Mario Villegas
Cuando falta apenas un mes para que se cumplan treinta años de la famosa Masacre de El Amparo, el estado Apure vuelve a ser escenario de un bochornoso hecho de sangre en el que efectivos del ejército aparecen señalados por los pobladores de Elorza como autores del asesinato del joven dirigente político Manuel Sojo, dirigente del partido Avanzada Progresista.
El 29 de octubre del año 1988, dieciséis pescadores que se desplazaban en una embarcación por el caño Las Coloradas, en el Arauca venezolano, fueron atacados a plomo limpio por funcionarios policiales y militares en una presunta operación contra guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional de Colombia. Catorce de los ocupantes de la embarcación resultaron muertos, mientras que otros dos se echaron al río y lograron salvarse para denunciar lo que verdaderamente había ocurrido: una matanza de humildes pescadores desarmados y no un enfrenamiento con peligrosos subversivos colombianos.
Aquella horrorosa acción fue ejecutada en el periodo gubernamental de Jaime Lusinchi por más de veinte efectivos del “Comando Específico José Antonio Páez” (Cejap), integrado por funcionarios de las Fuerzas Armadas, del Cuerpo Técnico de Policía Judicial y de la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip). El Cejap era comandado por el general Humberto Camejo Arias y tenía entre sus cuadros más importantes al coronel Enrique Vivas Quintero, al Jefe Nacional de Operaciones de la policía política, Henry López Sisco, y al entonces capitán de navío Ramón Rodríguez Chacín, quien muchos años después fue ministro del interior del gobierno del presidente Hugo Chávez y gobernador del estado Guárico.
Pero vengámonos al 2018. Concretamente al sábado 8 de septiembre. El abogado Manuel Sojo, secretario general de Avanzada Progresista en el municipio Rómulo Gallegos del mismo estado Apure, navega por el río Capanaparo en un bongo que conduce un amigo suyo. Se dirigen hacia una finca cercana.
Sorpresivamente, según relatan sus familiares, se topan con una pequeña embarcación militar, cuyos ocupantes comienzan a disparar sin darles voz de alto ni hacer ninguna advertencia. Sojo es alcanzado por varios disparos, mientras su acompañante logra orillar la canoa y escapa a toda carrera.
Al día siguiente, el comandante del “Escuadrón de Caballería Motorizada Coronel Francisco Farfán”, conocido como el Escamoto (casualmente la misma unidad militar que comandó Hugo Chávez por varios años en la población de Elorza), aseguró a los familiares de Sojo que este había estado contrabandeando gasolina, pero que no había sido ultimado por sus soldados puesto que solo habían hecho disparos al aire y ambos jóvenes habían escapado.
Por días se mantuvo en suspenso el paradero del joven político y ex candidato a alcalde, hasta que los pobladores de Elorza bloquearon en protesta el puente Lauro Carrillo y exigieron que el jefe militar aclarase el paradero del muchacho.
Cuentan los denunciantes que el comandante del Escamoto insistió en que el joven estaba vivo y que si aparecía lo iba a meter preso por delincuente.
Al cuarto día de su desaparición, ya en horas de la noche y con el nivel del río más bajo, un tío y varios familiares y amigos de Sojo dieron finalmente con su cuerpo en un recodo frente al hato La Coromoto. Estaba en estado de descomposición, amarrado y cubierto deliberadamente con un montón de ramas y palos. El cadáver de Sojo presentaba varios impactos de balas de alto calibre, según habría confirmado luego el médico forense.
Una vez trasladado al hospital, efectivos militares irrumpieron e intentaron llevarse el cuerpo, ante lo cual familiares de Sojo y varios lugareños reaccionaron indignados e impidieron el extraño propósito.
La denuncia del asesinato fue formulada por la familia ante la delegación de la Fiscalía General de la República, a la cual los compañeros de partido de Sojo solicitaron designar un fiscal especial para que investigue el caso. Habitantes de Elorza han realizado movilizaciones exigiendo justicia por el asesinato del joven político, quien deja esposa y tres hijos muy pequeños.
Ronald Torres, secretario general de Avanzada Progresista en Apure, asegura que a Sojo siempre se le conoció como un luchador político muy querido por la comunidad y que vivía del ejercicio del derecho, no como delincuente. Torres afirma que, aún en caso contrario, los militares no tenían por qué aplicarle la pena de muerte.
En su momento, la Masacre de El Amparo estremeció al país y llegó a ser investigada nacional e internacionalmente, hasta que en 1996 el estado venezolano fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a indemnizar a los familiares de las víctimas, aunque los autores de la matanza permanecieron impunes.
El asesinato de Manuel Sojo debe ser investigado hasta sus últimas consecuencias y castigados severamente sus autores y encubridores.
