. Los indígenas necesitan respuestas y hechos concretos. Para esto se reunieron durante tres semanas y elaboraron la hoja de ruta solicitada por el Ejecutivo, para esto se volverán a reunir y realizarán las líneas de acción. Siguen las diferencias por el contenido de fondo de la hoja de ruta, diferencias que deben ser discutidas; pero hay una realidad bastante obvia y determinante y es que mientras no existan territorios demarcados, no habrá posibilidad de garantizar los derechos de los indígenas.
En Causa Amerindia se recogió el siguiente diálogo en una de las mesas de trabajo:
—¿Qué significa para el indígena la palabra tierra?
—La tierra es vida para nosotros: La tierra es madre porque de ahí nací yo. Nacieron, crecieron, vivieron mis ancestros. Yo nombro a mi tierra ñamata. Son cosas fundamentales que tenemos que escribir en nuestra hoja de ruta. La felicidad de los pueblos indígenas en su tierra es fundamental.
Surgieron otras preguntas: “¿Quién demarca? ¿Qué significa tener un hábitat, tierra propia autodemarcada y titulada? ¿Cómo nos vamos a relacionar con el mundo criollo? ¿Cómo habla el pueblo warao?”
La siguiente es la hoja de ruta entregada a la vicepresidencia, que consta de cuatro capítulos:
- Hacia la materialización de las comunidades y pueblos indígenas como sujetos de derecho.
- Hacia el reconocimiento de los derechos sobre nuestro hábitat y tierras.
- Hacia la vigencia plena de la jurisdicción y el derecho indígena.
- Hacia una nueva concepción de la seguridad nacional con la participación de los pueblos indígenas.
La otra hoja de ruta, respaldada por Homo Et Natura que contiene pero no desarrolla el capítulo referente a la seguridad nacional. Está dividida en dos momentos:
Primer momento:
- Autodemarcación.
- Constitución de un Consejo Presidencial para la Autodemarcación de Territorio Indígena (CPA).
- Liberación del cacique yukpa Sabino Romero Izarra así como de los compañeros indígenas Alexander Fernández y Olegario Romero.
Segundo momento:
- Desarrollo, visibilización y socialización de los derechos indígenas en los medios alternativos de comunicación popular.
- Hacia una nueva concepción de la seguridad nacional con la participación de los pueblos y comunidades indígenas.
- Otros que vayan surgiendo de las propias dinámicas de demandas indígenas.
*Periodista del Servicio Jesuita a Refugiados. Actualmente miembro del Consejo de Redacción de SIC.
Notas:
[1] El cacique yukpa Sabino Romero está bajo proceso, encarcelado, desde octubre de 2009, bajo una serie de cargos incluido el de agavillamiento contra el Estado. La acusación del Ministerio Público se ha reducido a dos delitos: el primero es “homicidio intencional frustrado con complicidad correspectiva en perjuicio de los ciudadanos Juan de Dios Castro y el adolescente Manuel Segundo Romero”; y el segundo delito es “agavillamiento” que en principio se presentó en perjuicio del Estado venezolano y luego, al replantear la acusación, desapareció el “Estado venezolano” y quedó sencillamente el delito de “agavillamiento”. Korta y la comunidad yukpa en general han pedido, reiteradamente, sacar de la jurisdicción “criolla” este proceso para que sean los mismos indígenas quienes resuelvan el conflicto en el que se vio involucrado el cacique.
