Minerva Vitti
El 03 de marzo se cumplieron cuatro años de la muerte del líder indígena yukpa Sabino Romero Izarra, asesinado injustamente en la lucha para lograr la demarcación de sus territorios en la Sierra de Perijá, estado Zulia. El 03 de marzo se cumplió un año de la muerte de Berta Cáceres, activista medioambiental e indígena hondureña. Ella rechazaba la construcción de cuatro represas hidroeléctricas en el río Gualcarque, las cuales impactarían negativamente en el acceso al agua, alimentos y medicinas de los poblados de la zona.
Los asesinatos de Sabino y Berta nos alertan sobre los procesos de criminalización a los que están sometidos los líderes indígenas que defienden sus derechos territoriales.
También demuestran cómo la falta de seguridad jurídica en los territorios indígenas hace que estas poblaciones originarias sean vulnerables frente a amenazas externas como las mafias, grandes capitales y los mismos Estados.
El avance del modelo de desarrollo extractivista, que no solo ocurre en Honduras o Venezuela, donde fueron asesinados los líderes indígenas que mencioné al principio, es un modelo que se expande a toda América Latina.
La impunidad en la mayoría de estos asesinatos es un claro mensaje que pretende silenciar y amedrentar a quien es capaz de levantarse y decir no a grandes megaproyectos que están arrasando con la diversidad, los territorios, y el hogar de muchos pueblos que se encuentran en medio de estos intereses.
Desde este espacio exigimos al gobierno venezolano que cumplan los procesos de consulta previa, libre, informada y de buena fe antes de realizar intervenciones en los territorios habitados por comunidades indígenas. Que se validen los procesos de (auto) demarcación y que se realice la titulación de acuerdo a lo que señala la Constitución y la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas. Solo así se detendrán los asesinatos.
