Por PNC
**Guayana es el epicentro del neo-saqueo nacional y del desmantelamiento del estado democrático y social de derecho y de Justicia
*
La Plataforma Nacional de Conflicto del Municipio Caroní (PNC-CARONÍ), en este fin de año 2019 y ante al comienzo del nuevo año 2020, se dirige a la población del Estado Bolívar y del país para destacar que desde su constitución de ha mantenido activa conociendo los problemas que aquejan a la población, denunciando las violaciones a sus derechos y apoyando a los ciudadanos en sus luchas para la solución de los mismos, teniendo conciencia de que la exigencia de soluciones es una responsabilidad de afirmación y no renuncia de nuestro derechos ciudadanos y que esa acción sostenida pone en evidencia al régimen de facto, impuesto a la fuerza por Nicolás Maduro, en su enorme ineptitud e indolencia para dar solución o buscar alternativas a la crisis económica y de servicios públicos que ha causado. El régimen de facto es manifiestamente incapaz de gobernar y de garantizar una calidad de vida digna a la población, conforme a la Constitución y las leyes. Con nuestro apoyo a esas luchas y la articulación de unas y otras que tienen raíz común, así como con nuestra acción en todo el territorio nacional, se hace realidad nuestro llamado de “Todas las Luchas…, una sola lucha”.
Junto a los graves problemas de desatención y crisis de la salud e insalubridad pública, escasez y pésima calidad del agua, los constantes apagones, la peligrosa inseguridad, el deterioro severo de la educación con elevadas cifras de deserción estudiantil, profesoral y de trabajadores; la conversión de la ciudad y, especialmente las áreas públicas de urbanizaciones y barrios, en horribles basureros, la fuerte inflación, entre otros serios problemas, queremos destacar algunas situaciones por su excepcional gravedad, sobre las cuales llamamos la atención:
1) El impune ecocidio bajo el nombre de “Arco minero del Orinoco” que ya es sinónimo de masacres y de una colosal codicia entre facciones violentas e insaciables que se apoderan de las riquezas del suelo y del subsuelo Guayanés. El régimen de facto cede la soberanía nacional a empresas extranjeras y a grupos armados irregulares, al margen de la ley, siendo escenario de varias masacres masivas con la muerte, mutilación y desaparición de decenas de personas, muchos de ellos indígenas, y mantiene en estado de zozobra a los municipios fronterizos más al sur del estado. Es también escenario de una sostenida presencia de militares o paramilitares procedentes de otros países, especialmente de Rusia y Colombia, que ponen en peligro incluso la integridad territorial del país. Toda esta situación ha sido reiteradamente denunciada por diputados, expertos ambientalistas, periodistas de investigación y diversas ONGs defensoras de derechos humanos y del ambiente.
*Exigimos que el régimen de facto cese en la conducta antinacional de ceder soberanía y que se regule y controle la actividad minera por la Constitución y disposiciones dictadas por la Asamblea Nacional.
2) Repudiamos el asesinato de la dirigente política y social MARA VALDEZ, militante del Partido Primero Justicia, ex concejal del Municipio El Callao, presuntamente ejecutada por paramilitares con claros indicios de ser un sicariato político, lo cual agrega un nuevo componente de terror a la espiral de violencia en nuestro país.
*Exigimos a la Defensoría del Pueblo y al Ministerio Público una investigación imparcial, exhaustiva y eficaz para identificar a los autores intelectuales y materiales para someterlos a la justicia y sean severamente castigados.
*Exigimos a quienes controlan a los cuerpos oficiales armados que cumplan con su obligación de proporcionar seguridad a la ciudadanía.
3) Denunciamos la agresión permanente de parte del régimen de facto contra la oposición y la disidencia política.
Tal agresión se evidencia cuando se acusa a los sectores de oposición de cualquier hecho de violencia, como por ejemplo, el caso del asalto al Batallón de Selva 513, Mariano Montilla, el cual, de acuerdo con la información de la autorizada periodista Sebastiana Barráez, es un episodio de la sangrienta guerra entre grupos económicos organizados por el control de minas de oro y de porciones de territorio con minerales preciosos o de carácter estratégico. Guerra en la cual participan bandas sin que el régimen de facto que controla la FANB realice una acción de regularización de la actividad mediante un ordenado y transparente desempeño conforme a las leyes y bajo la supervisión de las instituciones y especialmente de la Asamblea Nacional. Una vez más, los voceros del régimen señalan a varios diputados y dirigentes de la oposición, así como a dirigentes sociales y personal militar, calificando los actos de terrorismo con la obvia intención de exponerlos al escarnio público, perseguirlos y encarcelarlos en una maniobra de ataque a la Asamblea Nacional para debilitarla y anularla, además de desprestigiar la acción social y la lucha por los derechos humanos.
La acción que realiza el régimen de facto, sí es una acción terrorista pues infunde temor a la colectividad y al ejercicio de la actividad política. Recordemos que ya son varias decenas de diputados y miles de ciudadanos civiles y militares encarcelados, sometidos a juicio, maltratados, perseguidos y desterrados.
* Exigimos el cese de esta política terrorista de estado, la liberación y libertad plena de los diputados y ciudadanos detenidos, qué se respete el ejercicio de sus cargos y qué los funcionarios incursos en violaciones y delitos sean juzgados y castigados conforme a la ley.
* Exigimos que se realice una investigación independiente, imparcial y técnica de los hechos, se determinen los responsables del asalto y se castiguen legalmente, sin mezclar estos hechos con motivos políticos.
4) Denunciamos la destrucción de las empresas básicas del estado y de su infraestructura, así como de todo el parque industrial asociado y de suministros por parte del régimen de facto. Tal destrucción constituye un crimen de lesa patria y sus responsables deben ser juzgados y castigados.
5) Exigimos la investigación del siniestro de la aeronave cerca del aeropuerto de Caracas procedente de la población de Guasipati con un saldo de 9 fallecidos a fin de esclarecer los motivos, los antecedentes y demás circunstancias del caso.
6) Denunciamos la pulverización del salario de los trabajadores y de las pensiones, así como la violación flagrante de casi todo el cuerpo de los derechos laborales conquistados por los trabajadores durante un siglo de luchas, especialmente los derechos de libertad sindical, convención colectiva y huelga, severamente conculcados junto con el derecho al trabajo, la garantía de antigüedad, especialmente por parte del sector público.
* Llamamos a los trabajadores a la organización y movilización en defensa de sus derechos y a reclamar su protección por parte del estado.
7) Finalmente, denunciamos la total ineptitud del régimen de facto y su abuso contra la población al no ser capaz de asegurar un suministro de gasolina en condiciones normales, sometiendo a los ciudadanos a colas interminables en perjuicio de la seguridad, del tiempo, del trabajo y de la tranquilidad familiar. La escasez de gasolina es total responsabilidad del régimen de facto y en esta situación se mezclan los abusos y atropellos junto con la corrupción y la humillación.
Mantenemos nuestro compromiso con las luchas de la población en el estado Bolívar en coordinación con nuestros compañeros de otros municipios y estados del país, y enarbolamos nuestro propósito de lograr un cambio político en Venezuela mediante la creación de una fuerza social consciente de sus derechos y en capacidad de ejercerlos cabalmente para construir una nueva democracia.
¡¡TODAS LAS LUCHAS…, UNA SOLA LUCHA!!
Ciudad Guayana, 28 de diciembre de 2019.
En representación de la Plataforma Nacional de Conflicto de Caroní, estado Bolívar:
Edwin Sambrano Vidal, Omaira Salazar, Ramón Bejarano y Daniel Rodríguez
