Carta Pública para advertir sobre las negativas consecuencias que puede producir su incumplimiento a la grave situación de deterioro de los derechos humanos en Venezuela, principalmente en alimentación y salud.
Espacio Público
Señor Ban Ki-moon
Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas
Las organizaciones de derechos humanos que suscribimos este documento queremos expresarle nuestra indignación y rechazo ante el desempeño y silencio de varias de las agencias del Sistema de las Naciones Unidas establecidas en Venezuela, en particular respecto de las responsables de la salud y la alimentación, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación (FAO), y del propio Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en un contexto de acelerado incremento de la pobreza, de fragilidad económica y social, de inestabilidad política e institucional, así como frente a una masiva y severa escasez de alimentos, medicinas e insumos médicos en todo el territorio nacional y la ausencia de capacidades internas para solventar esta situación a mediano plazo. El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) también han preferido restringir sus actividades a la implementación de algunos programas, pero manteniéndose al margen de la gravísima situación que, en nutrición y salud, afecta principalmente a embarazadas, niños, niñas y adolescentes, personas mayores, comunidades rurales e indígenas, así como a personas privadas de libertad.
Al mismo tiempo, reconocemos y valoramos el papel que han jugado la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos respecto de la grave situación de derechos humanos en Venezuela.
El martes 19 de julio de 2016, durante la rueda de prensa sostenida por el Servicio de Información de las Naciones Unidas[1], su Directora, Sra. Alessandra Vellucci, informó que la sesión informativa sobre Venezuela del viernes 15 había sido suspendida porque “colegas de las diferentes agencias no tenían suficiente información para una sesión exhaustiva”. Ante lo que pareció ser una pregunta sobre el silencio de la OACNUDH en torno a la situación de derechos humanos en Venezuela, su representante, Ravina Shamdasani, expresó que era “una caracterización injusta” y que el “problema está en que no tenemos suficientes personas en el terreno”. Según la nota de la rueda de prensa, Fadelia Chaib, de la Organización Mundial de la Salud (OMS), expresó que “revisaría de nuevo con la OPS (Organización Panamericana de la Salud) qué acciones están tomando así como la información que les está llegando desde el país. En cuanto haya más información, es posible que la OMS informe a la prensa al respecto”.
Desde el año 2013, las organizaciones han enviado información a las agencias mencionadas y se han realizado protestas pacíficas frente a la OPS en Caracas, llamando su atención sobre las fallas generalizadas en la provisión de medicamentos, insumos y servicios. La FAO también ha sido informada sobre el deterioro progresivo en el estado nutricional de la población, desde el año 2012. Desde el 1 de marzo de 2016, la Oficina de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (OCHA) ha recibido informes regulares referidos a la crisis de atención en salud en Venezuela. Estas agencias han recibido los mismos informes sobre la situación del derecho a la salud remitidos por organizaciones de sociedad civil a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Relatoría para la Salud de Naciones Unidas. Estas últimas instancias han expresado su preocupación de manera pública y regular en sus informes.
La crisis en salud es grave: afecta a 120 mil personas con condiciones complejas, a 3 millones con hipertensión y diabetes, a 90.000 con malaria –la mayoría de ellas indígenas y trabajadores de la minería-, y a 60.000 con dengue. La mortalidad materna aumentó de 66 casos por cada 100.000 en 2015 a 116 en 2016, según cifras oficiales. También es grave el deterioro en el estado nutricional de la población: en 2015, 12,1% (más de 3 millones de personas) reportaron comer 2 o menos veces al día y 87% manifestó no tener dinero suficiente para comprar alimentos. Para el primer semestre de 2016, el déficit nutricional alcanza 12% en las zonas urbanas, 19% en las zonas periurbanas y 27% en zonas más pobres. En los hospitales más importantes del país se reportan casos de desnutrición infantil grave, incluyendo diagnósticos de marasmo y de kwashiorkor.
Frente a esta situación, es inaceptable que se haya tenido que suspender la reunión informativa sobre Venezuela debido a que “colegas de las diferentes agencias no tenían suficiente información para una sesión exhaustiva”; es inaceptable e incumple con los principios de “Los derechos en primer lugar” que tampoco la OACNUDH reciba información fidedigna y oportuna de las agencias. ¿Qué hacen entonces en Venezuela la Organización Panamericana de la Salud, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación, el Fondo de Población de las Naciones Unidas, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y, en particular, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo?
La gravedad de la situación en materia de salud y alimentación —que se unía a la afectación al Estado de Derecho, al acceso a una justicia independiente, al ejercicio de las libertades de reunión, expresión y asociación— era ya evidente desde 2013 para organizaciones, centros de investigación y universidades, y, además, era pública. Las conductas de omisión de algunas de las agencias de Naciones Unidas en Venezuela se suman a una acumulación de restricciones que vienen presentando desde hace varios años para informar acerca de la situación de país de manera objetiva e imparcial, tanto a nivel interno como internacional, así como para dialogar con toda la sociedad venezolana sin presiones o condicionamientos del Estado.
Después de la suspensión de la reunión informativa del 15 de julio y de lo expresado durante la rueda de prensa del 19 de julio, parece innegable que las agencias tampoco han informado a sus propias casas matrices sobre la crisis en Venezuela, situación que pone en riesgo a miles de personas, sobre todo a las más vulnerables.
Una de las lecciones aprendidas en el caso de Sri Lanka es que “en la medida en que la situación de un país se deteriora durante una crisis, la ONU requiere que su presencia en el país responda a la situación cambiante”. Esto solo es posible si las agencias en el país documentan y reportan los cambios de dicha situación con criterios técnicos, desde un enfoque de derechos y con base en diversidad de fuentes.
Exhortamos a usted, con el sentido de gravísima urgencia que la situación reviste, exigir de las agencias del Sistema de Naciones Unidas en Venezuela actuar según los principios de la “Iniciativa para prevenir abusos de derechos humanos”[1] y el Plan de Acción “Los Derechos en Primer Lugar” –Rights up Front—, según los cuales la promoción al respeto a los derechos humanos es un objetivo central de las Naciones Unidas y define su identidad como una organización que trabaja para las personas en todo el mundo, que “utilizará todos los recursos a su disposición, incluyendo su autoridad moral, la creatividad diplomática y su alcance operacional”. El Sistema de las Naciones Unidas no puede seguir “fallando en el cumplimiento de sus responsabilidades” en Venezuela, para evitar consecuencias irreparables en pérdidas de vidas y un mayor escalamiento del deterioro de las condiciones alimentarias y sanitarias del país, que afecta sobre todo la población más vulnerable, si no se concreta lo más rápidamente posible un mecanismo de cooperación y asistencia internacional de carácter humanitario.
Atentamente, suscribimos.
Notas:
[1] http://www.un.org/sg/rightsupfront/
[1] Regular Press Briefing by the UN Information Service: http://www.unog.ch/unog/website/news_media.nsf/(httpNewsByYear_en)/BFCA1FB7BD0D36C7C1257FF500555CD2?OpenDocument
