La hiperinflación se ha adueñado de la economía en Venezuela y tiene repercusiones muy dañinas en toda la economía real y financiera. El incremento salarial, con la intención de compensar la inflación, por el contrario, la refuerza
Marcos Morales*
Acaba de celebrarse el 1° de Mayo en Venezuela, los anuncios del Gobierno, elevando el salario mínimo integral (salario mínimo + bono alimentario) hasta un monto millonario de Bs. 2.550.000, parecen presagiar un festejo luctuoso, una tristeza general se difumina en todas las familias venezolanas: todo el mundo sabe que los precios de los bienes básicos continuarán en su vorágine devastadora sobre la capacidad de compra real de los salarios.
El financiamiento fiscal del pago de la nómina de casi tres millones de empleados y obreros del sector público está garantizado, así como cualquier otro gasto adicional que se le ocurra incrementar en el presupuesto público a las actuales autoridades.
El Banco Central de Venezuela (BCV) es, fundamentalmente, la fuente de financiamiento garantizado del presupuesto público, mediante la creación de dinero estéril, dinero inflacionario; mediante un asiento contable el BCV le otorga, automáticamente, al sector público los montos o medios de pagos que requiera, luego los entes públicos mediante el sistema bancario nacional depositan dichos montos en las cuentas particulares. Este mecanismo de aumento de capacidad de compra nominal, dado el sector real de la economía destruido o en minusvalía, genera todo este proceso de hiperinflación que tiene a la población en estado de pánico.
Solamente en los primeros tres meses y medio del año, la base monetaria, la creación de dinero gratis del BCV al Gobierno, se ha multiplicado por 4.3; es decir, un crecimiento del 330 %, aproximadamente equivalentes a Bs. 326 billones (326×1012) adicionales en tan corto tiempo.
Para el sector privado productivo, el financiamiento de la nómina empresarial será cargado a los precios de los bienes y servicios que pueda vender, más el financiamiento de corto plazo de la banca comercial que les permita cubrir el lapso de cobro de su facturación.
Este proceso se ha hecho complejo y difícil, debido a la caída de la demanda de bienes y servicios, por contracción de los ingresos reales de las familias, víctimas de la hiperinflación, por un lado, y por otro, al efecto de reducción de la capacidad de otorgamiento de crédito de la banca.
Para cualquier observador desprevenido, pudiera pensarse que los incrementos salariales son la explicación de los elevados costos que enfrentan los productores venezolanos. Sin embargo, las evidencias señalan lo contrario, ya que, aunque los costos laborales influyen en los precios al productor, hay otros insumos que tienen mayor impacto.
El proceso hiperinflacionario que se ha adueñado de la economía venezolana, causado por la irresponsabilidad del financiamiento monetario del déficit fiscal, tiene unas repercusiones muy dañinas en toda la economía real y financiera, en especial, por su influencia perversa en la formación de las expectativas de los agentes económicos, que se expresan con claridad en la cotización diaria del tipo de cambio de mercado.
El dólar financiero que ha surgido de este ambiente explosivo de precios incontrolables está afectando los costos de producción a nivel de la producción nacional.
Al evaluar la trayectoria histórica de los incrementos inflacionarios sobre la estructura de costos de la producción de la industria manufacturera en Venezuela, se observa que a partir del primer año de la crisis manifiesta del modelo del socialismo del siglo XXI, que se inicia en el año 2014, con una caída del Producto Interno Bruto (PIB) del -4 %, estos incrementos de costos han sido explosivos para la adquisición de materias primas importadas o procesadas por la industria manufacturera.
Los insumos importados por el sector privado han sido marginados del mercado preferencial que controla el sector público, según opinión de la Consultora Ecoanálitica, más del 95 % de los insumos importados del sector empresarial privado se liquida a la tasa del mercado paralelo.
Efectivamente, lo que inicialmente se incubó en el 2014, con el financiamiento inflacionario del déficit fiscal, motivó al Gobierno a un incremento salarial 2014/2013 de aproximadamente 51 %, cuando el salario mínimo saltó de Bs. 4.150 a Bs. 6.285; una vez que la conducta populista del Gobierno se reafirma, este proceso de ajustes salariales, con la intención de compensar la inflación, por el contrario, refuerza la espiral hiperinflacionaria.
En esta alocada carrera entre salarios mínimos e hiperinflación, el Gobierno ha decretado aumentos salariales integrales, para el período mayo 2018/2013, aproximadamente del 61.360 %, en apenas 4.35 años, es decir, desde Bs. 4.150 a Bs. 2.550.500. (Ver Cuadro N° 1)
Si los efectos de los incrementos salariales en los costos de producción de la industria manufacturera, en el período analizado, son exorbitantes, como se observó anteriormente, el peso de estos costos se ven minimizados si se comparan con el incremento del tipo de cambio de adquisición de las materias primas e insumos importados, directos e indirectos.
En el cuadro N° 2 se constata un incremento de aproximadamente 1.012.090 % para el período analizado, es decir, dieciséis veces mayor que los incrementos laborales generados por los incrementos en el salario mínimo.
Este desenfreno de auspicio irracional del proceso hiperinflacionario en Venezuela, como eje de la política económica populista del actual Gobierno, tiene repercusiones alarmantes en el desmantelamiento, paralización y destrucción del tejido industrial del país, ya que su efecto explosivo no solo afecta los costos a nivel del productor, sino también destruye a las empresas mediante la descapitalización abrupta de las mismas (tema que desarrollaremos en la próxima entrega).
La red intrincada de las políticas populistas insostenibles, las consecuencias maléficas previstas e inesperadas de las mismas, hacen necesario la presencia de soluciones institucionales políticas y económicas que eviten el colapso definitivo de la economía productiva del país.
Ojalá se logre avizorar y plasmar esa solución a tiempo, si no, a largo plazo, todos estaremos muertos.
*Gerente Estudios Económicos y Legales de Conindustria.
