Para el marco legal venezolano, la única manera de salvaguardar el patrimonio público es cumpliendo con sus principios rectores: honestidad, transparencia, legalidad, rendición de cuentas. Pero ¿qué sucede cuando el silencio y los secretos se apoderan de los Poderes del Estado?
Por Ronald Balza Guanipa*
Silencio en la noche
Silencio en las almas
Alfredo Le Pera, Carlos Gardel
El Mensaje Anual a la Nación ante la Asamblea Nacional, los Poderes Públicos y el pueblo venezolano, a cargo del ciudadano Nicolás Maduro, se extendió por más de cinco horas el 15 de enero de 2024. Su discurso transcrito discurre entre cifras, líneas estratégicas, metas, alabanzas, amenazas, interpretaciones y chistes. Sin embargo, entre todas las frases en sus más de cuarenta páginas destaca una, que atribuye a José Martí y reaparece en distintos párrafos: “en silencio tiene que ser”. El orador reiteró en múltiples ocasiones la relevancia de lo hecho en secreto. Por una parte, afirmó que fue necesario para evadir sanciones:
Muchas veces, muchas cosas que no digo, pero hacemos en silencio, en silencio tiene que ser: en silencio tuvo que ser las medicinas que llegaron, en silencio tuvo que ser el combustible cuando no lo producíamos y llegó; en silencio tuvo que ser los CLAP cuando los importábamos del exterior y llegaron, en silencio los traía este hombre, Alex Saab Morán, en silencio tuvo que ser hasta que lo secuestraron, casi lo mataron, en silencio tuvo que ser y fue; y en silencio tiene que ser y seremos en muchas cosas. (Aplausos).
El secreto debía ser compartido por los participantes en intercambios y mantenido ante quienes podían impedirlos. Un secreto entre varios, como Maduro ejemplificó con la importación de equipos médicos:
¿Quién trae esos aparatos ultramodernos del mundo?, muchos los traemos de Europa a pesar del bloqueo, los europeos no saben que lo triangulamos, no se lo digan a nadie, triangulamos los aparatos para que la gente tenga su marcapaso, su resincronizador, su desfibrilador, su válvula aórtica nueva y mitral, su kit de hemodinamia, pero lo hacemos en silencio, de eso no se entera nadie.
También durante el periodo de negociaciones con Estados Unidos y la Plataforma Unitaria,
[…] y el presidente así, en silencio, junio, julio y llegó agosto, más o menos agosto, sí, y ya en agosto estaba listo para ser firmado todo, todo, esos son documentos secretos que permanecerán secretos hasta que permanezcan secretos; nosotros tenemos palabra, si yo converso con alguien y es secreto… la palabra vale si cumples y si tú te sientas hasta con el diablo y le dices al diablo que es secreto, que el diablo haga lo que quiera, pero tú no. Nosotros somos hombres de Dios, yo soy un hombre de Dios.
Al investigar y anunciar conspiraciones, “… en silencio tenía que ser, nosotros utilizamos distintas tácticas comunicacionales y políticas y en silencio fue”.
La Asamblea Nacional y los representantes de los Poderes Públicos aplaudieron en una sesión especial la celebración de operaciones secretas, en un mensaje que, según la Constitución, debía dar en sesión ordinaria “… cuenta de los aspectos políticos, económicos, sociales y administrativos de su gestión durante el año inmediatamente anterior”. No se establecieron límites para el silencio, aunque pudiera parecer necesario informar para avanzar en múltiples áreas. Por ejemplo, al referirse al crecimiento económico el orador dio algunos números y afirmó:
Es imposible que el país avance sin una poderosa unión entre la empresa pública, el Gobierno y la empresa privada, es imposible, hemos ido logrando niveles altísimos de coordinación para ir logrando pasar del genocidio económico, de la resistencia al crecimiento, a la creación de riqueza, a la producción y a la prosperidad. Señor Presidente del Banco Central de Venezuela, usted también tiene que hablar más, me permite, usted tiene un organismo constitucional autónomo…
Al referirse a la democracia directa, sostuvo que:
[…] la democracia directa debe ser legítima en su forma y coherente en su fondo; unas de las debilidades que veníamos arrastrando y que obstruía el buen funcionamiento del Poder Popular era –sin duda– la falta de actualización de sus voceras y voceros en consejos comunales y comunas legalmente constituidas en todo el territorio nacional, actividad fundamental para fortalecer el sistema de gobierno popular y la transferencia de competencias y recursos a las comunidades organizadas que debemos garantizar…
Al referirse a la corrupción, también se refirió al silencio, pero con otra connotación:
Una nueva espiritualidad de la humildad, de la sencillez, de la honestidad, luchar contra la descomposición moral, es impedir que prospere una conspiración silenciosa de la ambición y la codicia personal, de la decadencia moral, del egoísmo, el arribismo y la hipocresía, porque muchos de estos mafiosos se visten de rojo rojito, para tapar, encubrir sus verdaderos rostros, y tratar de cubrir con impunidad la descomposición moral y la robadera. Por eso, donde aparezca esta liendra (sic) de mil cabezas, tenemos que aplastarla con nuevas leyes implacables y con nuevas acciones políticas, judiciales, morales.
Al terminar su discurso, afirmó:
He presentado Memoria y Cuenta del año 2024 año 25 de la Revolución Bolivariana. Muchas gracias, que Dios bendiga a Venezuela. Procedo a entregar copia del informe, no voy a leerlo, al Presidente de la Asamblea Nacional y espero de ustedes las más duras críticas y las más innovadoras propuestas para seguir unidos en cooperación institucional los cinco poderes del país.
El informe no ha sido publicado, por cuanto no es posible criticarlo ni hacer propuestas innovadoras. Es secreto.
El silencio tiene consecuencias. Por ejemplo, al presentar sus Perspectivas económicas mundiales: Región de América Latina y el Caribe, para enero de 2024,
[…] el Banco Mundial no publica información sobre producción económica, ingresos ni crecimiento de la República Bolivariana de Venezuela debido a la falta de datos confiables de calidad adecuada. La República Bolivariana de Venezuela no está incluida en los agregados macroeconómicos que abarcan múltiples países.
La misma Asamblea Nacional reformó dos decretos ley en 2022 que reconocen la importancia de la información pública, uno dedicado a la ciencia, tecnología e innovación y otro a la lucha contra la corrupción. El primero, que califica la ciencia como “derecho humano”, incluye entre los objetivos del órgano rector en materia de ciencia, tecnología, innovación y sus aplicaciones:
[…] realizar estudios, análisis prospectivos e investigaciones y generar estadísticas, indicadores y evaluaciones que apoyen tanto la elaboración del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación, en la Política Pública Nacional de Ciencia y Tecnología y en el Plan Científico, Tecnológico y de Innovación Nacional, de políticas públicas como su seguimiento, medición y evaluación […] impulsar la investigación y la generación de conocimiento en ciencia, tecnología, innovación y sus aplicaciones, que comprenda los campos de las ciencias naturales, ingeniería y tecnología, ciencias médicas y de la salud, ciencias agrícolas, ciencias sociales, artes y humanidades.
El segundo decreto ley establece que, para cumplir con los “… principios rectores para la administración, manejo, custodia y salvaguarda del patrimonio público: la honestidad, probidad, decoro, honradez, transparencia, participación ciudadana, eficacia, eficiencia, legalidad, colaboración, rendición de cuentas, responsabilidad y corresponsabilidad”, la información relacionada debe tener carácter público, “… salvo las excepciones que por razones de Seguridad de la Nación, expresamente establezca la Ley”, siendo particularmente importante para permitir la “… participación ciudadana en la formulación, supervisión y control presupuestario”:
El Ejecutivo Nacional deberá someter a consulta pública el anteproyecto de Ley del Marco Plurianual del Presupuesto y el anteproyecto de Ley de Presupuesto Anual, antes de su presentación a la Asamblea Nacional, de conformidad con lo establecido en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Administración Pública.
Las y los particulares, consejos comunales, comunas y demás instancias y organizaciones de base del Poder Popular tienen derecho a participar en la formulación, supervisión, control de la ejecución presupuestaria y evaluación en la administración de sus gastos, de acuerdo con el ámbito político territorial correspondiente, de conformidad con lo previsto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la Ley. A tal efecto, la Oficina Nacional de Presupuesto [ONAPRE] someterá periódicamente a consulta pública el diseño de los indicadores de gestión a que se refiere la Sección Séptima del Capítulo II del Título II de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público, de conformidad con el procedimiento establecido en el Título IV de la Ley Orgánica de la Administración Pública.
[…] las personas a que se refieren los artículos… de esta Ley deberán informar a las ciudadanas y ciudadanos sobre la utilización de los bienes y el gasto de los recursos que integran el patrimonio público cuya administración les corresponde. A tal efecto, publicarán trimestralmente y pondrán a la disposición de cualquier persona en las oficinas de atención al público o de atención ciudadana que deberán crear, un informe detallado de fácil manejo y comprensión, sobre el patrimonio que administran, con la descripción y justificación de su utilización y gasto. El informe a que se refiere este artículo podrá efectuarse por cualquier medio impreso, audiovisual, informático o cualquier otro que disponga el ente, de acuerdo con lo previsto en el ordenamiento jurídico vigente.
A pesar de lo establecido en estas leyes, reformadas después de aprobada la Ley antibloqueo de 2020, la última Ley de Presupuesto del Ejercicio Fiscal fue publicada en 2016. En su Informe sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela en 2022, la alta comisionada de la ONU, Michelle Bachelet, tomó nota de la no publicación del presupuesto nacional (que por error fechó desde 2018), y de “… los indicadores y la información de apoyo esenciales para el seguimiento de los derechos humanos y los Objetivos de Desarrollo Sostenible”. En su informe sostuvo que “… la realización del derecho de acceso a la información entraña la obligación de los Estados de poner a disposición de manera proactiva información gubernamental de interés público” y recordó que:
[…] el 17 de septiembre de 2021, la Asamblea Nacional aprobó la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de Interés Público. La ley reconoce el acceso a la información de interés público que está disponible. Sin embargo, dicho acceso se limita a que la información sea ‘necesaria para la participación significativa de las personas en el diseño, desarrollo y monitoreo de la gestión pública’. Las solicitudes pueden ser denegadas si esto ‘genera una amenaza para el normal desarrollo socioeconómico de la República’, entre otros motivos. Esas formulaciones vagas permitirían restringir arbitrariamente el derecho de acceso a la información pública. Los estándares internacionales exigen que las restricciones al derecho de acceso a la información en poder de los organismos públicos se establezcan por ley, sean excepcionales, necesarias y proporcionales.
Al no publicar información, los Poderes Públicos crean oportunidades para quienes comparten secretos, generando gran incertidumbre entre quienes no. Las alianzas nacionales e internacionales establecidas por el Gobierno y sus acciones previstas en contra de sus adversarios son y serán favorecidas por el silencio porque, entre otras cosas, el silencio dificultará los pronósticos, las propuestas y las inversiones de quienes no compartan información privilegiada.
*Profesor de las Escuelas de Economía de la Universidad Católica Andrés Bello y de la Universidad Central de Venezuela. Miembro del Consejo de Redacción de SIC.
