Dr. Julio S Castro M. MD, Msc.*
Dr. Marino Gonzales R. MD, MSc, PhD*
Introducción
La circular N.° VRSC/DGE/DI 020/2026 del Ministerio del Poder Popular para la Salud, titulada “Optimización del uso de las vacunas disponibles”, marca un punto crítico en la historia reciente del Programa Ampliado de Inmunizaciones en Venezuela. Según el comunicado conjunto de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría, la Sociedad Venezolana de Infectología, la Sociedad Venezolana de Salud Pública y la Academia Nacional de Medicina, la Dirección Nacional de Inmunizaciones instruyó medidas de racionalización ante la limitada disponibilidad de BCG, pentavalente, toxoide tetánico-diftérico y SRP. En términos administrativos, la circular habla de optimización; en términos epidemiológicos, describe una situación de escasez de biológicos esenciales.
La escasez de vacunas no es un problema logístico menor. Es una amenaza directa a la protección colectiva, a la prevención de brotes y al derecho de los niños a recibir un esquema completo y oportuno. Cuando un país debe diferir segundas dosis, limitar refuerzos o restringir la aplicación de vacunas al nacimiento, el problema deja de ser exclusivamente operativo y se convierte en un indicador de falla programática. La inmunización no funciona como una intervención aislada, sino como un sistema: requiere planificación, financiamiento, compras oportunas, cadena de frío, registro nominal, vigilancia epidemiológica, confianza social y rendición de cuentas.
El caso venezolano debe analizarse dentro de un contexto regional complejo. Después de la pandemia de COVID-19, las Américas han experimentado una recuperación incompleta de sus coberturas de vacunación. Aunque algunos indicadores han mejorado, persisten brechas importantes, aumento de niños cero dosis, coberturas subóptimas de DTP3, riesgo de reintroducción de poliovirus, expansión de fiebre amarilla y brotes de sarampión en varios países. En ese contexto, una política de racionalización de vacunas en Venezuela no puede evaluarse solo por el número de dosis disponibles. Debe evaluarse por el riesgo epidemiológico que genera.
Este ensayo propone que la circular VRSC/DGE/DI 020/2026 debe ser leída como una señal de alerta. No solo revela una escasez coyuntural de biológicos; expone una vulnerabilidad estructural del PAI venezolano, relacionada con bajas coberturas, dependencia de financiamiento externo, debilidad en la planificación, opacidad de datos, deuda con mecanismos regionales de compra y limitada capacidad de respuesta sostenida.
1. Una circular que revela una crisis programática
Las vacunas afectadas por las medidas de racionalización mencionadas en el comunicado de las sociedades científicas incluyen BCG, pentavalente, toxoide tetánico-diftérico y SRP. Estas vacunas no son marginales dentro del esquema nacional: constituyen el núcleo de la protección infantil y comunitaria frente a tuberculosis grave infantil, difteria, tétanos, pertussis, hepatitis B, enfermedad por Haemophilus influenzae tipo b, sarampión, rubéola y parotiditis.
La racionalización de vacunas puede ser una herramienta aceptable en situaciones de emergencia, siempre que esté basada en criterios explícitos de riesgo, temporalidad definida, transparencia de inventarios y un plan público de reposición. Pero cuando la racionalización se transforma en diferimiento indefinido o suspensión temporal de componentes del esquema, el efecto poblacional puede ser acumulativo. Cada cohorte parcialmente vacunada se suma a la anterior. Cada municipio con baja cobertura se convierte en un bolsillo de susceptibles. Cada niño no vacunado o vacunado tarde representa una falla prevenible.
El lenguaje administrativo puede suavizar el problema. Sin embargo, en salud pública, diferir una dosis no es simplemente cambiar una fecha: es modificar una barrera de protección. En enfermedades altamente transmisibles, como el sarampión, pequeños descensos de cobertura pueden generar brotes explosivos. En enfermedades de baja frecuencia pero alta severidad, como la tuberculosis meníngea o el tétanos neonatal, la consecuencia puede no ser un brote masivo, pero sí una muerte o discapacidad evitable. Por eso, el análisis debe ir más allá del inventario de vacunas y debe preguntarse: ¿qué riesgo se genera al racionalizar cada biológico?, ¿dónde es más peligroso diferir?, ¿quiénes son los grupos que no pueden esperar?, ¿qué acciones deben tomar los diferentes actores?
2. La región de las Américas: recuperación incompleta post-COVID
La situación venezolana ocurre en una región donde las coberturas de vacunación todavía no han recuperado plenamente los niveles necesarios para sostener la eliminación o control de enfermedades prevenibles. La OPS y UNICEF han documentado que, aunque hubo avances en 2024, más de 1,4 millones de niños en las Américas no recibieron ninguna dosis de vacuna que contiene DTP. La cobertura regional de DTP3 se mantuvo alrededor de 86%, por debajo de la meta necesaria para una protección comunitaria robusta.
Este dato es importante porque DTP3 es un indicador trazador del desempeño del programa de inmunizaciones. Cuando DTP3 cae, no solo se afecta la protección frente a difteria, tétanos y pertussis; suele reflejar fallas más amplias del sistema: acceso geográfico, continuidad de servicios, disponibilidad de biológicos, registro, confianza comunitaria y capacidad de seguimiento.
La situación de sarampión es todavía más sensible. En 2025, diez países de las Américas reportaron brotes de sarampión, con más de 10.000 casos confirmados y muertes asociadas. La mayoría de los casos ocurrió en personas no vacunadas o con estado vacunal desconocido. Esto demuestra que el sarampión sigue siendo el mejor detector de brechas inmunológicas. Donde hay susceptibles, el virus los encuentra.
Venezuela no puede analizar su PAI como si estuviera aislada. La movilidad humana, las fronteras, la migración, el comercio, los viajes y la circulación regional de enfermedades hacen que las brechas de un país afecten a toda la región. En este sentido, la racionalización de vacunas en Venezuela no es solo un problema doméstico: es un problema de seguridad sanitaria regional.
3. Venezuela: antecedentes recientes de brotes prevenibles
Venezuela ya vivió las consecuencias de la caída de coberturas. Entre 2017 y 2019, el país enfrentó un brote de sarampión que requirió una respuesta nacional de emergencia. La OPS documentó que el brote fue controlado mediante una campaña de puesta al día realizada entre abril de 2018 y julio de 2019, dirigida a niños de 6 meses a 15 años, con más de 8,8 millones de niños vacunados y una inversión aproximada de 7 millones de dólares. De acuerdo con la información publicada por la OPS, esta respuesta contó con financiamiento y apoyo de socios internacionales, incluyendo recursos canalizados a través de la Organización Panamericana de la Salud y contribuciones de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), junto con otros cooperantes que respaldaron la adquisición de vacunas, actividades operativas, vigilancia epidemiológica y acciones de control del brote.
Esa experiencia deja dos lecciones. La primera es positiva: incluso en condiciones difíciles, Venezuela pudo interrumpir la transmisión del sarampión cuando hubo cooperación técnica, financiamiento externo, vacunas disponibles, vigilancia y campaña intensiva. La segunda es preocupante: el país necesitó una intervención extraordinaria para corregir una falla que debió haberse prevenido con vacunación rutinaria sostenida.
Una campaña de emergencia puede controlar un brote, pero no reemplaza al PAI. De hecho, las campañas de rescate suelen ser más costosas, más difíciles y más vulnerables a errores que un programa rutinario bien financiado. Cuando el país depende repetidamente de campañas de catch-up, donaciones o mecanismos extraordinarios, el sistema deja de prevenir y comienza a reaccionar. En inmunizaciones, reaccionar tarde casi siempre significa pagar más, vacunar bajo presión y aceptar muertes prevenibles.
4. El Fondo Rotatorio de la OPS: una herramienta regional de soberanía sanitaria
En América Latina, muchos países adquieren vacunas a través del Fondo Rotatorio para el Acceso a Vacunas de la OPS. Este mecanismo fue creado en 1977 mediante la resolución CD25.R27 del Consejo Directivo de la OPS, como parte del plan regional de inmunización. Su función ha sido permitir la compra conjunta de vacunas, jeringas e insumos relacionados para los Estados Miembros participantes.
El valor del Fondo Rotatorio no es solo financiero. También es técnico y estratégico. Permite consolidar demanda regional, negociar mejores precios, acceder a vacunas precalificadas por la OMS, mejorar la planificación de necesidades, reducir fragmentación de compras y apoyar la sostenibilidad de los programas nacionales de inmunización. Para países con mercados pequeños, presupuestos limitados o dificultades de adquisición internacional, el Fondo Rotatorio representa una herramienta de soberanía sanitaria compartida.
En 2024, los Fondos Rotatorios Regionales de la OPS compraron más de 800 millones de dólares en vacunas, medicamentos y tecnologías sanitarias, incluyendo 224 millones de dosis de vacunas. Este volumen muestra la importancia del mecanismo para la región. Perder acceso regular o tener acceso restringido al Fondo no es un detalle administrativo: puede traducirse en retrasos, menor previsibilidad, dependencia de donaciones y mayor riesgo de desabastecimiento.
5. Venezuela y la deuda con el Fondo Rotatorio
La deuda venezolana con el Fondo Rotatorio ha sido señalada como uno de los factores que limita el acceso regular del país a vacunas. Reportes basados en declaraciones de OPS indicaron que Venezuela mantenía una deuda aproximada de 11 millones de dólares con el Fondo, lo que restringía su capacidad de comprar vacunas a través de ese mecanismo. Diversos equipos técnicos nacionales e internacionales han explorado en distintos momentos alternativas financieramente viables para la regularización de esta deuda y la recuperación del acceso pleno al mecanismo; sin embargo, estas iniciativas no han logrado concretarse por múltiples obstáculos, en su mayoría relacionados con decisiones, procedimientos y limitaciones de carácter gubernamental.
En inmunizaciones, una deuda financiera se convierte rápidamente en deuda inmunológica. Cada retraso en la compra, cada barrera para acceder al mecanismo regional y cada interrupción de abastecimiento genera niños con esquemas incompletos, municipios con coberturas heterogéneas y cohortes susceptibles acumuladas. La escasez actual no puede explicarse solo por falta de biológicos en un momento determinado. Debe entenderse como parte de una cadena de decisiones financieras, administrativas y políticas que afectan la continuidad del PAI.
Hubo antecedentes de acceso diferenciado o excepcional en el contexto de vacunas contra COVID-19. OPS informó en 2021 la llegada a Venezuela de vacunas COVAX compradas con recursos del país y gestionadas a través del Fondo Rotatorio como agente de compras regional. Informes financieros posteriores de OPS señalaron que las compras de Venezuela por el Fondo estuvieron relacionadas exclusivamente con vacunas contra COVID-19. Sin embargo, no está suficientemente documentado que haya existido una excepción similar, amplia y sostenida, para vacunas rutinarias del PAI en 2024 o 2025. Este punto requiere verificación documental específica.
La pregunta central no es solo si Venezuela recibió alguna vacuna por vía extraordinaria, sino si el país tiene acceso regular, previsible y suficiente al mecanismo regional de compra para sostener todo su esquema nacional. La respuesta programática debe ser clara: regularizar la deuda o establecer un acuerdo transparente con OPS para recuperar el acceso sostenido al Fondo Rotatorio debe ser una prioridad nacional.
6. Aproximación de costos para normalizar el Programa Ampliado de Inmunizaciones
La discusión sobre la racionalización de vacunas en Venezuela no puede separarse de una pregunta operativa fundamental: ¿cuánto costaría comenzar a normalizar el Programa Ampliado de Inmunizaciones? La respuesta requiere distinguir entre tres niveles de intervención: primero, resolver el bloqueo financiero que limita el acceso regular al Fondo Rotatorio de la OPS; segundo, reponer los biológicos esenciales actualmente sometidos a racionalización; y tercero, reconstruir el PAI como programa rutinario nacional, con vacunas, jeringas, flete, seguro, cadena de frío y distribución.
Una primera condición financiera es la regularización de la deuda venezolana con el Fondo Rotatorio de la OPS. Para efectos de esta aproximación, se asume una deuda de 12 millones de dólares. Este pago no debe entenderse como un gasto administrativo aislado, sino como una inversión habilitante: sin resolver o garantizar esta obligación, el país mantiene restricciones para acceder de forma regular, previsible y oportuna al principal mecanismo regional de compra de vacunas.
A esa deuda debe sumarse el costo de los biológicos vinculados a las vacunas que, según la circular ministerial, se encuentran afectadas por medidas de racionalización: BCG, pentavalente, SRP y toxoide tetánico-diftérico. Usando como referencia los precios incluidos en el documento técnico de planificación sanitaria, el costo de vacunas para un año de PAI regular en una cohorte de 600.000 niños incluye aproximadamente 277.200 dólares para BCG, 1.905.687 dólares para pentavalente y 3.521.700 dólares para SRP. Para toxoide tetánico-diftérico, el documento presenta una estimación de 2.613.819 dólares para vacuna DT adulto dentro de una campaña nacional de contención de difteria y sarampión. Aunque esta última cifra corresponde a una estrategia de campaña y no a una reposición rutinaria estricta, puede usarse como aproximación de referencia para dimensionar el componente Td/DT en un escenario de recuperación ampliada.
Bajo esa lógica, el costo directo de los biológicos asociados a las vacunas racionalizadas sería de aproximadamente 8,3 millones de dólares. Si se agregan los costos de flete, seguro y factor de reposición aplicados en el documento —20% para flete y seguro y 4,5% como factor de reposición—, el subtotal operativo para estos biológicos se ubicaría alrededor de 10,4 millones de dólares. Al sumar la regularización de la deuda con el Fondo Rotatorio, el requerimiento financiero mínimo inicial se aproxima a 22,4 millones de dólares.
Esta cifra debe interpretarse como un piso financiero, no como el costo total de recuperación del PAI. No incluye de manera completa jeringas, diluyentes, costos de última milla, campañas de comunicación, supervisión, recuperación de esquemas atrasados, fortalecimiento de vigilancia ni todos los requerimientos de cadena de frío. Tampoco incorpora una actualización de precios a 2026 ni posibles variaciones por disponibilidad global, fabricante, presentación, condiciones de transporte o acuerdos específicos de adquisición.
Una aproximación más programática es utilizar el costo estimado en el documento para el restablecimiento del PAI regular. Para una población objetivo de 600.000 niños menores de un año, el plan estima 36,9 millones de dólares en productos —vacunas y jeringas— y 45,9 millones de dólares al incluir flete, seguro, factor de reposición y otros costos logísticos. Si a esa cifra se suma la deuda de 12 millones de dólares con el Fondo Rotatorio, la normalización inicial del PAI regular requeriría al menos 57,9 millones de dólares.
Existe, sin embargo, un tercer escenario más ambicioso y probablemente más realista si se considera la acumulación de susceptibles: combinar el restablecimiento del PAI regular con una campaña nacional de recuperación frente a sarampión y difteria. El documento técnico estimó una campaña de contención para 22,1 millones de personas, con un costo total de 158,8 millones de dólares para SRP, DT adulto, jeringas, flete, seguro y factor de reposición. Si se suman esta campaña, el restablecimiento del PAI regular y la deuda al Fondo Rotatorio, el costo de una respuesta nacional integral se aproximaría a 216,7 millones de dólares, sin contar eventuales ajustes por inflación internacional, actualización de precios, costos operativos adicionales o expansión de cadena de frío.
| Escenario | Componentes incluidos | Costo aproximado |
| Piso financiero inicial | Pago deuda Fondo Rotatorio + biológicos racionalizados principales + flete/seguro/factor de reposición | US$ 22,4 millones |
| Normalización inicial del PAI regular | Pago deuda + restablecimiento del PAI regular para 600.000 niños menores de un año | US$ 57,9 millones |
| Recuperación nacional ampliada | Pago deuda + PAI regular + campaña nacional de contención sarampión/difteria | US$ 216,7 millones |
Resumen de costos directos de biológicos racionalizados
| Concepto | Monto aproximado |
| Deuda Fondo Rotatorio OPS | US$ 12.000.000 |
| BCG | US$ 277.200 |
| Pentavalente | US$ 1.905.687 |
| SRP | US$ 3.521.700 |
| DT adulto / Td como referencia de recuperación | US$ 2.613.819 |
| Subtotal biológicos racionalizados | US$ 8.318.406 |
| Flete/seguro 20% + factor reposición 4,5% | US$ 2.038.009 |
| Piso mínimo estimado | US$ 22.356.415 |
La lectura política de estas cifras es importante. La normalización del PAI no requiere montos imposibles si se compara con otros gastos públicos nacionales o con el costo sanitario, económico y reputacional de un brote de sarampión, difteria, fiebre amarilla o polio. El obstáculo principal no parece ser únicamente la magnitud financiera, sino la combinación de deuda, falta de planificación pública, opacidad de inventarios, debilidad logística y ausencia de un mecanismo transparente de ejecución.
Por ello, una estrategia viable debería organizarse en tres tiempos. En el corto plazo, movilizar aproximadamente 22 a 25 millones de dólares para regularizar la deuda y reponer los biológicos más críticos sometidos a racionalización. En el primer año, asegurar al menos 58 millones de dólares para restablecer el PAI regular nacional. Y, en paralelo, diseñar un paquete de recuperación ampliada que permita cerrar brechas acumuladas de sarampión, difteria y otros susceptibles, con un financiamiento adicional que podría elevar la respuesta integral por encima de 200 millones de dólares.
Este cálculo refuerza una conclusión central del ensayo: la racionalización de vacunas no es solo una señal de escasez, sino una señal de subfinanciamiento programático. La solución no puede limitarse a conseguir algunas dosis de emergencia. Venezuela necesita recuperar acceso pleno al Fondo Rotatorio, financiar el PAI con horizonte plurianual, actualizar su estimación de cohortes, publicar inventarios y coberturas, y establecer un mecanismo de gobernanza financiera que permita transformar recursos en vacunas aplicadas, registradas y verificables.
Nota de fuente: Los costos de BCG, pentavalente y SRP provienen de la sección de cuantificación del PAI regular del documento Estudio del Sector Salud en Venezuela UCAB/BID, donde se estima una cohorte de 600.000 niños y se presenta una inversión total de US$36.880.875 en vacunas y jeringas para RN a 12 meses, con un consolidado posterior de US$45.949.539,60 al incluir flete, seguro, factor de reposición y flete comercial. El monto de DT adulto se toma de la campaña de contención sarampión-difteria del mismo documento, donde se estima US$2.613.819 para DT adulto y un total general de US$158.798.260,46 para la campaña nacional. Estos valores son referenciales y corresponden a precios 2020-2021.
7. Cooperación externa: Gavi, OPS, UNICEF y financiamiento especial
La cooperación internacional ha sido esencial para sostener componentes del PAI venezolano en los últimos años. Gavi incorporó a Venezuela dentro de mecanismos de apoyo para países de ingreso medio, con el objetivo de evitar retrocesos, sostener inmunizaciones y facilitar nuevas introducciones o recuperación de coberturas. Este apoyo puede ser catalítico, pero no debe sustituir la responsabilidad fiscal nacional.
UNICEF y OPS también han contribuido en áreas críticas, especialmente cadena de frío, logística y preparación para llegada de vacunas. UNICEF reportó inversiones importantes en equipos para almacenamiento y transporte de vacunas, incluyendo cámaras frías, refrigeradores solares, generadores, sistemas de monitoreo de temperatura, termos portavacunas y vehículos. Estos esfuerzos son indispensables, pero abren una pregunta incómoda: si se han realizado inversiones relevantes en cadena de frío y logística, ¿por qué en 2026 el país enfrenta racionalización de vacunas esenciales?
La respuesta probablemente no se encuentra en un solo cuello de botella. Puede haber problemas simultáneos de compra, deuda, planificación, distribución, registro, ejecución presupuestaria, cadena de frío, disponibilidad de personal y transparencia. Por eso, la solución no puede limitarse a recibir nuevas dosis. Debe reconstruirse el sistema que permite que esas dosis lleguen oportunamente al niño correcto, en el municipio correcto, con registro y seguimiento.
8. Análisis diferencial de riesgo por vacuna y enfermedad
No todas las vacunas afectadas por la racionalización tienen el mismo perfil de riesgo. La evaluación debe balancear probabilidad de exposición, transmisibilidad, prevalencia local, severidad clínica, letalidad, acumulación de susceptibles, presencia regional de brotes y capacidad del sistema para detectar y responder.
Sarampión, rubéola y parotiditis: riesgo crítico inmediato
La SRP debe considerarse una prioridad crítica. El sarampión es una de las enfermedades infecciosas más transmisibles y requiere coberturas muy altas, cercanas o superiores a 95% con dos dosis, para evitar brotes. Además, existe actividad regional documentada en las Américas, con brotes recientes en múltiples países.
Diferir dosis de SRP en Venezuela puede generar acumulación rápida de susceptibles, especialmente en municipios con coberturas bajas, alta movilidad, migración o debilidad de vigilancia. El riesgo no es teórico: Venezuela ya tuvo un brote importante entre 2017 y 2019. El país sabe lo que ocurre cuando se acumulan niños no vacunados.
Por tanto, la racionalización de SRP tiene el mayor riesgo epidémico inmediato. Si hay escasez, deben priorizarse primeras dosis oportunas, recuperación de niños con esquemas incompletos y municipios con mayor riesgo de importación o transmisión. El diferimiento de la segunda dosis solo puede aceptarse si existe un plan fechado de reposición y campaña de recuperación.
Pentavalente: riesgo alto en lactantes y por antecedente de difteria
La pentavalente protege frente a difteria, tétanos, pertussis, hepatitis B y enfermedad por Haemophilus influenzae tipo b. Su racionalización es especialmente preocupante en lactantes, porque el retraso de las dosis primarias deja expuestos a niños pequeños frente a enfermedades graves.
La difteria merece atención particular. Venezuela experimentó una reemergencia de difteria después de años de control, lo cual demuestra que esta enfermedad puede reaparecer cuando bajan las coberturas. Pertussis e Hib también son amenazas importantes para lactantes pequeños, con riesgo de hospitalización, complicaciones y muerte.
Si la disponibilidad de pentavalente es limitada, la prioridad debe ser completar la serie primaria en menores de un año. Diferir refuerzos puede ser menos grave que interrumpir la vacunación primaria, pero no es inocuo. Todo diferimiento debe acompañarse de una lista nominal de pendientes, fecha de recuperación y seguimiento activo.
Polio: baja probabilidad actual, consecuencia catastrófica
La poliomielitis no circula de forma endémica en las Américas, pero la caída de coberturas y la debilidad de la vigilancia aumentan el riesgo de importación o reintroducción. La probabilidad inmediata de un caso puede ser menor que la del sarampión, pero la consecuencia sería catastrófica: parálisis irreversible, alarma sanitaria internacional, campañas masivas de respuesta, pérdida de confianza y enorme costo reputacional.
La polio es el ejemplo clásico de enfermedad de baja probabilidad pero altísimo impacto. Por eso no debe ser desplazada en la planificación. Venezuela debe sostener coberturas altas, vigilancia sensible de parálisis flácida aguda y respuesta rápida ante cualquier sospecha.
Fiebre amarilla: riesgo focal, geográfico y de alta letalidad
La fiebre amarilla tiene un perfil distinto. No tiene la transmisibilidad directa del sarampión, pero su letalidad puede ser muy alta y su riesgo depende de geografía, ocupación, movilidad y circulación selvática. OPS ha reportado transmisión sostenida en partes de Suramérica y casos en Venezuela, incluyendo áreas con expansión geográfica.
Por tanto, la fiebre amarilla debe priorizarse territorialmente. La vacunación debe asegurarse en municipios de riesgo, zonas selváticas y peri-selváticas, áreas fronterizas, comunidades indígenas, población minera, trabajadores agrícolas, militares, viajeros internos y regiones con epizootias o evidencia de circulación viral.
Racionalizar fiebre amarilla sin mapa de riesgo puede ser peligroso. El país necesita una estrategia focalizada: no basta distribuir dosis de manera uniforme; hay que proteger primero los territorios donde el virus puede matar.
BCG: menor probabilidad de evento, pero alta severidad individual
La BCG no previene de manera confiable toda la tuberculosis pulmonar del adulto, pero sí protege a los niños pequeños contra formas graves como tuberculosis meníngea y tuberculosis miliar. Su racionalización no generará brotes explosivos como el sarampión, pero puede producir eventos catastróficos individuales: meningitis tuberculosa, discapacidad neurológica o muerte.
El riesgo debe analizarse a la luz de la carga local de tuberculosis, pobreza, hacinamiento, población indígena, prisiones, migración, coinfección y barreras de acceso al diagnóstico. La prioridad debe ser mantener BCG neonatal, especialmente en maternidades de alto volumen, recién nacidos con riesgo social y epidemiológico, y zonas con mayor incidencia de tuberculosis.
Toxoide tetánico-diftérico: riesgo focal y materno
El tétanos no se transmite de persona a persona. Por eso su riesgo epidémico es menor. Sin embargo, es una enfermedad grave y potencialmente letal. El riesgo se concentra en heridas contaminadas, trabajadores agrícolas, personas con esquemas incompletos, adultos mayores, embarazadas y recién nacidos de madres no inmunizadas.
La racionalización del toxoide tetánico-diftérico no debe excluir a embarazadas ni a personas con heridas de riesgo. En un país con desigualdad de acceso, partos fuera de instituciones y población rural vulnerable, reducir el acceso puede poner en peligro logros históricos como la eliminación del tétanos materno y neonatal como problema de salud pública.
9. Jerarquía práctica de riesgo
Una política de racionalización debería ordenar prioridades según riesgo epidemiológico, no solo según disponibilidad.
| Prioridad | Vacuna / enfermedad | Justificación |
| Prioridad crítica inmediata | SRP / sarampión | Alta transmisibilidad, brotes regionales, necesidad de coberturas ≥95% con dos dosis. |
| Prioridad crítica focal | Fiebre amarilla | Alta letalidad, circulación en Suramérica y riesgo territorial específico. |
| Prioridad alta infantil | Pentavalente | Protección de lactantes frente a difteria, pertussis, Hib, hepatitis B y tétanos. |
| Prioridad alta por impacto catastrófico | Polio | Baja probabilidad actual, pero consecuencias sanitarias y reputacionales enormes. |
| Prioridad alta neonatal/focal | BCG | Prevención de TB meníngea y miliar en lactantes. |
| Prioridad focal y materna | Td | Protección de embarazadas, heridas de riesgo, adultos vulnerables y prevención de tétanos neonatal. |
Esta jerarquía no significa abandonar ninguna vacuna. Significa que ,ante escasez, las decisiones deben estar guiadas por riesgo, evidencia y transparencia. Racionalizar sin criterios públicos erosiona confianza y aumenta inequidad.
10. Planificación: 500.000 nacimientos anuales
Con una cohorte aproximada de 500.000 nacimientos anuales, cada punto porcentual de cobertura representa miles de niños. Si una vacuna esencial alcanza solo 80% de cobertura, alrededor de 100.000 niños de esa cohorte pueden quedar sin protección completa. Si cae a 70%, la brecha se aproxima a 150.000 niños. En sarampión, donde se requieren coberturas muy altas para impedir transmisión, esas brechas son epidemiológicamente inaceptables.
La planificación del PAI debe partir de la cohorte de nacimientos, pero no terminar allí. Debe incluir dosis necesarias, pérdidas esperadas, jeringas, diluyentes, cadena de frío, transporte, personal, supervisión, monitoreo de temperatura, sistemas de información, búsqueda activa, comunicación comunitaria y vigilancia. Una vacuna comprada pero no aplicada, una vacuna aplicada pero no registrada o una vacuna disponible solo en algunos municipios son expresiones distintas de la misma falla.
11. Responsabilidad de los actores y acciones urgentes
Gobierno nacional / MPPS
El gobierno tiene la responsabilidad primaria e indelegable de garantizar el PAI. Debe publicar, los inventarios de vacunas, las coberturas nacionales y subnacionales, los criterios de priorización y el cronograma de reposición.
Acciones prioritarias:
- Publicar inventario nacional y estadal de BCG, pentavalente, SRP, Td, polio y fiebre amarilla.
- Publicar coberturas por vacuna, edad, municipio y trimestre.
- Garantizar primera dosis de SRP y plan de recuperación de segunda dosis.
- Proteger la serie primaria de pentavalente en menores de un año.
- Mantener BCG neonatal en maternidades de alto volumen y zonas de riesgo.
- Priorizar fiebre amarilla según mapa de riesgo.
- Mantener Td para embarazadas y heridas de riesgo.
- Reforzar vigilancia de sarampión/rubéola, difteria, PFA, fiebre amarilla y tétanos neonatal.
- Regularizar la deuda o negociar un acuerdo transparente con OPS para recuperar acceso sostenido al Fondo Rotatorio.
- Crear un tablero público de seguimiento del PAI.
Gobiernos amigos y cooperación bilateral (Estados Unidos y otros socios)
Los gobiernos aliados con capacidad de cooperación humanitaria y sanitaria pueden desempeñar un papel importante para evitar una interrupción prolongada del Programa Ampliado de Inmunizaciones. En particular, Estados Unidos dispone de mecanismos de asistencia internacional, fondos humanitarios y programas de apoyo a la salud global que podrían contribuir a fortalecer la respuesta venezolana mediante canales multilaterales y organizaciones implementadoras.
La experiencia reciente demuestra que, en situaciones de emergencia sanitaria, la movilización rápida de recursos financieros puede ser tan importante como la disponibilidad de vacunas. La agilización de fondos humanitarios, la flexibilización de mecanismos de ejecución y el apoyo a compras de emergencia pueden reducir significativamente los tiempos de respuesta.
Acciones prioritarias:
- Facilitar el uso de fondos humanitarios destinados a salud infantil, inmunización y fortalecimiento de sistemas sanitarios.
- Apoyar financieramente campañas de recuperación de esquemas de vacunación en municipios de alto riesgo.
- Canalizar recursos a través de OPS, UNICEF, Gavi y organizaciones humanitarias con capacidad operativa en el país.
- Evaluar mecanismos excepcionales para apoyar la adquisición de vacunas esenciales mientras se regularizan los procesos nacionales de compra.
- Financiar costos operativos frecuentemente desatendidos, incluyendo transporte, cadena de frío, combustible, monitoreo y supervisión.
- Apoyar sistemas de información, vigilancia epidemiológica y registro nominal de vacunación.
- Facilitar asistencia técnica para planificación, gestión logística y evaluación independiente de coberturas.
- Promover mecanismos de transparencia y rendición de cuentas asociados al uso de recursos internacionales.
- Explorar instrumentos de cooperación fiscal y financiera que permitan acelerar desembolsos para programas prioritarios de inmunización.
- Coordinar esfuerzos con otros gobiernos donantes, bancos multilaterales y agencias de cooperación para evitar duplicaciones y maximizar impacto.
La cooperación bilateral no debe sustituir la responsabilidad del Estado venezolano de financiar y sostener su programa de inmunizaciones. Sin embargo, en un contexto de riesgo epidemiológico creciente, los gobiernos amigos pueden actuar como catalizadores para cerrar brechas críticas, proteger a las cohortes infantiles más vulnerables y evitar retrocesos sanitarios con consecuencias regionales. OPS / PAHO
OPS debe actuar como socio técnico y garante regional. La caída de coberturas en Venezuela afecta la seguridad sanitaria de las Américas.
Acciones prioritarias:
- Acompañar un plan nacional de recuperación del PAI con metas trimestrales.
- Facilitar compras mediante el Fondo Rotatorio bajo criterios de transparencia y sostenibilidad.
- Apoyar análisis de riesgo subnacional.
- Fortalecer vigilancia de enfermedades prevenibles.
- Publicar reportes técnicos periódicos junto con el país.
- Apoyar microplanificación en municipios de baja cobertura.
UNICEF
UNICEF puede contribuir en logística, cadena de frío, vacunación infantil, búsqueda activa y comunicación comunitaria.
Acciones prioritarias:
- Auditar funcionamiento real de la cadena de frío instalada.
- Apoyar registro nominal de niños cero dosis y esquemas incompletos.
- Fortalecer vacunación en maternidades.
- Apoyar jornadas móviles en comunidades vulnerables.
- Financiar logística de última milla.
- Desarrollar comunicación con cuidadores para evitar que el diferimiento se convierta en abandono del esquema.
Gavi y donantes internacionales
El apoyo externo debe ser catalítico, temporal y orientado a sostenibilidad.
Acciones prioritarias:
- Financiar campañas de catch-up de SRP, pentavalente y polio.
- Apoyar fiebre amarilla en zonas de riesgo.
- Financiar costos operativos, no solo compra de dosis.
- Condicionar apoyo a datos públicos, monitoreo independiente y metas verificables.
- Crear un puente financiero para recuperar acceso regular al Fondo Rotatorio.
- Apoyar nuevas introducciones o reintroducciones de vacunas si han sido suspendidas del esquema.
Academia, sociedades científicas y colegios profesionales
La academia y las sociedades científicas deben ir más allá de la denuncia. Pueden producir análisis independientes, formar personal, comunicar riesgo, contribuir a la vigilancia y auditoria ciudadana.
Acciones prioritarias:
- Elaborar una matriz independiente de riesgo por vacuna y estado.
- Monitorear señales clínicas de sarampión, difteria, pertussis, fiebre amarilla, PFA y tétanos.
- Capacitar personal sanitario en diagnóstico, notificación y manejo inicial.
- Comunicar riesgo sin alarmismo y defender la confianza en vacunas.
- Participar en un comité técnico independiente.
ONG y organizaciones humanitarias
Las ONG pueden ayudar a identificar brechas reales en terreno, reducir barreras de acceso y apoyar vacunación de recuperación.
Acciones prioritarias:
- Mapear niños cero dosis y esquemas incompletos.
- Identificar barreras de acceso por municipio.
- Apoyar jornadas móviles en zonas vulnerables.
- Documentar disponibilidad real en ambulatorios.
- Trabajar con líderes comunitarios.
- Facilitar transporte, convocatoria y seguimiento de familias.
Sector privado y red asistencial no gubernamental
El sector privado no sustituye al PAI, pero puede contribuir a vigilancia, educación y recuperación de esquemas.
Acciones prioritarias:
- Revisar esquema de vacunación en cada consulta pediátrica, prenatal o de adultos.
- Reportar sospechas de enfermedades prevenibles.
- Referir a puntos activos de vacunación.
- Compartir datos agregados con sociedades científicas.
- Educar a familias sobre la importancia de completar esquemas.
- Evitar mensajes que normalicen la escasez como si fuera una estrategia aceptable.
12. Las políticas públicas requeridas para la transformación del PAI
El racionamiento de vacunas en cualquier país, con las consecuencias en el aumento del riesgo de la salud de las poblaciones, no es una falla limitada de la gestión pública. Tampoco es un mero hecho circunstancial en la toma de decisiones de los gobiernos. Es un problema mucho más serio y profundo. Revelador de inmensas fallas estructurales en la calidad de las políticas públicas.
Los programas de vacunas tienen al menos dos características poco frecuentes en las políticas públicas. La primera está relacionada con la alta efectividad comparada con el costo. Son probablemente las soluciones a problemas públicos con el mayor impacto en la calidad de vida en el corto, mediano, y largo plazo. Basta pensar en las consecuencias que tiene erradicar una enfermedad por la vacunación universal contra ella. El impacto es absolutamente incalculable.
La segunda característica es que la logística para la administración de vacunas, aunque compleja y sofisticada, se puede descomponer en múltiples procesos verificables y controlables. Esto significa que la sistematización de las acciones es mucho más factible de llevar a la práctica. Comparemos solamente con lo que implica prevenir el cáncer de colon o mejorar la calidad de la educación secundaria.
Entonces, ¿cómo se puede explicar que una solución tan potente y viable no sea aplicada con el máximo de cobertura? ¿Cuál es la causa para tan pobre desempeño de los programas de vacunación en muchos países del mundo, incluido Venezuela? Las razones están relacionadas con las dificultades de los países para acordar políticas públicas efectivas y sostenibles. Cuando las sociedades no pueden acordar sobre los valores más trascendentales como la vida y la salud, se produce una falla sistémica con consecuencias severas. Que muchos países de América Latina hayan registrado involuciones notables en la cobertura de vacunas es una demostración evidente de no contar con acuerdos fundamentales.
Para transformar urgentemente el PAI se requiere poner en marcha políticas públicas que se fundamenten en acuerdos explícitos y amplios de todos los actores sociales bajo la responsabilidad de los gobiernos en todos los niveles. Estos acuerdos deben abarcar las siguientes áreas:
1. Alta prioridad de las vacunas. Esto implica que las decisiones sobre las vacunas se deben situar en el más alto nivel de políticas públicas. Esto significa la coincidencia de los poderes ejecutivos y legislativos, y de la más amplia representación de la sociedad. Las vacunas deben ser un acuerdo de la mayor relevancia en los países.
- Sostenibilidad institucional y financiera. La ejecución del PAI debe ser regular, sistemática, sin interrupciones en el cumplimiento de las actividades. Para ello se requiere que los procesos de gestión estén fundamentados en la mayor sostenibilidad institucional y financiera. Se deben acordar regularmente las medidas que garanticen la mayor efectividad del PAI.
3. Monitoreo del impacto en las enfermedades prevenibles. Las vacunas tienen utilidad para distintas enfermedades prevenibles. El impacto no debe atender a la población cubierta con vacunas, sino a la disminución progresiva de los casos de las enfermedades prevenibles por ellas. Por cada una de las enfermedades prevenibles se debe monitorear el progreso en las tasas de incidencias con el fin de incorporar las medidas correctivas necesarias.
- Calidad de la gestión en los diferentes ámbitos de responsabilidad. La gestión de vacunas abarca desde las funciones generales estratégicas hasta su aplicación en servicios locales específicos. En cada uno de estos niveles deben acordarse las pautas y rutinas requeridas para el cumplimiento de los objetivos del PAI.
- Seguimiento y evaluación. Cada año debe elaborarse un informe pormenorizado de la gestión del PAI. Este informe debe ser coordinado por los responsables del PAI, con el apoyo de instancias especializadas de universidades y centros de investigación. Este informe será la base para la solicitud del presupuesto del año siguiente. También deberá ser presentado para su aprobación a la Asamblea Nacional anualmente en las instancias correspondientes.
- Asignación de recursos anuales y plurianuales. De acuerdo con el informe anual del PAI señalado, se solicitarán los recursos requeridos para la gestión del año siguiente, pero también para los siguientes años, especialmente por las inversiones en dotación y actualización que deban realizarse en períodos más amplios. La asignación de recursos debe ser consecuencia del acuerdo de políticas públicas de todos los actores representados en la Asamblea Nacional.
- Consejo Consultivo Nacional de Vacunas (CCNV). El CCNV tendrá como funciones el seguimiento y asesoría a la Asamblea Nacional en todos los aspectos relacionados con la gestión del PAI. El CCNV conocerá el informe anual del PAI y emitirá las respectivas recomendaciones. El CCNV estará compuesto por la representación más amplia de todos los sectores relacionados con el mejor desempeño posible del PAI.
Garantizar el acceso de las vacunas a toda la población es una meta fundamental para el desarrollo del país. Es también una demostración de que la sociedad puede proteger a todos sus ciudadanos a través de acuerdos amplios y sostenibles. El éxito de esta transformación dependerá fundamentalmente de la capacidad de la sociedad para acordar.
Conclusión
La circular N.° VRSC/DGE/DI 020/2026 no debe ser interpretada como una simple instrucción administrativa. Es una alerta sanitaria. Cuando un país racionaliza vacunas esenciales, está administrando escasez, pero también está administrando riesgo. Ese riesgo no es igual para todas las enfermedades: el sarampión exige respuesta inmediata por su alta transmisibilidad y actividad regional; la fiebre amarilla requiere priorización territorial por su letalidad y expansión geográfica; la pentavalente protege a lactantes frente a enfermedades que ya han reaparecido en Venezuela; la polio tiene baja probabilidad actual pero consecuencias catastróficas; la BCG protege contra formas infrecuentes pero devastadoras de tuberculosis infantil; y el toxoide tetánico-diftérico sigue siendo indispensable para embarazadas, heridas de riesgo y poblaciones rurales.
La respuesta no puede limitarse a “usar mejor lo poco disponible”. El país necesita reconstruir un PAI financiado, transparente, medible y protegido como prioridad nacional de seguridad sanitaria. La situación actual exige reconocer un principio de responsabilidad compartida pero diferencial: el Estado venezolano mantiene la responsabilidad primaria e indelegable de garantizar el acceso universal a las vacunas, pero los organismos multilaterales, los mecanismos regionales de compra, los socios de cooperación internacional, las agencias humanitarias, la academia y las organizaciones de la sociedad civil tienen responsabilidades complementarias acordes con sus capacidades técnicas, financieras y operativas. En el contexto de la nueva situación geopolítica de Venezuela, caracterizada por restricciones financieras acumuladas, cambios en los mecanismos de cooperación internacional, reconfiguración de alianzas y desafíos persistentes para el acceso oportuno a bienes esenciales de salud, la recuperación del programa de inmunizaciones requiere una respuesta extraordinaria y urgente.
La prioridad inmediata debe ser resolver de manera rápida y efectiva los obstáculos financieros que limitan la adquisición sostenida de vacunas, incluyendo la regularización de compromisos pendientes, la movilización de recursos nacionales e internacionales y la garantía de acceso estable a mecanismos como el Fondo Rotatorio de la OPS. Solo después de asegurar el financiamiento necesario podrá abordarse con eficacia la segunda dimensión crítica: la logística de distribución, almacenamiento, cadena de frío, transporte, monitoreo y aplicación de las dosis en todo el territorio nacional. La urgencia epidemiológica no permite respuestas graduales ni dilaciones administrativas. Esto exige regularizar el acceso al Fondo Rotatorio de OPS, asegurar financiamiento plurianual, publicar datos, fortalecer cadena de frío, ejecutar campañas de recuperación, sostener vigilancia epidemiológica y crear una gobernanza técnica que incluya al Estado, OPS, UNICEF, Gavi, academia, sociedades científicas, organizaciones humanitarias y comunidades, con metas verificables y mecanismos de rendición de cuentas que permitan garantizar a la población el acceso oportuno y equitativo a las vacunas esenciales.
En vacunas, la demora tiene consecuencias. Cada mes de escasez suma susceptibles. Cada cohorte incompleta aumenta el riesgo de brotes. Cada decisión opaca debilita la confianza. Venezuela no necesita una política de racionalización prolongada; necesita una política de recuperación urgente del derecho a la inmunización.
*Dr. Julio S Castro M. MD, Msc.Médico Internista Infectólogo. Profesor/Investigador UCV Facultad de Medicina. Instituto de medicina Tropical. Email: [email protected]
*Dr. Marino Gonzales R. MD, MSc, PhD
Especialista En Políticas Publicas y políticas de Salud .Profesor Universidad Simón Bolívar . Caracas . Investigador asociado en economía de la salud Universidad de la Rioja . España. Email: [email protected]
