Hablar de familia en la Venezuela de hoy supone hacer referencia a la institución que ha acumulado mayor déficit o pasivo social en nuestra historia reciente. Por lo tanto, supone también asumir la gustosa carga y compromiso de trabajar, más allá de consignas e ideologías políticas, por la institución básica, medular, de toda sociedad
Mercedes Malavé*
El estudio objetivo de la coyuntura nacional y sus diferentes aristas pasa necesariamente por el análisis de datos y cifras oficiales. Desafortunadamente, en la Venezuela de hoy carecemos tanto de estadísticas oficiales como de instituciones no gubernamentales destinadas al estudio, y a la protección y promoción de las familias venezolanas, no obstante, la experiencia diaria permite intuir que los números deben estar muy rojos en esta materia.
Sin ánimo de exhaustividad, cito solo algunas de ellas:
- Nulo acceso al crédito familiar.
- Alto déficit de viviendas, planteles educativos e institutos de protección de familias en situación de extrema vulnerabilidad.
- Ausencia de políticas que ayuden a solucionar, de forma integral, la situación de la niñez y adolescencia desvalida, y prácticamente abandonada, por padres y madres trabajadores, o que sean parte de la diáspora.
- Ausencia de proyectos educativos en materia de sexualidad que promuevan actitudes, valores, proyecto de vida y dignidad humana, que eduquen a nuestros jóvenes para ejercer una maternidad y paternidad amorosa, estable y responsable.
- Absoluto desinterés por parte del Estado para promover acciones que faciliten a las parejas formalizar su relación mediante el matrimonio.
- Abandono y total desinterés hacia familias compuestas por adultos mayores cuyos hijos han tenido que emigrar.
- Ausencia de programas y subsidios que faciliten, tanto a la madre como al padre, el cuidado del recién nacido.
- Imposibilidad de acceso a la justicia en temas de abandono del hogar, maltrato, manutención y demás obligaciones y derechos de padres y madres.
Pese a tamañas omisiones y desinterés en temas de familia, nadie dudaría en afirmar que la educación en valores y la reinstitucionalización del país germina y crece en las familias, porque poco hacen los programas de educación en valores impartidos en las escuelas si no tienen un fuerte apoyo en los núcleos familiares. La violencia, los malos tratos y las conductas antisociales tienen un origen intrafamiliar; y no solo eso, la idiosincrasia venezolana considera a la familia como un tesoro de inestimable valor, como un acervo de afectos, costumbres y tradiciones que debemos preservar. La contradicción salta a la vista. En la medida en que el venezolano valora más esta institución y la considera más imprescindible, más se vulnera, ignora y desconoce la naturaleza humana, jurídica, y, por qué no decirlo, la política de la familia.
La perspectiva familiar
Una serie de políticas públicas que tengan como centro o sujeto receptor a las familias podrían promover un novedoso modelo político y socioeconómico que no es ni individualista ni colectivista. La familia es el primer núcleo relacional de la sociedad, en el que los individuos ni están solos o aislados, ni son una colectividad o masa anónima. En numerosas charlas con padres y madres de familia suelo hacerles dos preguntas: en primer lugar, que enumeren sus necesidades individuales. Por lo general, les cuesta responder porque no saben hasta qué punto sus necesidades individuales no son las mismas necesidades familiares; lo mismo ocurre cuando les pregunto por las necesidades del colectivo venezolano, por lo general, hablan de temas genéricos tales como libertad, calidad de vida, bien común, servicios públicos de calidad, sistema financiero sólido, entre otros deberes del Estado. La pregunta esencial que orienta la reflexión individual hacia temas más concretos de interés común, en los que ellos se pueden involucrar activamente, es la de enumerar sus necesidades como padres y madres de familia. Desde esa perspectiva plantean una serie de temas muy específicos, tales como horarios de trabajo, transporte, vialidad, sistema educativo, acceso al crédito, seguridad social, áreas verdes, seguridad personal, actividades culturales, deportivas y recreativas, y un largo elenco formidable de iniciativas que bien podrían constituir los ejes de un plan de gobierno municipal basado en demandas reales.
Adicionalmente, sostengo que la perspectiva familiar se aleja de la perspectiva de género, por las mismas razones de la visión altamente individualista y colectivista que acabo de explicar, que se aleja de las soluciones reales y sostenibles, ya sea por no promover la reflexión en torno al bien común o por orientar el debate hacia un proteccionismo de Estado, estéril e insostenible, en situaciones altamente ligadas al ámbito privado como lo son asuntos de familia, sexualidad, maternidad y paternidad responsables.
La perspectiva de género no parece haber resuelto ninguno de los problemas enumerados al principio de este escrito en algún país de Latinoamérica y el Caribe. Pese a la ingente suma de recursos humanos y económicos que poseen instituciones como el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe, promovido por la Cepal y Cooperación Española, el cual en su último estudio refleja la excesiva presencia del Estado en los programas de género, la ausencia de participación ciudadana y la presencia instrumental de la mujer víctima en un trabajo de campo, cuya finalidad es elaborar una hoja de ruta para el desarrollo igualitario de hombres y mujeres en los países citados. A modo de ejemplo, para evidenciar lo que estamos hablando, mientras que el informe hace mención unas doscientas veces al Estado/gobierno, el ciudadano/familia aparece menos de veinte veces; mujer, aparece 558 veces, en contraposición a madre/maternidad y padre/paternidad, a los que hace referencia en menos de diez ocasiones.
No es de extrañar que el estudio concluya con que aún no se han alcanzado las metas de igualdad de género, pese a la serie de proyectos con perspectiva de género impuestos tanto por los respectivos Estados miembros como por organizaciones no gubernamentales que cuentan con ingente financiamiento nacional e internacional, y cuyas actividades datan de hace más de dos décadas. El estudio insiste en la necesidad de:
[…] desarrollar políticas públicas de igualdad de género que generen más resultados y que logren tener un impacto positivo en la vida de las mujeres (lo que) requiere fortalecer la acción de los mecanismos para la igualdad de género, crear instancias interinstitucionales del más alto nivel para la definición de prioridades de políticas y generar herramientas de planificación vinculadas a las estrategias nacionales de desarrollo.1
El error, a mi modo de ver, reside en el enfoque estatista y abstracto (ideológico) de la perspectiva de género, que no cala en una población altamente identificada con valores familiares y culturales asociados a la identidad, las tradiciones, los valores y los afectos personales. No se trata de crear más instancias interinstitucionales de alto nivel promovidas y sostenidas por el Estado, sino de incentivar una participación activa en el ejercicio de deberes y derechos, bajo políticas centradas en la perspectiva familiar, involucrando a padres y madres de familia en materias de interés público y social. Con presupuestos mucho más modestos, y con iniciativas creativas que surjan de las dinámicas reflexivas de los padres y madres de familia, se puede conseguir más beneficios prácticos, soluciones mixtas y mayor compromiso ciudadano.
La promoción de políticas para incentivar el fortalecimiento, defensa y promoción de una institución tan conocida y valorada por los venezolanos, como lo es la familia, contribuirá al proceso de reinstitucionalización, autonomía responsable, siembra de valores y participación ciudadana, mediante ese natural interés por lo común que despierta la perspectiva familiar –de maternidad y paternidad– tan presente en nuestra población.
*Político. Coordinadora Nacional de Unión y Progreso.
Nota:
(1) Planes de igualdad de género en América Latina y el Caribe: mapas de ruta para el desarrollo. Publicación de las Naciones Unidas, 2017.
