Alejandro J. Sucre
La manera como la Fiscalía General de la Nación enfrenta los actos de corrupción dentro de Pdvsa más que resolver el problema lo que hace es delatar el abismo institucional y de controles internos que existen.
Es increíble que Pdvsa no tenga una auditoría interna que funcione y revise continuamente los procedimientos de contratación por parte de sus funcionarios de Pdvsa. La Fiscalía General de la República no es un órgano especializado ni dedicado constitucionalmente a auditar a Pdvsa. Cuando se entera de un delito o desviaciones de procedimientos en Pdvsa, ya es demasiado tarde y más si la información no proviene directamente de los auditores de la empresa. Para asegurar preventivamente o detectar inmediatamente los sobreprecios de contratación, la razonabilidad de los gastos, las licitaciones, el cumplimiento de los manuales de procedimientos administrativos y operativos, toda empresa requiere una unidad de auditoria interna. Estas auditorías internas revisan todos los movimientos de cuentas, verifican que cada departamento haga cumplimiento de las normas de contratación y la ejecución de esas contrataciones, desviación de recursos y ventas. El haber acumulado tantas y tan grandes desviaciones en el uso de recursos por parte de Pdvsa y el que sea la Fiscalía la que los atiende, deja ver un enorme vacío institucional y un incumplimiento de las labores de Pdvsa, del ministerio adscrito y demás instituciones involucradas. Que las personas que nombra el Presidente de la República encargadas de la administración de Pdvsa no presenten informes mensuales de los auditores internos y especializados en las operaciones de la industria petrolera, es ya en sí algo demasiado grave.
La actuación de la Fiscalía en el caso de Pdvsa además nos permite observar que tampoco hubo ni hay auditoria interna ni reportes en las demás empresas del Estado, ni en las gobernaciones y alcaldías bajo el control del gobierno o de la oposición, ni en los ministerios, ni en Cadivi o sus instituciones substitutas, ni en ninguna misión, etc. En ninguna de esas instituciones existen informes anuales de gestión y mucho menos informes de las auditorías internas que se hagan públicos.
Si a estas desviaciones de recursos le agregamos que el gobierno le exige al Banco Central de Venezuela emitir dinero para cubrir los déficits, y que el BCV tampoco audita cómo se gasta esa liquidez adicional, entonces entendemos por qué la liquidez monetaria ha crecido más de 64.000% en tres años y que esa es la verdadera causa de la gigantesca inflación y devaluación que devora el poder adquisitivo de los venezolanos.
Solicitar reestructurar la deuda externa de Venezuela es pan para hoy y hambre para mañana si se hace sin antes subir la producción de las empresas del Estado, abrirlas a nuevas inversiones si es necesario, instalar controles internos de gestión y fortalecer las auditorías internas de cada institución, y comprometerse a presentar informes de gestión anual de cada institución por mandato constitucional. Es y era mucho más urgente que la Asamblea Nacional y los dirigentes de la oposición se enfocaran en fortalecer la institución de “rendir cuentas”, de establecer “auditorías internas” que funcionaran apropiadamente en cada organismo del Estado que, por ejemplo, haber solicitado el RR en el 2016. Los codazos entre dirigentes de la oposición, entre dirigentes del gobierno y de la oposición, no apuntan a lo fundamental que es “la rendición de cuentas” por parte de las instituciones del Estado. Toda Venezuela tuviera hoy instituciones más sólidas y una economía próspera si tuviéramos un gobierno y una oposición enfocada en fortalecer la institución de rendición de cuentas.
