Enrique Meléndez
El economista Marcos Morales Quintero considera que aquí hay un desorden fiscal; porque no hay la unidad del tesoro.
“El gobierno ha creado como figura de gestión el desorden administrativo; de tal manera que no se pueda tener una evaluación de la gestión pública. El gobierno ha creado entes paralelos, dispersos; que no le rinden cuentas a nadie, pues actúan en la oscuridad; que han servido para fomentar el flagelo de la corrupción, la malversación de los recursos”, afirma el exjefe OCEPRE, profesor de macroeconomía internacional en la Universidad Central de Venezuela e investigador CENDES.
¿Qué opinión le merece el hecho de que la antigua Asamblea Nacional (AN) haya aprobado un crédito adicional por 195 mil millones de bolívares y en un período de sesiones extraordinarias?
-Esa información es falsa. La AN aprobó operaciones de crédito público, que se refieren a las condiciones financieras de endeudamiento de la República. Esas operaciones no aumentan el gasto público.
-Lo relevante a señalar de esta operación, es que de acuerdo a La Ley de Endeudamiento 2016 y la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público (LOAF) y la Constitución, estas operaciones deben aprobarse en el marco plurianual del presupuesto que establece, en un período de tres años, el equilibrio fiscal entre ingresos ordinarios y gastos ordinarios.
-Ahora, esto pasa porque a lo largo de estos 17 años ha habido toda una estrategia de violentar las instituciones fiscales del país; cuyo nacimiento en el Estado moderno se remonta a la época de Román Cárdenas, ministro de Juan Vicente Gómez, que impone la disciplina fiscal en Venezuela desde el año 1919, con reglas equilibrio de gastos con los ingresos, nulo endeudamiento externo, la unidad del tesoro, la rendición de cuentas, la profesionalización de la hacienda pública, entre otros. La unidad del tesoro evitaba la dispersión y el desorden en la administración de los recursos fiscales.
-Todas estas instituciones, en síntesis, fueron minadas, fueron pervertidas por este régimen que lleva 17 años en el país, sobre todo, en lo que concierne a las modificaciones perversas que le han hecho a la LOAF, y la que desde su promulgación en el año 2000 se ha modificado más de 5 veces.
Usted habla de un manejo sin control y desordenado de nuestras finanzas. ¿En qué consistiría esa situación?
-Aquí hay un desorden fiscal; porque no hay la unidad del tesoro. El gobierno ha creado como figura de gestión el desorden administrativo; de tal manera que no se pueda tener una evaluación de la gestión pública. El gobierno ha creado entes paralelos, dispersos; que no le rinden cuentas a nadie, pues actúan en la oscuridad; que han servido para fomentar el flagelo de la corrupción, la malversación de los recursos.
-Otro elemento del desorden fiscal es que el gobierno no ha podido resolver el problema de la insolvencia fiscal y la insostenibilidad fiscal; que son dos elementos claros, para la declaración del default, es decir, la capacidad de pago de un país. Desde el año 2009 nosotros venimos arrastrando un déficit de más de 8% del PIB; que son niveles extravagantes, pues el de este último año 2015 está en el orden de 20% del PIB.
-El efecto neto sobre la base monetaria del gasto fiscal aumentó en 2015 en un 200%. Es decir, los pagos netos que se hicieron pasaron del 2014 al 2015 de 200 mil millones a 600 mil millones. Al crear un incremento tan enorme de la base monetaria, el efecto fiscal de 200% contribuyó con la generación inflacionaria estimada de 270% en 2015.
¿Usted se refiere a los fondos como el Fonden o el Fondo Chino?
-Sí, el primero que han creado, que ha generado toda una perversión en la gestión administrativa, ha sido la propia Pdvsa; una empresa a la que han convertido en un ministerio, para financiar y llevar a cabo políticas sociales y partidistas. Pdvsa ha transferido, hasta el año 2014, más de 149 mil millones de dólares, sin rendición de cuentas por parte de los entes beneficiarios, como es el caso de las Misiones; programas que han sido diseñados de una manera arbitraria, y que no tienen estructura administrativa, sin personalidad jurídica propia. Además están las Comunas y los Bancos Comunales, que se rigen al margen de la LOAF, como bodegas de camino, que manejan recursos fiscales sin control y rendición de cuentas.
-Se ha observado que cada vez que vienen las campañas estas transferencias se acrecientan; pues sólo en 2011 y 2012 Chávez le entregó a las Misiones y otros entes, contra el patrimonio de PDVSA, 64 mil millones de dólares, para ser despilfarrados sin rendición de cuentas.
El gobierno en su momento alegaba que esa era una deuda social, que se venía arrastrando, y que había que honrar. ¿Qué piensa usted?
-Sí, nadie discute los fines, los objetivos de esas Misiones; pero existe algo que se llama el control y evaluación de la gestión administrativa; que consiste en hacer seguimiento, a los fines de determinar si los recursos, que se otorgaron, se ejecutaron de acuerdo a unos objetivos llamados a garantizar el bienestar de la ciudadanía.
-De modo que al no haber fiscalización y control, esos recursos se filtraron a la corrupción; se filtraron a la politiquería; a la creación de cargos públicos; al enriquecimiento ilícito, y así tú te puedes dar cuenta de que el problema no es que las Misiones sean sociales, sino que detrás de ellas se esconde una aberración; una perversión de los mecanismos corruptos de la administración pública.
-A nombre de la lucha por reducir la pobreza se oculta un grupo de personas que han sido favorecidos patrimonialmente con este sistema.
Algunos economistas hablan de mafias enquistadas en el poder. ¿Está de acuerdo con el concepto?
-Sí, por supuesto, porque estamos señalando que a nombre de las Misiones; la Misión Barrio Adentro, Vivienda, Transporte: ahí siempre hay una mano peluda; que de mil millones de bolívares, que se otorgan en determinada partida presupuestaria, sólo se invierten una parte y la otra se los reparte esa mafia que tú dices; como si se tratara de un patrimonio personal.
-Pdvsa es la principal financista de la Misión Barrio Adentro, la cual ha sido denunciada por el ex ministro José Félix Oletta, así como el economista Carmelo Meza Lago de la Cepal, que le cuesta a Venezuela por los médicos y las enfermeras 6 mil 500 millones de dólares anuales, es decir, que por cada médico y enfermera se pagan más de 250 mil dólares anuales, más de 20.000 $ mensuales, de los cuales los médicos cobran 300 dólares al mes, y el resto se lo embolsillan Fidel y Raúl Castro.
-Hasta ahora esto sólo se ha quedado en la denuncia. No ha habido una investigación aquí en el país, como sí la ha habido internacionalmente, porque muchos médicos han desenmascarado este tipo de esclavitud, disfrazada de ideología, a propósito del Socialismo del Siglo XXI, y donde el 99% de las remuneraciones de los médicos cubanos, se lo quedaban los Castros.
-Aún más, la Gran Misión Vivienda y las grandes construcciones de infraestructura: todo eso se le ha dado a compañías internacionales, como Odebrecht; que en este momento está siendo investigada en Brasil por irregularidades de corrupción administrativa. Así que todo esto amerita una investigación. Estos son parte de los beneficiaros, como además los Ortega de Nicaragua.
-Por otra parte, se han manejado 132 mil millones de dólares a través del Fonden, y nadie ha rendido cuentas. No hay forma ni manera de saber sobre la eficacia y efectividad del gasto. Por allí se otorgaron a la red ferrocarrilera 12 mil millones de dólares; al sistema eléctrico nacional 20 mil millones de dólares, en este último caso, habiendo sido Cuba el intermediario. Sin embargo, todavía no se ven los ferrocarriles y el sistema eléctrico está en un total colapso.
-¡Esto es gravísimo! La AN tiene que abocarse a investigar todos estos hechos. Pues no es posible que estas cosas hayan ocurrido, y nosotros estamos en un holocausto económico y social; mientras no hay forma ni manera de darle un parado a esto, y se sigan despilfarrando los recursos fiscales.
-Pero todavía es mucho más grave el caso del Fondo Chino, y el cual constituye de por sí una violación expresa de la Constitución, y a la LOAF; porque son créditos públicos por el orden de los 50 mil millones de dólares, y la LOAF establece que quien tiene que hacer estas operaciones es la República, y el gobierno crea el Bandes, como una dirección de crédito público alterna para tal fin.
-El Bandes, autorizado por el presidente en Consejo de Ministros, firma créditos rotativos por 50 mil millones de dólares a través del Fondo Chino, otorgando garantías sobre bienes ajenos a su patrimonio, yacimientos petroleros o barriles de petróleo producidos por PDVSA. Esta operación viola tanto los artículos 12 y 150 de la Constitución y el art 166 de la LOAF. La Constitución establece que los yacimientos son bienes de dominio público, inalienables e imprescriptibles, además señala que los contratos públicos con extranjeros deben ser autorizados por la AN. En la actualidad nadie conoce, ni la AN, la contratación ni las condiciones financieras del FONDO CHINO, de manera que fue una operación secreta; lo cual es algo gravísimo; porque se trata de una entrega de la soberanía nacional, así como violación de la constitución y la ley en materia de endeudamiento público.
-El artículo 166 de la LOAF señala que los funcionarios, con capacidad para obligar a los entes y órganos públicos, y que autoricen operaciones de crédito público en contravención en lo dispuesto en la ley serán sancionados con la destitución e inhabilitación.
¿Usted quiere decir que hasta el presidente Nicolás Maduro pudiera quedar en esa situación?
-Sí, porque la Constitución establece que todos los funcionarios públicos son responsables de los actos públicos, que ellos sancionen. Entre las funciones que tiene el presidente de la República, según la Constitución, es el de ser el máximo responsable de la hacienda pública nacional, y Maduro ha dado muchas demostraciones de impericia, de incapacidad, de negligencia en el manejo de los asuntos públicos.
-Por otra parte, el art. 105 de la LOAF establece que no se pueden contratar operaciones de crédito público con garantías o privilegios sobre bienes o rentas nacionales
Usted ha hablado de que nos encontramos en un holocausto económico y social, y no obstante, la MUD parece encerrada en cuestiones de tipo político, lo cual ha sido muy criticado. ¿Qué opina usted?
-En la economía institucional se considera que para que funcione una economía de mercado; eficiente, abastecida, con bajos precios, y que genere empleo y crecimiento sostenido tienen que haber reglas transparentes, y esas reglas son las leyes y las políticas públicas.
-Pues si esas leyes y esas políticas atentan contra la economía de mercado, contra la racionalidad económica, contra la eficiencia; por supuesto, no puede haber ninguna salida eficiente y eficaz, para resolver los problemas del país.
-Este es un gobierno con una agenda socialista, comunista, revolucionaria, orientada contra los empresarios, y contra el mercado. Ha confiscado bienes, tierras, empresas; tiene controlado el mercado de las divisas, además de todas las actividades económicas. Por supuesto, en estas condiciones no hay solución para ese holocausto económico y social, que se está generando en Venezuela.
-En el año 2012 se importaba en Venezuela por habitante 2 mil 609 dólares; un año de abundancia. Ahora, en el 2016 se estima que no se van a importar más de 635 dólares por habitante; lo que quiere decir que ha bajado la capacidad de importación por habitante en un 80%. Ante la caída permanente de la producción interna, y el desplome de las importaciones se configura una situación de emergencia humanitaria.
Entrevista a Marcos Morales Quintero en la Razón