Nosotros los abajo firmantes, organizaciones ambientalistas, organizaciones de derechos humanos de Venezuela y profesionales en los diversos temas relacionados con el ambiente, expresamos nuestra más profunda preocupación frente al reciente decreto emanado del Ejecutivo Nacional convocando a la realización de una Asamblea Nacional Constituyente. Este decreto incluye entre los objetivos descritos para esta convocatoria: “La preservación de la vida en el planeta, desarrollando constitucionalmente, con mayor especificidad los derechos soberanos sobre la protección de nuestra biodiversidad y el desarrollo de una cultura ecológica en nuestra sociedad”.
Por otra parte, el Artículo 347 de la Constitución Nacional indica que el objetivo de la Asamblea Nacional Constituyente es “… transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución”.
En el marco de la mencionada convocatoria, es lícito preguntarnos desde el punto de vista de los derechos ambientales de los venezolanos, sí en este momento sería pertinente realizar una transformación de las bases y estructura del Estado tal como lo expresa el artículo 347 y si se resulta necesario modificar los derechos ambientales presentes en la misma tal como es expresado en el Decreto de Convocatoria a la Asamblea Constituyente.
El texto Constitucional vigente establece en su artículo 127 que: “Toda persona tiene derecho individual y colectivamente a disfrutar de una vida y de un ambiente seguro, sano y ecológicamente equilibrado”. Este derecho es complementado en este mismo artículo por dos mandatos al Estado venezolano al indicar que: “El Estado protegerá el ambiente, la diversidad biológica, genética, los procesos ecológicos, los parques nacionales y monumentos naturales y demás áreas de especial importancia ecológica”; así como también que: “Es una obligación fundamental del Estado, con la activa participación de la sociedad, garantizar que la población se desenvuelva en un ambiente libre de contaminación, en donde el aire, el agua, los suelos, las costas, el clima, la capa de ozono, las especies vivas, sean especialmente protegidos, de conformidad con la ley”.
Sin embargo, el Estado Venezolano no ha cumplido con estas obligaciones que garantizan una mejor calidad de vida. Esta afirmación puede corroborarse por los siguientes hechos:
Venezuela vive uno de los racionamientos de agua más severos de su historia, sin que ello pueda ser explicado de manera clara con argumentos meramente climáticos o políticos. El mismo está afectando principalmente a las personas más pobres: En 2014 cinco millones de personas vivían en viviendas sin abastecimiento directo de agua (ENCOVI, 2014) y una encuesta reciente indica que el 69 % de las camas de hospitales públicos en todo el país están inoperativas por fallas en el suministro de agua (Encuesta Nacional de Hospitales 2016).
Con respecto a la obligación de proteger la diversidad biológica, genética y los procesos ecológicos, es fundamental resaltar que Venezuela tiene una de las tasas de deforestación más altas de Latinoamérica y, según un estudio reciente, es el único país de la región amazónica cuya tasa de deforestación de los bosques amazónicos ha venido creciendo en los últimos años. Esta situación afecta gravemente procesos vitales como la capacidad de captación de agua, conservación de la diversidad, protección de suelos y captación de carbono, entre otros. Asimismo, la crisis económica ha llevado a comunidades pobres en todo el país a recurrir a la explotación intensiva tanto de la fauna como de la vegetación para intentar cubrir sus necesidades.
A su vez, los parques nacionales y monumentos naturales están en uno de los peores momentos de la historia de este sistema. Todas las áreas naturales protegidas por Ley al sur del Orinoco presentan un alto grado de degradación generado por la minería ilegal de oro. El caso del Parque Nacional Canaima, declarado por la UNESCO como Patrimonio Natural de la Humanidad, es emblemático, ya que luego de múltiples denuncias aún no se ha realizado ninguna acción tendente a erradicar esta actividad de su territorio. Por su parte, las áreas naturales protegidas al norte del Orinoco se encuentran gravemente amenazadas por una enorme variedad de factores que van desde la construcción de viviendas por parte del gobierno dentro de estas áreas, hasta el avance acelerado de la agricultura.
Hablar de vivir en un ambiente libre de contaminación es una utopía en Venezuela. Por nombrar unos pocos ejemplos: La contaminación por mercurio afecta a una gran cantidad de comunidades indígenas y criollas en la Guayana venezolana; el Lago de Maracaibo sufre un avanzado estado de destrucción producto del efecto combinado de la industria petrolera y las aguas negras no tratadas; la población de la región central de Venezuela debe tomar agua con peligrosos niveles de contaminación; el tratamiento de las aguas servidas es prácticamente inexistente; la mayor parte de las zonas urbanas más pobres no tienen servicios de recolección de desechos sólidos y los vertederos ilegales de basura se multiplican por todo el país.
Asimismo, aun cuando el cambio climático es considerado el factor de riesgo más grande para garantizar la seguridad ambiental de los ciudadanos, el gobierno nacional incumple la legislación nacional y los convenios internacionales al retrasar indefinidamente y sin explicaciones el desarrollo de los planes de mitigación y adaptación al cambio climático.
Finalmente, es necesario mencionar al proyecto del Arco Minero del Orinoco el cual reúne muchas de estas consideraciones. Ello debido a que pone en grave peligro la mayor fuente y reserva de agua de Venezuela, así como ecosistemas de alto valor social y ambiental, a la vez que genera graves riesgos de contaminación, no solo en la zona a ser afectada, sino en un territorio extenso por razón de las sustancias tóxicas usadas en el procesamiento de los minerales. Todo ello sin mencionar las violaciones a los derechos de los pueblos indígenas y no indígenas de la zona.
Todos estos factores están incidiendo de manera grave en la actual situación de crisis del país y son elementos significativos en la disminución de los indicadores de salud, productividad y seguridad de la población, representando igualmente graves violaciones a los derechos humanos de la población.
El factor común en todos los ejemplos planteados es la ineficacia, inoperancia y desorden del Estado para al menos intentar mitigar y mucho menos controlar estos efectos.
Por toda esa situación, estamos convencidos de que Venezuela no necesita un cambio de su Constitución, sino el adecuado y estricto cumplimiento de las disposiciones presentes en la actual. Un gobierno que no ha podido cumplir con los mandatos que le impone la Constitución no tiene la credibilidad, ni tiene la autoridad moral de proponer una nueva Carta Magna.
En función de lo anterior, consideramos totalmente innecesaria, inoportuna e inconveniente a los intereses de la Nación el llamado actual a una Asamblea Constituyente y por lo contrario exigimos al Ejecutivo Nacional cumplir y defender la Constitución actual y sus mandatos.
Asimismo, hacemos un llamado a todos los venezolanos a cumplir con sus responsabilidades y deberes estipulados en la Constitución y participar activamente en la defensa de la misma.
Igualmente, solicitamos a la comunidad internacional, organismos internacionales de conservación ambiental y organizaciones ambientalistas en todo el mundo acompañar y apoyar las acciones que se realicen en Venezuela en defensa de la Constitución que protege los derechos ambientales de los venezolanos y los ciudadanos de todo el mundo.
Firman:
Organizaciones:
- A.C. H1nnova Lab
- A.C. Phynatura
- AC Una Montaña de Gente
- Academia de Ciencias Físicas Matemáticas y Naturales (ACFIMAN)
- Acceso a la Justicia
- Acción Campesina
- Alianza Una Montaña de Gente – Observatorio Ambiental Venezolano
- Ascenso Centro de Aventura A.C.
- Asociación Civil BioParques
- Asociación Civil Ecológica y Social Chunikai
- Asociación Civil Núcleo de Geografía Viva
- Asociación Civil Protegiendo y Produciendo (PRO2)
- Asociación Ecológica para la Prevención Ambiental del Estado Falcón (AEPAFALCON)
- Asociación Mujeres en Línea
- AVVA Frontera Gran Sabana
- Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello
- Ciudadanía y Libertad A.C.
- Civilis Derechos Humanos
- Coalición Clima21
- Comisión de Derechos Humanos de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela: Capítulo Mérida
- El Zulia Recicla
- Equipo de Proyectos y Asesoría Social (EDEPA)
- Fundación Abrae
- Fundación Aguaclara
- Fundación Ecodiversa
- Fundación EcoJuegos
- Fundación Hijos de la Madre Tierra (FUNDAHIMATI)
- Fundación Mujeres del Agua
- Fundesos
- Gente de Soluciones
- Grupo de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (GTAI) de la Universidad de Los Andes (MéridaVenezuela).
- Laboratorio de Paz
- Mesa Ambiental Nacional
- Observatorio Ambiental Venezolano
- Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de los Andes
- Observatorio Venezolano de la Salud
- Picnic Urbano de Maracay
- PROVEA
- Red Andina de DDHH (RADAR)
- Red de ONGS que luchas contra la desertificación de Venezuela (RIOD Venezuela)
- Red de Organizaciones Ambientales no Gubernamentales de Venezuela (Red Ara)
- Sinergia Asociación Civil
- Sociedad Hominis Iura (SOHI)
- Stop VIH
- Un Mundo Sin Mordaza
- Una Ventana a la Libertad
- UNIANDES
Personas:
- Acianela Montes de Oca
- Adriana Humanes, Ecóloga marina
- Aime Tillett. Universidad Central de Venezuela
- Alberto Blanco-Dávila, Nature Projects
- Alejandro Álvarez Iragorry, Ambientalista, Educador ambiental
- Alejandro Ecarri, Gente de Soluciones
- Alejandro Luy, biólogo
- Alejandro Suels Aranda, Ambientalista
- Alfredo Lascautx, Delegado del partido Verde de Canadá ante la Federación de Partidos Verdes de las Américas
- Ana Carolina Sotillo, empresaria
- Anaurora Yranzo Duque. Investigadora en Ciencias Básicas, Naturales y Aplicadas. Instituto de Zoología y Ecología Tropical, Facultad de Ciencias UCV.
- Andrés Eloy Seijas, Profesor Universitario
- Andrew Torres, Ing. Agroindustrial y Doctor en Ciencias Agrícolas (UCV), Prof. Titular UNELLEZ.
- Anita Méndez, Educadora Ambiental
- Anna Sartorio de Ponte, ambientalista
- Arnoldo José Gabaldón, ex ministro del Ambiente
- Augusto Bastidas, Geógrafo, Maestría en Administración Ambiental
- Azucena Martínez F. Ambientalista – Educadora Ambiental y Asesor Técnico en la Asamblea Nacional Constituyente 1999
- Beatríz Esté
- Belkis Echenique Ingeniero Civil.
- Carlos Monedero – Profesor Titular UCV
- Carlos Peláez, Ecólogo.
- Carlos Rivero Blanco
- Carmelo Ecarri
- Carmen Aida Carrasquel, Ambientalista
- Cristina Díaz
- Cristina Fiol
- Daniel Delgado, Periodista ambiental. Editor del Blog Ecoscopioweb
- Edgardo García Larralde, Consultor en Desarrollo Sustentable, Gran Bretaña
- Eduardo Cudisevich, Ingeniero Agrónomo
- Eliseo Castellano, Profesor Universitario Jubilado de la UNELLEZ, Barinas
- Enrique Alberto Martín Cuervo
- Enrique Farfán, Ambientalista, luchador social y comerciante
- Faruk Bagdah, Ambientalista
- Frida Ayala
- Gloria Carucci, Bióloga UCV
- Griselda Ferrara, profesora de la Universidad Central de Venezuela
- Guayana Páez-Acosta
- Gustavo Mendoza, ambientalista y Director de la Fundación Ambientalista Huerto Los Ayamanes.
- Hernán Papaterra
- Inelba Mata, Ingeniero Municipal, Alcaldía del Municipio Marcano. Edo. Nueva Esparta
- Iñaki Alberdi, Biólogo
- Jeanfreddy Gutiérrez, Periodista Ambiental
- Jorge M. González, Ph.D., Profesor Universitario (California State University, USA)
- Jorge Cruz
- José Carvajal, periodista
- Juan Carlos Sánchez, Profesor de la Fac. de Ingeniería UCV
- Juan José Cárdenas. Oceanógrafo.
- Juan M Posada. Ambientalista en el exilio
- Julio Alexander Parra Maldonado, Educador
- Lecgisia Torres de Krisch, Educadora,
- Lisbeth Bethelmy, Investigadora y psicóloga ambiental
- Lucas Riestra, Abogado
- Luis Arteaga Benatuil, Movimiento Ecológico Salvemos al Mundo
- Luis Souto, periodista
- Luisa Villalba Márquez, profesora
- María Elisa Febres, abogada, Especialista en Derecho Ambiental, Doctora en Desarrollo Sostenible
- María Esmeralda Mujica, Bióloga
- María Gabriela Espinoza, Administradora
- María Suárez Luque, Docente de la Universidad Central de Venezuela
- Maritza Pulido Santana, Premio Global 500 1991 PNUMA UNESCO
- Mayra Rincón Salazar, periodista ambiental
- Mercedes Corro, Abogada
- Mercedes Diez, Abogada en el exilio
- Miguel A. Villegas Herrera, Biólogo
- Nélida Gruber
- Nelson Gil Luna, Profesor Universitario. UPEL-Instituto Pedagógico JM Siso Martínez
- Omaira Delgado Rivas, Ambientalista
- Omar Escalona, Fundación Ambiental de Venezuela
- Oscar Gómez. Gerente General de Vitaambiente
- Pedro Gutiérrez Leal, Profesor Universidad Nacional Abierta y miembro de la Sociedad de Ciencias Naturales La Salle
- Rafael Rodríguez-Altamiranda, Dpto. Biología, Universidad de Carabobo
- Ramon Quintana Gomez, Ing. HidMet., Prof. Tit. Univ. (Emérito) UNELLEZ, UCV, Miembro de la Direct. Nac. de la Soc. Vzlana. de Ing. HidMet-CIV.
- Raúl Pulido, Especialista en Ecología y Ambiente, Biólogo UCV, MSc IVIC
- Reyna Pérez Ponce, Presidenta Instituto Municipal Ambiente Chacao Alcaldía Municipio Chacao
- Roberto Paulo Carletti Biscard, Profesor Universitario
- Ruth Barrios, Fundación Vida Verde
- Sandra Giner, profesora de la UCV
- Sergio Antillano A. Ingeniero/Planificador ambiental.
- Soledad Santamarina
- Soraya Verónica Medina Fuentes, Educadora
- Viviana Salas Martín, Bióloga
- Yrama Capote
- Zaida García, Profesora UPEL IPC
