Dr. Julio S Castro M. MD, Msc.*
Dr. Marino Gonzales MD, MSc, PhD*
Introducción
La circular N.° VRSC/DGE/DI 020/2026 del Ministerio del Poder Popular para la Salud, titulada “Optimización del uso de las vacunas disponibles”, marca un punto crítico en la historia reciente del Programa Ampliado de Inmunizaciones en Venezuela. Según el comunicado conjunto de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría, la Sociedad Venezolana de Infectología, la Sociedad Venezolana de Salud Pública y la Academia Nacional de Medicina, la Dirección Nacional de Inmunizaciones instruyó medidas de racionalización ante la limitada disponibilidad de BCG, pentavalente, toxoide tetánico-diftérico y SRP. En términos administrativos, la circular habla de optimización; en términos epidemiológicos, describe una situación de escasez de biológicos esenciales.
La escasez de vacunas no es un problema logístico menor. Es una amenaza directa a la protección colectiva, a la prevención de brotes y al derecho de los niños a recibir un esquema completo y oportuno. Cuando un país debe diferir segundas dosis, limitar refuerzos o restringir la aplicación de vacunas al nacimiento, el problema deja de ser exclusivamente operativo y se convierte en un indicador de falla programática. La inmunización no funciona como una intervención aislada, sino como un sistema: requiere planificación, financiamiento, compras oportunas, cadena de frío, registro nominal, vigilancia epidemiológica, confianza social y rendición de cuentas.
El caso venezolano debe analizarse dentro de un contexto regional complejo. Después de la pandemia de COVID-19, las Américas han experimentado una recuperación incompleta de sus coberturas de vacunación. Aunque algunos indicadores han mejorado, persisten brechas importantes, aumento de niños cero dosis, coberturas subóptimas de DTP3, riesgo de reintroducción de poliovirus, expansión de fiebre amarilla y brotes de sarampión en varios países. En ese contexto, una política de racionalización de vacunas en Venezuela no puede evaluarse solo por el número de dosis disponibles. Debe evaluarse por el riesgo epidemiológico que genera.
Este ensayo propone que la circular VRSC/DGE/DI 020/2026 debe ser leída como una señal de alerta. No solo revela una escasez coyuntural de biológicos; expone una vulnerabilidad estructural del PAI venezolano, relacionada con bajas coberturas, dependencia de financiamiento externo, debilidad en la planificación, opacidad de datos, deuda con mecanismos regionales de compra y limitada capacidad de respuesta sostenida.
1. Una circular que revela una crisis programática
Las vacunas afectadas por las medidas de racionalización mencionadas en el comunicado de las sociedades científicas incluyen BCG, pentavalente, toxoide tetánico-diftérico y SRP. Estas vacunas no son marginales dentro del esquema nacional: constituyen el núcleo de la protección infantil y comunitaria frente a tuberculosis grave infantil, difteria, tétanos, pertussis, hepatitis B, enfermedad por Haemophilus influenzae tipo b, sarampión, rubéola y parotiditis.
La racionalización de vacunas puede ser una herramienta aceptable en situaciones de emergencia, siempre que esté basada en criterios explícitos de riesgo, temporalidad definida, transparencia de inventarios y un plan público de reposición. Pero cuando la racionalización se transforma en diferimiento indefinido o suspensión temporal de componentes del esquema, el efecto poblacional puede ser acumulativo. Cada cohorte parcialmente vacunada se suma a la anterior. Cada municipio con baja cobertura se convierte en un bolsillo de susceptibles. Cada niño no vacunado o vacunado tarde representa una falla prevenible.
El lenguaje administrativo puede suavizar el problema. Sin embargo, en salud pública, diferir una dosis no es simplemente cambiar una fecha: es modificar una barrera de protección. En enfermedades altamente transmisibles, como el sarampión, pequeños descensos de cobertura pueden generar brotes explosivos. En enfermedades de baja frecuencia pero alta severidad, como la tuberculosis meníngea o el tétanos neonatal, la consecuencia puede no ser un brote masivo, pero sí una muerte o discapacidad evitable. Por eso, el análisis debe ir más allá del inventario de vacunas y debe preguntarse: ¿qué riesgo se genera al racionalizar cada biológico?, ¿dónde es más peligroso diferir?, ¿quiénes son los grupos que no pueden esperar?, ¿qué acciones deben tomar los diferentes actores?
2. La región de las Américas: recuperación incompleta post-COVID
La situación venezolana ocurre en una región donde las coberturas de vacunación todavía no han recuperado plenamente los niveles necesarios para sostener la eliminación o control de enfermedades prevenibles. La OPS y UNICEF han documentado que, aunque hubo avances en 2024, más de 1,4 millones de niños en las Américas no recibieron ninguna dosis de vacuna que contiene DTP. La cobertura regional de DTP3 se mantuvo alrededor de 86%, por debajo de la meta necesaria para una protección comunitaria robusta.
Este dato es importante porque DTP3 es un indicador trazador del desempeño del programa de inmunizaciones. Cuando DTP3 cae, no solo se afecta la protección frente a difteria, tétanos y pertussis; suele reflejar fallas más amplias del sistema: acceso geográfico, continuidad de servicios, disponibilidad de biológicos, registro, confianza comunitaria y capacidad de seguimiento.
La situación de sarampión es todavía más sensible. En 2025, diez países de las Américas reportaron brotes de sarampión, con más de 10.000 casos confirmados y muertes asociadas. La mayoría de los casos ocurrió en personas no vacunadas o con estado vacunal desconocido. Esto demuestra que el sarampión sigue siendo el mejor detector de brechas inmunológicas. Donde hay susceptibles, el virus los encuentra.
Venezuela no puede analizar su PAI como si estuviera aislada. La movilidad humana, las fronteras, la migración, el comercio, los viajes y la circulación regional de enfermedades hacen que las brechas de un país afecten a toda la región. En este sentido, la racionalización de vacunas en Venezuela no es solo un problema doméstico: es un problema de seguridad sanitaria regional.
3. Venezuela: antecedentes recientes de brotes prevenibles
Venezuela ya vivió las consecuencias de la caída de coberturas. Entre 2017 y 2019, el país enfrentó un brote de sarampión que requirió una respuesta nacional de emergencia. La OPS documentó que el brote fue controlado mediante una campaña de puesta al día realizada entre abril de 2018 y julio de 2019, dirigida a niños de 6 meses a 15 años, con más de 8,8 millones de niños vacunados y una inversión aproximada de 7 millones de dólares. De acuerdo con la información publicada por la OPS, esta respuesta contó con financiamiento y apoyo de socios internacionales, incluyendo recursos canalizados a través de la Organización Panamericana de la Salud y contribuciones de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), junto con otros cooperantes que respaldaron la adquisición de vacunas, actividades operativas, vigilancia epidemiológica y acciones de control del brote.
Esa experiencia deja dos lecciones. La primera es positiva: incluso en condiciones difíciles, Venezuela pudo interrumpir la transmisión del sarampión cuando hubo cooperación técnica, financiamiento externo, vacunas disponibles, vigilancia y campaña intensiva. La segunda es preocupante: el país necesitó una intervención extraordinaria para corregir una falla que debió haberse prevenido con vacunación rutinaria sostenida.
Una campaña de emergencia puede controlar un brote, pero no reemplaza al PAI. De hecho, las campañas de rescate suelen ser más costosas, más difíciles y más vulnerables a errores que un programa rutinario bien financiado. Cuando el país depende repetidamente de campañas de catch-up, donaciones o mecanismos extraordinarios, el sistema deja de prevenir y comienza a reaccionar. En inmunizaciones, reaccionar tarde casi siempre significa pagar más, vacunar bajo presión y aceptar muertes prevenibles.
4. El Fondo Rotatorio de la OPS: una herramienta regional de soberanía sanitaria
En América Latina, muchos países adquieren vacunas a través del Fondo Rotatorio para el Acceso a Vacunas de la OPS. Este mecanismo fue creado en 1977 mediante la resolución CD25.R27 del Consejo Directivo de la OPS, como parte del plan regional de inmunización. Su función ha sido permitir la compra conjunta de vacunas, jeringas e insumos relacionados para los Estados Miembros participantes.
El valor del Fondo Rotatorio no es solo financiero. También es técnico y estratégico. Permite consolidar demanda regional, negociar mejores precios, acceder a vacunas precalificadas por la OMS, mejorar la planificación de necesidades, reducir fragmentación de compras y apoyar la sostenibilidad de los programas nacionales de inmunización. Para países con mercados pequeños, presupuestos limitados o dificultades de adquisición internacional, el Fondo Rotatorio representa una herramienta de soberanía sanitaria compartida.
En 2024, los Fondos Rotatorios Regionales de la OPS compraron más de 800 millones de dólares en vacunas, medicamentos y tecnologías sanitarias, incluyendo 224 millones de dosis de vacunas. Este volumen muestra la importancia del mecanismo para la región. Perder acceso regular o tener acceso restringido al Fondo no es un detalle administrativo: puede traducirse en retrasos, menor previsibilidad, dependencia de donaciones y mayor riesgo de desabastecimiento.
5. Venezuela y la deuda con el Fondo Rotatorio
La deuda venezolana con el Fondo Rotatorio ha sido señalada como uno de los factores que limita el acceso regular del país a vacunas. Reportes basados en declaraciones de OPS indicaron que Venezuela mantenía una deuda aproximada de 11 millones de dólares con el Fondo, lo que restringía su capacidad de comprar vacunas a través de ese mecanismo. Diversos equipos técnicos nacionales e internacionales han explorado en distintos momentos alternativas financieramente viables para la regularización de esta deuda y la recuperación del acceso pleno al mecanismo; sin embargo, estas iniciativas no han logrado concretarse por múltiples obstáculos, en su mayoría relacionados con decisiones, procedimientos y limitaciones de carácter gubernamental.
En inmunizaciones, una deuda financiera se convierte rápidamente en deuda inmunológica. Cada retraso en la compra, cada barrera para acceder al mecanismo regional y cada interrupción de abastecimiento genera niños con esquemas incompletos, municipios con coberturas heterogéneas y cohortes susceptibles acumuladas. La escasez actual no puede explicarse solo por falta de biológicos en un momento determinado. Debe entenderse como parte de una cadena de decisiones financieras, administrativas y políticas que afectan la continuidad del PAI.
Hubo antecedentes de acceso diferenciado o excepcional en el contexto de vacunas contra COVID-19. OPS informó en 2021 la llegada a Venezuela de vacunas COVAX compradas con recursos del país y gestionadas a través del Fondo Rotatorio como agente de compras regional. Informes financieros posteriores de OPS señalaron que las compras de Venezuela por el Fondo estuvieron relacionadas exclusivamente con vacunas contra COVID-19. Sin embargo, no está suficientemente documentado que haya existido una excepción similar, amplia y sostenida, para vacunas rutinarias del PAI en 2024 o 2025. Este punto requiere verificación documental específica.
La pregunta central no es solo si Venezuela recibió alguna vacuna por vía extraordinaria, sino si el país tiene acceso regular, previsible y suficiente al mecanismo regional de compra para sostener todo su esquema nacional. La respuesta programática debe ser clara: regularizar la deuda o establecer un acuerdo transparente con OPS para recuperar el acceso sostenido al Fondo Rotatorio debe ser una prioridad nacional.
6. Aproximación de costos para normalizar el Programa Ampliado de Inmunizaciones
La discusión sobre la racionalización de vacunas en Venezuela no puede separarse de una pregunta operativa fundamental: ¿cuánto costaría comenzar a normalizar el Programa Ampliado de Inmunizaciones? La respuesta requiere distinguir entre tres niveles de intervención: primero, resolver el bloqueo financiero que limita el acceso regular al Fondo Rotatorio de la OPS; segundo, reponer los biológicos esenciales actualmente sometidos a racionalización; y tercero, reconstruir el PAI como programa rutinario nacional, con vacunas, jeringas, flete, seguro, cadena de frío y distribución.
Una primera condición financiera es la regularización de la deuda venezolana con el Fondo Rotatorio de la OPS. Para efectos de esta aproximación, se asume una deuda de 12 millones de dólares. Este pago no debe entenderse como un gasto administrativo aislado, sino como una inversión habilitante: sin resolver o garantizar esta obligación, el país mantiene restricciones para acceder de forma regular, previsible y oportuna al principal mecanismo regional de compra de vacunas.
A esa deuda debe sumarse el costo de los biológicos vinculados a las vacunas que, según la circular ministerial, se encuentran afectadas por medidas de racionalización: BCG, pentavalente, SRP y toxoide tetánico-diftérico. Usando como referencia los precios incluidos en el documento técnico de planificación sanitaria, el costo de vacunas para un año de PAI regular en una cohorte de 600.000 niños incluye aproximadamente 277.200 dólares para BCG, 1.905.687 dólares para pentavalente y 3.521.700 dólares para SRP. Para toxoide tetánico-diftérico, el documento presenta una estimación de 2.613.819 dólares para vacuna DT adulto dentro de una campaña nacional de contención de difteria y sarampión. Aunque esta última cifra corresponde a una estrategia de campaña y no a una reposición rutinaria estricta, puede usarse como aproximación de referencia para dimensionar el componente Td/DT en un escenario de recuperación ampliada.
Bajo esa lógica, el costo directo de los biológicos asociados a las vacunas racionalizadas sería de aproximadamente 8,3 millones de dólares. Si se agregan los costos de flete, seguro y factor de reposición aplicados en el documento —20% para flete y seguro y 4,5% como factor de reposición—, el subtotal operativo para estos biológicos se ubicaría alrededor de 10,4 millones de dólares. Al sumar la regularización de la deuda con el Fondo Rotatorio, el requerimiento financiero mínimo inicial se aproxima a 22,4 millones de dólares.
Esta cifra debe interpretarse como un piso financiero, no como el costo total de recuperación del PAI. No incluye de manera completa jeringas, diluyentes, costos de última milla, campañas de comunicación, supervisión, recuperación de esquemas atrasados, fortalecimiento de vigilancia ni todos los requerimientos de cadena de frío. Tampoco incorpora una actualización de precios a 2026 ni posibles variaciones por disponibilidad global, fabricante, presentación, condiciones de transporte o acuerdos específicos de adquisición.
Una aproximación más programática es utilizar el costo estimado en el documento para el restablecimiento del PAI regular. Para una población objetivo de 600.000 niños menores de un año, el plan estima 36,9 millones de dólares en productos —vacunas y jeringas— y 45,9 millones de dólares al incluir flete, seguro, factor de reposición y otros costos logísticos. Si a esa cifra se suma la deuda de 12 millones de dólares con el Fondo Rotatorio, la normalización inicial del PAI regular requeriría al menos 57,9 millones de dólares.
Existe, sin embargo, un tercer escenario más ambicioso y probablemente más realista si se considera la acumulación de susceptibles: combinar el restablecimiento del PAI regular con una campaña nacional de recuperación frente a sarampión y difteria. El documento técnico estimó una campaña de contención para 22,1 millones de personas, con un costo total de 158,8 millones de dólares para SRP, DT adulto, jeringas, flete, seguro y factor de reposición. Si se suman esta campaña, el restablecimiento del PAI regular y la deuda al Fondo Rotatorio, el costo de una respuesta nacional integral se aproximaría a 216,7 millones de dólares, sin contar eventuales ajustes por inflación internacional, actualización de precios, costos operativos adicionales o expansión de cadena de frío.
*Dr. Julio S Castro M. MD, Msc.Médico Internista Infectólogo. Profesor/Investigador UCV Facultad de Medicina. Instituto de medicina Tropical. Email: [email protected]
*Dr. Marino Gonzales MD, MSc, PhD
Especialista En Políticas Publicas y políticas de Salud .Profesor Universidad Simón Bolívar . Caracas . Investigador asociado en economía de la salud Universidad de la Rioja . España. Email: [email protected]
