Minerva Vitti*
Durante el Examen Periódico Universal realizado el pasado 1 de noviembre la ministra para los Pueblos Indígenas, Aloha Núñez, resaltó tres aspectos fundamentales en los periodos presidenciales de Hugo Chávez y Nicolás Maduro: la asignación y demarcación de territorios indígenas, la aplicación de medidas para una extracción minera adecuada, y la inclusión de estas comunidades en las actividades del Ejecutivo, es decir la consulta.
Si bien es cierto que durante estos últimos años los pueblos indígenas han logrado un gran avance en materia de derechos reconocidos en la Constitución y en numerosas leyes, justamente la demarcación y la consulta a las comunidades son derechos pendientes.
La semana pasada dijimos que la entrega de tierras no supera el 13%. Hoy queremos insistir en que tampoco se han realizado procesos de consulta previa, libre e informada, que consiste en la obligación que tiene el Estado de preguntar primero la opinión de los pueblos originarios antes de realizar proyectos económicos o actividades militares en territorios indígenas.
Un ejemplo claro es el Arco Minero del Orinoco donde el proceso de consulta no ha sido Previa porque debió realizarse antes de la firma de los contratos de certificación de recursos o de extracción, no durante y mucho menos después; no ha sido Libre porque debe realizarse sin coerción, manipulación o intimidación de los funcionarios estatales y de los empleados de las empresas mineras.; no ha sido Informada porque debe suministrar todos los elementos sobre la naturaleza y alcance de la actividad o proyecto propuesto. Y esta información debe estar disponible en idiomas indígenas y ser transmitida en los tiempos necesarios para que llegue a la mayor cantidad de personas de las comunidades.
Esta es la eterna espera del indígena, una espera que, aunque en las ciudades sea difícil comprender, toca a todos los venezolanos.
**Periodista. Jefe de redacción de la revista SIC del Centro Gumilla.
