Por Alfredo Infante s.j.
Los testimonios de los venezolanos que huyen a pie del desastre humanitario que vivimos como país1 son un grito que late en el corazón mismo de Dios. La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) consideran que estamos ante el movimiento de refugiados más numeroso que se haya vivido y conocido en la región.
En su informe de junio de 20192, estas organizaciones registran que más de 4 millones de personas han salido de Venezuela, la mayoría en los últimos cuatro años, y con tendencia creciente de no encontrarse una solución pacífica a la crisis política, que revierta el proceso de destrucción al que está sometido el país. Por otro lado, advierten que la frágil institucionalidad de los países de la región colapsará de acrecentarse el éxodo masivo de venezolanos.
El hecho de que el informe haya sido elaborado, conjuntamente, por la OIM y el ACNUR da cuenta de que los migrantes venezolanos no son migrantes a secas sino que, por el contrario, son migrantes forzados y, como tales, son sujetos de protección internacional.
Más allá de las leyes, acuerdos y convenciones internacionales en la materia, la Iglesia, como protectora de la vida y precursora de la ley del refugio, considera que los hoy llamados migrantes forzados son refugiados de facto y merecen la protección internacional y, por tanto, los Estados de tránsito y de destino que colocan muros, deportan y criminalizan a estas personas en situación de protección internacional violan los derechos humanos.
La migración forzada es una categoría que se ha venido acuñando ante la dificultad, por parte de los Estados receptores, de otorgar el estatus de refugiado a las personas que huyen de contextos como el nuestro, donde la vida y la seguridad están amenazadas. El marco internacional del derecho al refugio acordado para responder al contexto de posguerras mundiales (la Convención de Ginebra de 1951 y el Protocolo de Nueva York de 1967) es estrecho ante las nuevas y complejas realidades.
En América Latina, ante la crisis de refugiados de los años ochenta provocada por los conflictos centroamericanos, los Estados de la región acordaron en la «Declaración de Cartagena» ampliar el marco del derecho internacional del refugio para atender a los millones de desplazados. Hoy, este antecedente es un recurso importante para presionar a los Estados latinoamericanos a que acuerden ampliar su respuesta ante el caso venezolano.
No en vano, Acnur3, la Iglesia católica, Amnistía Internacional y coaliciones de ONG vienen trabajando y haciendo incidencia para que haya una acción coherente, por parte de los países de acogida, hacia los refugiados venezolanos. Sin embargo, lo que hemos venido observando como tendencia ha sido, por el contrario, el cierre de fronteras o la política del muro y, en las sociedades respectivas, un crecimiento de la xenofobia.
Desde el punto de vista ético, la Iglesia considera que la migración y el refugio son derechos humanos. Su visión se funda en la ley natural, que considera que todos los seres humanos estamos llamados a una ciudadanía universal. De igual modo, la defensa de los derechos de los inmigrantes y refugiados tiene un fundamento cristológico, porque hospedar al forastero es hospedar al propio Cristo, como nos lo recuerda San Mateo: “Era forastero y me acogiste” (Mt 25,35).
Hace 66 años, el para entonces papa Pío XII nos decía, en la Constitución Apostólica Exsul Familia Nazarethana, lo siguiente:
«Sabéis con qué angustiosos pensamientos y ansiedad nosotros nos preocupamos de los que, por la subversión del orden público en su patria o urgidos por la falta de trabajo y alimento, abandonan sus domésticos lares y se ven constreñidos a trasladar su domicilio a naciones extrañas. El amor al género humano aconseja, no menos que el derecho natural, a que los caminos de la emigración se franqueen para ellos, pues el Creador de todas las cosas creó todos los bienes principalmente para beneficio de todos: por eso, aunque el dominio de cada uno de los Estados debe respetarse, no debe aquel dominio extenderse de tal modo que, por insuficientes e injustas razones, se impida el acceso a los pobres, nacidos en otras partes y dotados de sana moral, en cuanto esto no se oponga a la pública utilidad pesada con balanza exacta». (N° 63)
Desde entonces, todos los papas han acompañado con su palabra y acción el drama de los migrantes y refugiados.
Este 29 de septiembre, la Iglesia da inicio a la semana del migrante y refugiado. Hoy, 99% de las familias venezolanas tienen algún miembro en esta condición. Por tanto, es un tiempo propicio para unirnos a la oración universal de la Iglesia, informarnos, formarnos y organizarnos desde nuestra fe en esta pastoral.
También, conviene leer la pastoral del papa Francisco y debatir sus implicaciones en nuestra misión4 y, sobre todo, comprometernos a trabajar por una salida política a la crisis que detenga la huida de nuestros hermanos.
