El mes de junio comenzó con la agresión de 19 periodistas en Caracas. Las agresiones ocurrieron en menos de dos horas, en la cobertura de protestas por comida que se llevaron a cabo en el centro de Caracas, específicamente en la avenida Fuerzas Armadas, avenida Urdaneta, y avenida Panteón. Entre los casos registrados están robos efectuados por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y por civiles armados.
Desde Espacio Público se impulsó un comunicado que las personas preocupadas por el tema podían suscribir, se alcanzaron 210 firmas de particulares, periodistas, defensores de derechos humanos y organizaciones no gubernamentales en general. También hubo pronunciamientos en rechazo a los hechos por parte de Amnistía Internacional, la Comisión de Medios de la Asamblea Nacional, del Círculo de Reporteros Gráficos de Venezuela y del Defensor del Pueblo.
En el marco de protestas por comida, se ha registrado un incremento de las violaciones a la libertad de expresión. Los cuerpos de seguridad han convertido a los reporteros en el objetivo a seguir en esos contextos de conflictividad. En Barquisimeto incluso señalaron que estaban arrestando a un infociudadano “porque tenía un arma, su arma es que nos estaba grabando”.
En Mérida el reportero gráfico José Leonardo Valero tuvo que huir de civiles armados mientras cubría una protesta por comida. Se refugió en varias casas de la zona. Quienes lo perseguían agredieron a algunas personas de la localidad mientras se metían a sus casas a ver si él estaba allí.
En Tucupita, estado Delta Amacuro, los intentos por censurar informaciones ligadas a saqueos y protestas por comida han ido más lejos: la gobernadora Lizeta Hernández ordenó cortar el suministro de energía eléctrica a la Radio Fe y Alegría, la única emisora que informaba en vivo lo que estaba ocurriendo en la entidad el pasado 30 de junio.
La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia también se encargó de ordenar censura: el 8 de junio declararon procedente la medida cautelar innominada solicitada por el abogado Juan Ernesto Garantón Hernández contra los medios digitales La Patilla y Caraota Digital por difundir de manera “indiscriminada” videos de linchamiento. La prohibición de difusión es extensiva a “todos los medios de comunicación nacionales con capacidad de transmitir este tipo de videos”.
Veinte días después, el 28 de junio, el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Bancario del estado Carabobo, a cargo de la juez provisoria Omaira Escalona, dictó censura previa en forma de medida cautelar “innominada” en favor del ciudadano Carlos Alberto Osorio Zambrano en razón del juicio que se encuentra abierto por daño moral ocasionado por los ciudadanos Carlos Humberto Tablante Hidalgo, Ismael García y Carlos Eduardo Berrizbeitia Giliberti.
En menos de cinco días, fueron atacadas las sedes de los diarios Correo del Caroní, en Bolívar; la sede de El Nacional, en Caracas; y la sede de El Aragüeño, en Aragua. En los casos de El Correo del Caroní y El Nacional usaron excremento para ensuciar las fachadas. En El Aragüeño el ataque se realizó con un artefacto explosivo que no dejó daños humanos ni materiales.
Fuente: Espacio Publico
