Mis recuerdos iniciales de la Universidad de Carabobo son los de un lugar tranquilo, un campus abierto, con su laguna y rodeado de verde. Transitar por los pasillos de mi Facultad de Ciencias Económicas y Sociales a cualquier hora era para mí un disfrute porque, de todos los lugares en Valencia, donde más segura y protegida me sentía, era allí. Pero eso cambió, lamentablemente para todos.
La universidad, nuestra universidad, es el reflejo del país, es la muestra de ese universo que constituye Venezuela y que por supuesto no está exento de sufrir los problemas sociales que vive la población en general. La progresiva penetración de la violencia comenzó, hasta hacerse parte de nuestra cotidianidad, conviviendo con los que verdaderamente sentimos la academia. Ingenuamente pensábamos que no nos iba a tocar, pero cuando aquella profesora aplazó a un bachiller, la amenazaron y le violentaron su vehículo, entendimos que el asunto estaba escalando en gravedad. Luego le partieron los vidrios a la oficina del profesor y así nos fuimos habituando a esos esporádicos actos de vandalismo, que nos decían mucho de lo que nos estábamos labrando para el futuro.
En las elecciones decanales de 2009 asesinaron a un estudiante en pleno proceso electoral. Escuchamos los lamentos y las consabidas medidas. Se instrumentaron algunas normas de seguridad, sancionadas por los organismos de co-gobierno, y luego de una prolongada suspensión de clases, volvimos a clases, pero no a la normalidad.
Nuestro campus se convirtió en un espacio de impunidad, en donde las normas dejaron de existir. En cualquier pasillo un estudiante es atracado a punta de arma de fuego para quitarle un celular o una computadora. Y no pasa nada. Las normas no se cumplen y no existe ningún temor a represalias. Nuestros vigilantes son los que están desarmados pero los delincuentes ingresan con armas al recinto universitario sin ninguna dificultad. Pero esos delincuentes son producto de la dinámica del poder en nuestra casa de estudio. Es una realidad que ha crecido bajo el amparo de la complicidad y de la omisión de la institucionalidad.
Cuando ocurre un incidente de esta naturaleza le pedimos a las autoridades que coloquen dispositivos para la detección de metales, pero esta es una visión reduccionista del problema porque las causas de la violencia no son las armas, estas son la consecuencia de un mal que tiene raíces más profundas que son las que deben ser erradicadas.
La violencia armada existe en nuestra universidad desde hace ya algún tiempo, en un momento estuvo asociada a la lucha política, pero actualmente es el reflejo de un país desarticulado, en relación a sus valores y expectativas: es un asunto de negocios. La profundización de la violencia en la Universidad de Carabobo deja al descubierto el déficit de institucionalidad que aqueja al país. Cuando el incumplimiento de la norma no acarrea una sanción, los comportamientos se vuelven anárquicos y la institucionalidad pierde legitimidad, la autoridad es cuestionada y la comunidad se siente desprotegida.
Nuestra aspiración como comunidad es que cese la violencia, pero para que esto ocurra es necesario no solamente la reflexión sino el compromiso en la erradicación de las causas de la violencia. Si hay voluntad para ello, desde todos los sectores debemos generar un proceso de rescate de la institucionalidad que garantice la justicia, que castigue la corrupción y que refuerce el cumplimiento de la norma. Para que esto ocurra es impostergable un proceso de negociación para la construcción de un clima de paz en la Universidad de Carabobo. De lo contrario, estos episodios se harán más frecuentes y nos encontraremos perdidos en un clima de anarquía y violencia sin sentido.
