El doble sismo del 24 de junio ha desencadenado una crisis humanitaria y de infraestructura sin precedentes. A diez días del evento, el 4 de julio, las cifras revelan una realidad devastadora:
- 2.645 personas fallecidas.
- 12.666 ciudadanos con lesiones reportadas.
- 6.462 sobrevivientes rescatados de estructuras colapsadas.
- 15.050 personas desplazadas de sus hogares.
En el ámbito económico, la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR) estima las pérdidas materiales en 37.000 millones de dólares, lo que equivale al 30% del PIB. De este monto, 24.000 millones corresponden a la destrucción de edificaciones diversas y 13.000 millones a daños en infraestructura crítica.
Esta tragedia, sin embargo, no ocurre en el vacío. Se entrelaza con una crisis institucional de larga data que limita la capacidad de respuesta y recuperación del país. Ante la culminación de la prórroga del mandato de la presidencia encargada, la urgencia de restaurar la democracia y el orden constitucional es ahora, más que nunca, una necesidad vital. La reconstrucción de una nación no es solo física; requiere un Acuerdo Nacional que viabilice elecciones legítimas y un Plan de Reconstrucción Integral capaz de convocar a todas las fuerzas vivas del país.
En conclusión: Venezuela enfrenta hoy una acumulación de crisis históricas y recientes de magnitudes colosales. Superar este quiebre exige edificar una democracia sólida, la única palanca capaz de movilizar los recursos y la confianza que el país necesita. Ignorar este compromiso histórico condena a nuestra patria a una decadencia permanente. Es el momento de actuar, construir acuerdos y consensos; una responsabilidad que recae sobre todas las fuerzas vivas de la nación.
