Daniel Delgado
Recientemente el Presidente Nicolás Maduro, creó un nuevo organismo llamado Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas (Camimpeg), cuya principal función será otorgar a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), todos las atribuciones relativas a la producción minera del país.
El decreto 2.231 de fecha 10 de febrero del 2016, estableció atribuir a los militares la facultad para efectuar “todo lo relativo a las actividades lícitas de servicios petroleros, de gas y explotación minera en general, sin que esto implique limitación alguna“.
El documento oficial señala que la empresa será un ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Defensa y que todas las acciones concernientes a la actividad gasífera, petrolera y minera, incluyendo planes de derrame y mantenimiento, son de competencia del estamento militar.
Dos semanas después de que se emitiera la Gaceta Oficial Nº 40.845 que autoriza la creación de la Camimpeg, el presidente Maduro anunció en cadena nacional la firma de acuerdos con empresas mineras para la exploración y certificación de oro, cobre, coltán y otros minerales.
Entre medias tintas, acuerdos sin detalles y líneas de acción sin definir entre ministros y militares, se busca poner en marcha el motor minero, ante la baja de los precios del crudo.
Ambas decisiones mantienen en alarma a los grupos ecologistas y principalmente a las comunidades indígenas del país, que ya sufren bastante con la minería ilegal, forajida; que desde hace muchos años se practica en el territorio nacional, principalmente en el estado Amazonas.
El gobernador del estado Amazonas Liborio Guarulla, en una nota recogida por la agencia France Presse, denunció la presencia de unos 3.000 mineros ilegales que están destruyendo las selvas, los suelos y contaminando los ríos”, y atribuyó la responsabilidad al gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro y a la Fuerza Armada venezolana.
Guarulla indicó el pasado martes en la Sesión Ordinaria de la Asamblea Nacional que desde el estado Amazonas no quieren el arco minero promovido por el gobierno, dado que a su juicio, violenta la soberanía de las comunidades indígenas y de todos los amazonenses.
Alerta ambiental
Del portal de la ONG Azul Ambientalistas recogemos el siguiente análisis de esta lamentable situación:
“Cuando Ana Elisa Osorio fue ministra del Ambiente, firmo una resolución donde señalaba la decisión de revocar el permiso ambiental a la empresa Gold Reserve en sus operaciones en el proyecto “Las Brisas”, Inc. (en la misma área donde ahora se les otorgo la concesión) pues se verificó el daño ambiental e irreversible en el área de influencia.
La Ministra en ese entonces declaró que “No se otorgarán permisos ambientales para la explotación de minas a cielo abierto pues esto causa degradación ambiental”… “Estos permisos no son negociables, por su afectación al ambiente y a las comunidades que viven en el mismo”.
En el lenguaje técnico del ministerio expresaron: para la explotación del mineral que se realiza a cielo abierto, utilizan un circuito de procesamiento convencional de concentración gravitacional y de lixiviación con cianuro: el cual implica remover la cubierta vegetal y la contaminación letal de las fuentes de agua.
Por supuesto que las autoridades ambientales saben lo catastrófico que significa autorizar a esa súper corporación para explotar oro al sur del Estado Bolívar, debido a que la minería a cielo abierto utiliza, de manera intensiva, grandes cantidades de cianuro, una sustancia muy tóxica, que permite recuperar el oro del resto del material removido.
Para desarrollar todo este proceso, se requiere que el yacimiento abarque grandes extensiones y que se encuentre cerca de la superficie. Como parte del proceso, se cavan cráteres gigantescos, que pueden llegar a tener más de 150 hectáreas de extensión y más de 500 metros de profundidad. Alrededor de esta actividad el olor fétido es el común denominador, producto de la mortandad que se produce por envenenamiento de la fauna silvestre.
Ninguna actividad industrial es tan agresiva ambiental, social y culturalmente como la minería a cielo abierto a tal punto que en los países desarrollados está prohibida esta práctica. Un ejemplo de ello, de no permitir este tipo de ecocidios en su ambiente es Canadá, país de origen de la Gold Reserve.
Los graves accidentes y el pasivo ambiental que ha ocasionado esta minería a cielo abierto y a gran escala en las distintas partes del mundo y la amplia extensión de zonas contaminadas sentaron precedentes que conllevaron a muchos países a prohibir este tipo de explotación minera, entre ellos los países del primer mundo, la Comunidad Europea, Turquía (año 1997); República Checa (año 2000); Nueva Gales, Australia (año 2000), República de Costa Rica (año 2002), República de Alemania (año 2002), Argentina (año 2012)”.
Voces disidentes
Hasta el ex ministro de Planificación del fallecido presidente Hugo Chávez, Jorge Giordani, criticó los recientes acuerdos firmados con transnacionales para la explotación de oro, diamante, coltán, hierro y otros minerales.
Giordani, quien hizo la crítica a través de un escritor publicado en el portal Aporrea , dijo sentir “tristeza” por la falta de visión en los “genios de las finanzas”, en una clara alusión a los ministros del aérea económica de Maduro. “Como el petróleo no da, ahora hipotecamos Guayana, la rematamos al mejor postor, vendrán todos a invertir y llevarse lo que queda, vaya solución productiva a nuestra bien arraigada cultura rentista”.
“No son acaso las lecciones de la historia suficientes, de la explotación de ese recurso natural no renovable, contaminante, sin frutos de elaboración intermedia, como el continuo fracaso de la petroquímica, o sus derivados, o la investigación profunda del recurso sin apoyo a sacarle el máximo provecho ahora y ya, antes de que no podamos seguir con la fiesta y el derroche. Qué tristeza nos produce la falta de visión y arrase de la naturaleza con tal de raspar la olla”, fueron parte de sus palabras en el portal web.
El otrora ministro que avaló tantos otros desaciertos, ha sido categórico al decir que está en juego la vida: “Hemos de regresar a tales desastres ecológicos, para poder conservar esta farsa democrática, y un camino perdido al socialismo con la venta pura y simple de lo que no hemos producido. Con ello la destrucción de la naturaleza esa que no nos preocupa en preservar a futuro para los que vendrán, porque sin petróleo, sin oro podemos vivir, pero sin agua, sin árboles no”.
Más voces
Estas estrategias desesperadas para conseguir recursos, han sido denunciadas por los pueblos indígenas del estado Amazona a través de la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Amazonia (COIAM) y de antropólogos, intelectuales y organizaciones ecologistas preocupados por este ecocidio y etnocidio minero petrolero socialista contemporáneo a espalda al siglo XXI.
Ya la el primer exabrupto se ha cometido al no consultar ni someter a evaluación los planes de explotación a los Pueblos Originarios, según lo afirma la Ley de Los Pueblos y Comunidades Indígenas (2005), y muchos otros al permitir desde hace tiempo la minería ilegal en la zona.
La COIAM ha manifestado que la explotación del Arco Minero del Orinoco y de la Faja Petrolífera del Orinoco no es otra cosa que la destrucción de los estados Guárico, Anzoátegui, Monagas, Bolívar y Amazona, la contaminación de los ríos Orinoco y Apure con todos sus afluentes y el Delta del río Orinoco, los humedales de Monagas y el Amazonía venezolana.
Otros males
Como si esta situación no fuera suficiente calamidad, el gobernador de Amazonas también denunció la presencia de unos 4 mil guerrilleros de las FARC y el ELN al sureste del territorio venezolano, y aseguró que entraron al país con la anuencia del gobierno de turno.
Durante un derecho de palabra en el Parlamento venezolano, dominado por la oposición, Guarulla señaló que los irregulares son “en su mayoría paramilitares incursos en contrabando, extorsión, minería ilegal o sicariato” en territorio venezolano.
