En un contexto de reactivación económica a través del sector hidrocarburos, los recientes acuerdos energéticos entre Venezuela y Estados Unidos han encendido las alarmas de la sociedad civil venezolana. Las organizaciones Clima21 y Provea han emitido un comunicado conjunto instando al Estado venezolano a establecer garantías ambientales y de derechos humanos en el marco de estos nuevos acuerdos.
La falta de información pública sobre las medidas de protección ambiental que acompañan estos acuerdos es motivo de profunda preocupación. Clima21 y Provea subrayan que la recuperación económica no debe hacerse a expensas de los derechos humanos ambientales. Insisten en que ningún interés económico debe prevalecer sobre el derecho constitucional e internacional a un medio ambiente sano, seguro y sostenible, esencial para garantizar derechos como la salud, el acceso al agua y un nivel de vida adecuado.
El comunicado advierte sobre la expansión del extractivismo petrolero y minero como única respuesta a la crisis socioeconómica, mientras persisten problemas sociales y ambientales graves sin soluciones adecuadas. Ante esta situación, las organizaciones exhortan al Estado y a las empresas involucradas a asumir compromisos claros en cinco áreas clave:
- Transparencia e Información Pública: Exigen acceso a la información ambiental como un derecho humano fundamental, pidiendo transparencia sobre las negociaciones petroleras y la publicación de los mecanismos de protección ambiental.
- Cumplimiento de Obligaciones Ambientales y de Derechos Humanos: Los acuerdos deben garantizar la debida diligencia en derechos humanos y ambiente, conforme a los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos.
- Protección y Reparación de Comunidades Vulnerables: Se debe garantizar protección, asistencia y reparación a las comunidades afectadas por actividades extractivas, incluyendo el derecho a la consulta previa libre e informada de los pueblos indígenas.
- Atención a Pasivos Ambientales y Derrames: La industria petrolera venezolana enfrenta una crisis ambiental crónica con constantes derrames. Los acuerdos deben incluir compromisos exigibles para atender estos pasivos y restaurar los territorios degradados.
- Transición hacia una Venezuela Sostenible y Justa: Se deben incorporar metas vinculantes para reducir emisiones de gases de efecto invernadero y establecer planes concretos para una transición energética justa.
Clima21 y Provea reiteran que la reconstrucción del país debe basarse en un modelo de desarrollo sostenible, participativo, justo y respetuoso de los derechos humanos. La reactivación económica no puede convertirse en una nueva fuente de daños ambientales e injusticia social.
Aquí el documento:
