Observatorio Electoral Venezolano
El pasado domingo pasó lo que tenía que pasar. Lo ocurrido no fue sino la consecuencia de un proceso ilegal y apresurado, convocado a destiempo, diseñado con un evidente sesgo a favor de la candidatura del Presidente Maduro, todo lo cual fue ampliamente registrado en sus diversos aspectos por el Observatorio Electoral Venezolano (OEV), así como por otras organizaciones. Fue el colofón de un proceso que se expresó en nuevas transgresiones a las normas vigentes, emblematizadas ese día por el intento de violar la libertad de los electores mediante acciones llevadas a cabo abierta e impunemente por el oficialismo mediante el uso del Carnet de la Patria, lo que, dicho sea de pasada, constituye la magnificación casi infinita del delito –compra de votos con recursos públicos– que, sin mayores pruebas, se tradujo en su momento en la “des proclamación” de los tres diputados de Amazonas y de la circunscripción indígena sur, electos para la Asamblea Nacional en el año 2015.
Por otra parte, en la tarde del mismo domingo, en actos separados e invocando cada uno sus razones, los candidatos Henri Falcón y Javier Bertucci comunicaron al país que no reconocerían los resultados que un poco más tarde anunciaría el Consejo Nacional Electoral (CNE), a la vez que proponían la realización de una nueva consulta hacia finales de año. Posteriormente, cabe advertirlo, Bertucci reconoció el triunfo del candidato, pero dejando en pie sus reparos respecto a la manera como tuvo lugar la elección.
En una alocución extremadamente breve, el CNE anunció, en efecto, el triunfo del candidato Nicolás Maduro, al tiempo que indicaba que la participación no alcanzaba el 50 por ciento, y sin que durante su comunicación hubiese alguna alusión a la posición asumida por los mencionados candidatos y dejase ver que su grave acusación pudiera tener alguna consecuencia sobre los resultados dados a conocer.
Dentro de este marco, luego de la intervención de la Presidenta Tibisay Lucena, el rector del CNE, Luis Emilio Rondón, declaró “… su no aceptación a estos resultados…”, destacando “…el incumplimiento a la normativa electoral, así como a los acuerdos suscritos por los propios candidatos…”, al tiempo que ponía a la orden de los candidatos su oficina “para atender las denuncias y esclarecer” los reparos que se pudiesen tener respecto a estos comicios. Tampoco en este caso hubo declaración alguna por parte de las autoridades electorales, lo que no deja de sorprender.
En virtud de lo anteriormente expresado, el OEV estima que lo ocurrido en el evento electoral del domingo 20 de mayo, dejó en los venezolanos la convicción generalizada de encontrarse ante unos comicios que no cumplieron los requisitos mínimos necesarios para ser calificados de imparciales, equitativos, transparentes y, por ende, confiables. Fue, por tanto, un evento que dejó dudas en las cifras emitidas y que puso de manifiesto las actuales inconsistencias de nuestro arbitraje electoral, derivadas fundamentalmente de su actuación parcializada. Dudas que comenzaron a generarse desde el momento mismo en que la Asamblea Nacional Constituyente llamó a la realización de los comicios. Tenemos, pues, al Presidente Maduro reelegido en medio de incidentes que cuestionan severamente la legitimidad de su nombramiento.
Después de realizados las pasadas elecciones, el país sigue, entonces, enganchado en su crisis, aun cuando ésta cobró otras dimensiones y características que obligan a los diversos actores políticos a repensar su responsabilidad en la elaboración de los consensos necesarios para hacerle frente a los graves desacomodos económicos y sociales que confronta Venezuela.
