Carta abierta al Consejo Nacional Electoral
En cada barrio, centro de trabajo, comunidad campesina o de pescadores, casas de estudio de cualquier rango, cuarteles militares, seminarios de religiosos, cárceles, clínicas y hospitales, comercios, hogares, academias, en cada conglomerado, desde Ureña hasta nuestro Esequibo, y desde las islas de nuestro Caribe hasta Santa Elena de Uairén, los diálogos giran alrededor de los apremiantes problemas de la crisis en la alimentación, la inflación, la corrupción, las precariedades en los servicios de salud, la inseguridad, otros muchos dramas, y de qué modo la República superará esta situación general de enorme deterioro.
No será fácil, pero pensamos que es impostergable para evitar graves desenlaces, cuyos signos ya se advierten, que el Estado garantice el ejercicio del derecho constitucional de los ciudadanos a participar y protagonizar la acción confirmatoria o revocatoria del Presidente de la República, a los efectos de evaluar unas autoridades del Estado, en el sentido que el pueblo venezolano movilizado prefiera, y que el resultado del examen de la gestión sea un punto de partida para doblarle la mano a los problemas que tocan nuestras entrañas como personas o como sociedad.
El Referéndum Revocatorio está dispuesto en la Constitución como un derecho de la sociedad venezolana, el cual puede ser válidamente ejercido cuando el Presidente de la República haya cumplido la mitad o más del período de gestión, y que el número de electores que lo impulsen no sea menor del veinte por ciento en la circunscripción de la República. Esas y sólo esas son las condiciones constitucionalmente exigidas para que el Referéndum pueda llevarse a cabo. Obsérvese que el ejercicio de este derecho no es patrimonio de un nombre personal ni de una asociación política. Es pura y simplemente un derecho ciudadano.
Sería una mala conducta que el Poder Electoral creado y establecido por nuestro pacto social, obstaculice el ejercicio del derecho de la sociedad a la evaluación o Referéndum. También merecerían esa calificación quienes, en contraposición, promuevan la activación de dicho mecanismo por medios ilegítimos. Recordemos que, ante la colisión que pudiera presentarse entre una norma de rango legal o sub-legal con la norma constitucional, siempre será prevaleciente esta última, toda vez que así está universalmente admitido en la doctrina nacional y foránea, en el derecho comparado, y en nuestra misma Constitución que establece en su artículo 334, que en caso de incompatibilidad entre esta Constitución y una ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales.
Mala conducta y peor aplicación es la de funcionarios públicos del Poder Ejecutivo en su condición de ministros, gobernadores u otro alto rango, que realizan prácticas de destitución o despido de empleados y obreros de la administración por ejercer un derecho constitucional, y además se enorgullecen de sus actos abiertamente arbitrarios e ilícitos. La verdad, además, es que repugna que funcionarios a quienes no le está atribuida ninguna competencia electoral, manifiesten a diestra y siniestra la procedencia o no del acto evaluatorio. Todo esto, llevándose a efecto como un delito, ante la vista de todos, y con la mayor impunidad.
Igualmente sería una mala conducta que se acepten interpretaciones acomodadas y distintas a las que sencillamente hemos mencionado. Ya es suficiente que exégetas tarifados en doctoral tono de hermeneutas, busquen confundir a la sociedad con una monserga de expresiones de apariencia jurídica, levantando sofismas que nadie cree, y por supuesto, sujetos que han perdido los vestigios de constitucionalismo que otrora, entre otras prendas, los adornaban. Es el momento de recordarles que los venezolanos sabemos leer y escribir, y no nos hace falta un intérprete ímprobo.
Sería una conducta excelente de nuestro Poder Electoral, que revelara el respeto a nuestra Carta Magna, facilitando el ejercicio oportuno del derecho ciudadano a la realización de un escrutinio, evaluación o Referéndum Revocatorio del Presidente de la República, previsto allí inequívocamente, el cual no es ni más ni menos, que un examen de sus actos en cuanto a las atribuciones que le han sido conferidas, y a la fidelidad a los valores, principios y normas que gobiernan nuestra sociedad.
Tomando en cuenta estas premisas, los actos del Poder Electoral deberían edificarse bajo la rectoría de la celeridad y la transparencia, que se materializarían en la facilitación del pronunciamiento que la sociedad está ansiosa por realizar, y el respeto escrupuloso del sufragio como manifestación íntima de nuestra gente movilizada por la confirmación o revocación del mandato del señor Presidente de la República. El Presidente Maduro, de resultar favorecido, se relegitimaría y haría viable una administración de Gobierno y Estado bastante maltrecha en este momento. No obstante, si el pueblo en ejercicio democrático evaluatorio no acompaña al Presidente, la propia Constitución establece los mecanismos que enseguida tendrían que activarse para que las riendas de la República estén en otras manos.
Resaltemos la expresión aceptada socialmente, según la cual los derechos no se mendigan. ¡Se ejercen!, de lo que se deriva que los órganos obligados a su tutela efectiva están estructurados, no para obstruirlos, y sí para hacerlos viables. Esta sinergia entre derechos de ciudadanía política y organismos tutelares de la misma, marca la diferencia entre una sociedad marchita y de signos vitales débiles, con una sociedad democratizante, revitalizada, activa y siempre en movimiento para alcanzar estadios superiores de convivencia.
Consideramos que el Referéndum Revocatorio no es el tema único que el país urgentemente necesita debatir, ni la solución inmediata, a los dramáticos problemas a los que hicimos referencia arriba, pero estamos seguros que representa un paso que es trágico no darlo. Hacerlo efectivo de verdad, verdad, sería enorgullecernos todos, como protagonistas del desenvolvimiento serio de un estado democrático, de derecho y de justicia. El acto del Referéndum en las circunstancias actuales, es el genuino diálogo entre los ciudadanos, y entre éstos y el Estado. Diálogo realizable y dispuesto en nuestra Carta Fundamental, en esta Venezuela fatigada, con hambre, y con un grado de conflictividad creciente y peligroso, que el propio presidente califica de guerra económica o conflicto no convencional.
Las mejores sensibilidades deben concurrir al impulso de soluciones a las tragedias personales y sociales que vivimos. El incumplimiento escandaloso o, a la chita callando de la Constitución, nos puede resultar muy costoso y de mayores lesiones para los venezolanos todos. Nuestro pronunciamiento está apegado, sin circunloquios ni dobles vueltas, a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la cual fue aprobada abrumadoramente por nosotros los venezolanos las venezolanas y, en tal sentido, manifestamos nuestra sumisión al espíritu, propósito y razón de las normas, que se dispusieron para establecer una sociedad democrática, participativa y protagónica, la cual sólo será posible si todos contribuimos a construirla. Esos valores y principios contenidos en el texto constitucional, gobiernan nuestra iniciativa en este momento crítico de la República.
Esteban Emilio Mosonyi Freddy Gutiérrez Trejo
Santiago Arconada Héctor Navarro
Gonzalo Gómez Edgardo Lander
Juan García Viloria Gustavo Márquez
Ana Elisa Osorio César Romero
Clíver Alcalá Cordones Oly Millán
