Por Graciela de los Ángeles Portillo
El reciente 5 de julio, al conmemorarse la firma del acta que declaró a Venezuela como una nación libre y soberana, se realizó en la Plaza del Rectorado de la Universidad Central de Venezuela (UCV) la vigilia “Una luz por Venezuela”, donde participaron estudiantes, activistas de derechos humanos, familiares de presos políticos, organizaciones no gubernamentales, religiosas y sacerdotes jesuitas. Esta iniciativa, que encontró un eco idéntico en diversas ciudades del mundo a través de la diáspora, transformó el significado tradicional del 5 de julio en un llamado urgente a la conciencia nacional.
Como elemento central de la concentración, se dispuso en el centro de la plaza una representación del mapa de Venezuela delineada con velas encendidas. Alrededor de esta silueta luminosa se congregaron los asistentes que visualizaban la imagen de un territorio internamente vulnerado, pero que a su vez se muestra cohesionado, protegido y sostenido por la acción solidaria y articulada de la propia ciudadanía.
A 215 años de la declaración de independencia, los valores fundamentales de esta gesta histórica —como la libertad y la humanidad— no se cumplen plenamente en la actualidad. Esto se evidencia con crudeza en la persistencia de las detenciones por motivos políticos y en la extrema vulnerabilidad de la población ante desastres naturales, como el reciente doblete sísmico de magnitudes 7.2 y 7.5 que ha dejado un doloroso saldo de 3.535 muertos, 16.740 heridos y 6.462 personas rescatadas.

El rostro de los presos políticos y el impacto del sismo
La urgencia de esta memoria se encarna en testimonios como el expuesto por Hiowanda Ávila, hermana de Henryberth Rivas, un joven músico de 30 años, quien hoy cumple la pena máxima de 30 años de prisión tras ser vinculado al denominado «Caso Drone» de 2018. Ávila mencionó que tras su detención, el joven sufrió una desaparición forzada de 48 días y brutales torturas físicas y psicológicas en El Helicoide —que incluyeron descargas eléctricas, asfixia simulada y aislamiento—. A pesar de que los 17 procesados por esta causa denunciaron los tratos crueles, las autoridades judiciales se negaron a abrir investigaciones, y hoy el joven enfrenta condiciones extremas de reclusión en el Internado Judicial El Rodeo, mientras sus familiares sostienen un campamento permanente de protesta pacífica en las afueras del penal desde enero.
A esta crisis de derechos humanos se sumó el impacto devastador del terremoto, creando una doble situación de vulnerabilidad para las familias. Margaret Baduel, miembro del Comité de los Familiares de Presos Políticos y hermana de Josnars Adolfo Baduel (detenido desde 2020), manifestó el doble drama que viven: “A pesar de encontrarnos en una situación de vulnerabilidad por tener un familiar preso, seguimos luchando por la libertad de todos. Lamentablemente muchos de quienes están tras las rejas perdieron a sus familiares u hogares con esta tragedia natural”.
Baduel denunció que esto refuerza la revictimización generalizada y ni siquiera permite a los cautivos vivir el duelo o acompañar a sus familias. Asimismo, advirtió sobre el estado físico de los centros de reclusión: “El terremoto genera más angustia y zozobra porque nuestros familiares están en un estado de indefensión total dentro de estructuras carcelarias que ni siquiera sabemos qué tan comprometidas quedaron”. Concluyó recordando la necesidad de seguir visibilizando a los más de 500 presos políticos en paralelo con la atención a los damnificados del sismo.
Por su parte, Miguelangel Suárez, presidente de la Federación de Centros Universitarios de la UCV (FCU-UCV), resaltó que la actividad también rindió honor a las víctimas del terremoto del 24 de junio dentro de la propia comunidad universitaria, la cual lamenta la pérdida de profesores, obreros y estudiantes. Suárez remarcó la importancia de la cohesión entre sectores.
«Los familiares de presos políticos también han resultado afectados por el terremoto en varios sentidos. No solo sufren la prisión política, sino que ahora son víctimas de otra tragedia natural. La organización solidaria busca rendir homenaje a los fallecidos y exigir la libertad de quienes siguen injustamente tras las rejas», afirmó.
Recuperar la memoria y mantener la agenda de derechos humanos
La Conferencia Venezolana de Religiosas y Religiosos (Conver) acompaña a los familiares de los privados de libertad desde hace varios años. Previamente, el domingo 21 de junio, en el marco de la celebración del Día del Padre, se había destacado que de las más de 130 personas detenidas ubicadas en el Rodeo I, más de 90 son padres de familia. Aquella ceremonia estuvo presidida por el padre Alfredo Infante, provincial de la Compañía de Jesús en Venezuela, quien a través de la Comisión de Justicia y Paz de la CONVER, lidera el acompañamiento en estos casos.
Durante la jornada de la vigilia también se documentó un sentido homenaje a la memoria de Carmen Nava, una madre venezolana que falleció días después de recibir la notificación del deceso en reclusión de su hijo, Víctor Hugo Quero Nava, quien se encontraba tras las rejas como preso político. Cuando ha pasado más de un mes desde su trágica partida, los activistas recordaron a Carmen como el símbolo de una madre que buscó justicia hasta el final.
Frente a este dolor acumulado, el P. Alfredo Infante considera que la población venezolana atraviesa dos tragedias. “Una política y una catástrofe natural, que entrañan también muchas víctimas y sufrimientos que son nuestros, son de nuestro país. Como cristianos, como católicos y como vida religiosa, creemos que es importante ser presencia, ser signo de fortalecimiento y manifestar la presencia de Jesús”, sostuvo. Infante afirmó que estas actividades colectivas constituyen una acción firme contra el olvido, a favor de la memoria y al servicio de la reconstrucción de la nación.
En este mismo sentido, el P. Eduardo Soto, S.J., párroco de la Parroquia Universitaria de la UCV «La Epifanía del Señor», advirtió sobre el riesgo de descuidar las exigencias de justicia debido a la inmediatez de la emergencia natural: “Más allá de la emocionalidad que puede haber por lo que nos ha ocurrido como país después del terremoto, no podemos olvidar que hay personas que están sufriendo desde hace mucho tiempo una situación de injusticia”.
Para el párroco universitario, el deber moral radica en “mantener la agenda de derechos y la agenda de reivindicación en medio del dolor”. Agregó que esto nos hace dar cuenta de que el problema de Venezuela no es de la naturaleza, sino que está también en las muchísimas situaciones que como venezolanos, estamos llamados a resolver, acompañar y aliviar, independientemente de dónde venga el sufrimiento, se deben construir caminos de justicia y de reconciliación en Venezuela.

Los signos de una independencia inconclusa
Durante la misa realizada el pasado 1 de julio, en el auditorio de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) presidida por el P. Arturo Peraza, S.J., rector de esta casa de estudios llamó la atención sobre la carga simbólica de las fechas. El doblete sísmico ocurrió un 24 de junio, día de la Batalla de Carabobo. Peraza recordó el paralelismo histórico con diciembre de 1999, cuando el deslave de Vargas sepultó comunidades enteras precisamente el mismo día en que los ciudadanos votaban la actual Constitución.
A la luz de estas coincidencias, donde las efemérides fundacionales de la libertad y de las leyes venezolanas terminan sistemáticamente marcadas por la tragedia, el rector de la UCAB invitó a desestimar explicaciones fundamentadas en la simple fatalidad o la mala suerte. Estos sucesos, argumentó, deben leerse como signos profundos que confrontan de forma directa el alma de la nación: la naturaleza, en su mudez, parece recordar en cada aniversario patrio que el diseño de una república segura, justa y verdaderamente independiente sigue siendo, hoy por hoy, una tarea inconclusa.



