Carlos F. Lusverti
El 24 de septiembre celebramos a la Virgen de las Mercedes, la patrona de las personas encarceladas porque era costumbre, hasta la llegada del presidente Chávez, indultar a un grupo de presos llegada esta fecha. Las elevadas cifras de violencia carcelaria y los datos sobre violación a los derechos humanos de las personas privadas de libertad, presentados hace poco (29/08/2007) por el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) dan cuenta de la falta de medidas humanitarias de este tipo.
La investigación del OVP, bajo la premisa de que estar privado de libertad no significa renunciar a la dignidad humana, el informe detalla la alarmante situación de los derechos humanos de las personas privadas de libertad o sometidas a procesos penales. Siendo la violencia una de los principales situaciones de preocupación, los reportes del OVP dan cuenta que sólo de enero a julio de este año van 412 reclusos fallecidos y 728 heridos.
El estudio se pronuncia sobre la situación de los derechos a la no discriminación; la libertad de religión y culto; la libertad personal; la libertad de expresión, opinión e información; la igualdad ante la ley; el derecho al debido proceso, a las garantías judiciales y a la educación, la cultura, el deporte, el trabajo y la salud, resultando la dignidad y seguridad personal como los más vulnerados a las personas privadas de libertad. El 72,9% de las personas entrevistadas reportan arbitrariedades y vejaciones y otro tanto, el 68,2% en cuanto a las garantías que existen teóricamente pero que quedan en papel especialmente en cuanto a servicios sanitarios, alimentación, infraestructura y aseo personal.
En la investigación, el OVP realizó una serie de focus group en seis regiones del país, uno de ellos con reclusos en Caracas, mientras que no se pudo obtener respuestas de los directores de las cárceles. De los consultados, 64% coincide en que la alimentación que suministran en los penales es inadecuada. Sobre esto Humberto Prado, director del OVP, refirió que “Lo más preocupante es el suministro de agua potable, sobre el cual 94,1% afirmó que este servicio no lo tienen los reclusos”.
Cabe destacar que desde que asumió la presidencia, el presidente Chávez no ha otorgado ninguna gracia presidencial, a pesar que durante estos nueve años, el marco jurídico apenas ha cambiado, el indulto sigue siendo una facultad prevista constitucionalmente, y en la dirección de custodia se reciben como se evidencia de las memoria y cuentas del propio Ministerio, de hasta hace poco Interior y Justicia, solicitudes de indulto.
Así las cosas, el Ejecutivo ha dejado de lado una práctica humanitaria, que al mismo tiempo redunda en una medida que podría ayudar a reducir los índices de violencia en los recintos penitenciarios, por cuanto la posibilidad del indulto servía de aliciente a la buena conducta de las personas privadas de libertad.
Los recientes indultos otorgados a los implicados en el caso de los presuntos paramilitares colombianos, demostraron que sí se puede, lo que parece faltar es la acción coherente y coordinada del equipo gobierno o al menos el buen tino de tomar las medidas correctas.
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