Foto de Manaure Quintero REUTERS.
El año 2021 comienza con un balance negativo para los sectores sociales y políticos que buscan el restablecimiento de la democracia y de un espacio público plural. La continuación inercial de las dinámicas políticas impuestas a partir de la ofensiva gubernamental del año 2017 ha profundizado la instauración de un Estado abiertamente autoritario, que aún se sostiene pese a las múltiples crisis que caracterizan la realidad nacional en el último septenio.
Guillermo Tell Aveledo Coll*
Lo que ya era una restricción significativa de nuestra esfera pública en años anteriores, ha sido agravada por el avance casi solitario en el campo político de la no-reconocida administración de Nicolás Maduro, y la situación de relativa ineficacia del alternativo gobierno interino liderado por Juan Guaidó. La profundización de la crisis de expectativas ante un ejercicio de poder ampliamente cuestionado –pero real–, y otro sin un aparato de poder que pudiese actualizar sus expectativas, encuentra a una sociedad carente de referentes claros que puedan hacer hoy efectivo su reclamo de cambio.
La expectativa de cambio político, basada fundamentalmente en el apoyo explícito de las democracias de Occidente cuyas presiones promovieran un quiebre de la estructura de poder interna, o al menos concesiones de apertura, no tuvo el éxito esperado de acuerdo a sus premisas iniciales. Agravando esto, la crisis sobrevenida por la pandemia ayudó no solo a dar una nueva racionalización a los poderes de emergencia Ejecutivos sin control, sino también a sofocar significativamente las presiones contra Maduro, permitiendo a su aparato estatal manejarse con holgura. Si bien estas medidas de emergencia nuevas no pueden ser consideradas como el punto de origen de la erosión democrática, han agravado el ejercicio autoritario del poder y profundizado las asimetrías sociales, económicas y políticas ya existentes: la expresión visible de malestar social fue atomizada, eficazmente reprimida y marginada a la provincia; la actividad judicial se mantuvo paralizada por meses salvo para la ejecución de medidas de represión política y penal; los controles sobre los medios de comunicación autónomos persistieron agresivamente.
¿Cuál es la situación presente de las organizaciones democráticas dentro de Venezuela?
Tanto en la sociedad civil como en la política de partidos, el acoso es la realidad constante. Lo demuestra la persecución y eliminación de la política electoral y el activismo interno con la anulación creciente de partidos opositores puesta en práctica desde 2017, así como también la vigilancia y hostigamiento a las actividades de organizaciones no gubernamentales, defensores de derechos humanos y, crecientemente, contra organizaciones de asistencia humanitaria, como muestra el zarpazo contra Alimenta la Solidaridad y Azul Positivo.
Entretanto, la distancia entre los partidos y la sociedad civil ha aumentado: una creciente sensación de desconfianza, descoordinación y diferencia de perspectivas ha surgido de los límites prácticos de la estrategia maximalista implementada desde 2019; y con esto, las enormes dificultades de enfoques más moderados, aunque genuinamente orientados hacia el cambio político, evidenciada en un clima creciente de críticas vocales, acusaciones mutuas y dudas abiertas.
Las perspectivas del gobierno interino son así de preocupantes. La Asamblea Nacional electa en 2015 decidió asumir la tesis de la “continuidad administrativa”, factor que quedó fuera de la Consulta Popular de diciembre. Refrendando una línea política sin considerar opciones alternativas, se añade al Estatuto de transición la expansión de la autoridad de la Comisión Delegada y el establecimiento de un Consejo Político paralelo a la presidencia interina. Empero, las limitaciones de poder efectivo crecen: por una parte, las dudas sobre la constitucionalidad de la decisión de la mayoría opositora han llevado a declaraciones variadas de parte de aliados internacionales sobre la posición de Juan Guaidó, que oscilan entre calificarle como “presidente interino”, “presidente de la Comisión Delegada” o “líder de la oposición”. Por otro lado, el argumento de la defensa de activos de la República en el extranjero que hacía necesaria la continuidad del gobierno interino, recibió un duro golpe con el fallo del sistema judicial estadounidense sobre la autorización de todas las acciones que “puedan y deban tomarse” para compensar a la empresa norteamericana Crystallex, por medio de las acciones desprotegidas de CITGO. Todo esto ocurre en un contexto de mayores restricciones a su acción política y administrativa interna.
Por su parte, los esfuerzos oficiales de creación de una oposición satélite en la dinámica de la Mesa de Negociación Nacional, la intervención judicial de partidos de todo signo y el sistema electoral definido desde el TSJ para las elecciones parlamentarias, no han tenido los efectos de relegitimación anunciados por el Estado: un pobre resultado electoral, la no diferenciación con la agenda gubernamental y una mínima capacidad de agencia. Pero esto es por diseño; no se trataba de reconocer una alternativa ‘moderada’, sino de acotar la actividad de este sector a la condición propia del insignificante rol que le corresponde en el sistema político imperante, aunque estos grupos hayan manifestado que accedían a él con otras expectativas.
Ante esa situación de ventaja relativa para el Estado, no debe sorprender la actitud del PSUV, transformando el arrebato electoral del año pasado en una suerte de mandato para una renovada rapacidad. Mientras para el fin del año 2020 se anunciaba una especie de propósito de enmienda, especialmente en continuación de su ambigua iniciativa de apertura económica, el marco era claro: Nicolás Maduro había ganado a todos sus adversarios, y ceder control alguno es inconcebible. La Ley Antibloqueo, último acto de la Constituyente, ha creado un marco supraconstitucional de acción que autoriza al cuestionado Ejecutivo a redefinir, sin control institucional alguno, las relaciones de control económico entre el Estado y no digamos la sociedad, sino con aquellos sectores internos y foráneos que así determine; solo obligado por la catástrofe económica de los años previos, y siempre condicionado a las decisiones particulares del Ejecutivo y a la obediencia política. Se trata entonces de una apertura relativa, sin capacidad de generar infraestructura y sin Estado de derecho. El resto del control –social, ideológico y político– queda claramente en manos del PSUV. Ese es el modelo que se plantea como renovación, con una Asamblea Nacional que, aún cuestionada su legitimidad, se ha instalado con el peso del apoyo estatal, y con la tarea de servir de caja de resonancia de su control, como lo muestra el anuncio de persecución político-judicial a los diputados electos en el año 2015 que aún permanecen libres o en el país. Esta rapacidad va a continuar y debe considerarse como un hecho dado del sistema, independientemente de las acciones futuras, moderadas o no, de los sectores democráticos del país.
Es en ese sentido, dada la asimetría de poder en Venezuela, que pueden evaluarse de momento los llamados oficiales al diálogo. No para ‘ganar tiempo’ sino para formalizar el rol subordinado de cualquier sector social distinto al Estado, descrito este planteamiento erróneamente como una ‘cohabitación’. Si se logran acuerdos, está claro que el Estado los concibe solo como avances parciales con cada sector. A falta de una posición de fuerza y una estrategia global de los sectores democráticos, solo podrían prolongar la desarticulación en un círculo vicioso de desconfianza y acusaciones sin fin.
No todo le sonríe al Estado, sin embargo. La atención internacional sobre la situación de violación sistemática de libertades y derechos humanos, evidente en el Informe del Comisionado Especial de Derechos Humanos de la ONU para el país, publicado a mediados del año pasado, complica algo del despliegue represivo del Gobierno y su funcionalidad dentro de la coalición dominante, aunque no haya llegado aún a reconocerlo, limitándose a gestos de clemencia aislados en medio de una renovada represión. La resolución del diferendo sobre el Esequibo contra los intereses históricos de la nación, profundizará las críticas hacia la capacidad de defensa del territorio por parte del Estado. Adicionalmente, los propósitos de reimpulso económico están limitados por la desconfianza de potenciales inversionistas hacia las cuentas y condiciones internas, especialmente fuera de aliados tradicionales de la revolución.
Pero estos retos son también relativos. Pese a que persiste una crisis de autoridad y referentes en Venezuela, el clima de desaliento sobre las posibilidades de cambio político y el eventual retorno de la democracia, puede transformarse de un abandono inconsciente a una creciente indiferencia hacia la pérdida de espacios públicos democráticos más allá de la supervivencia inmediata. Y eso puede bastar para que, inercialmente, se sostenga el sistema autoritario.
¿Qué pueden hacer los sectores democráticos?
Ante la inviabilidad de tácticas parciales y el riesgo cierto de acuerdos sectoriales, se hace más visible la necesidad del replanteamiento de una estrategia común que desde la supervivencia a mediano plazo, reactive las presiones internas hacia la democratización. Nos permitimos recomendar tres factores de inicio.
En primer lugar, el reconocimiento del supremo valor de la democracia y del pluralismo político como marco dentro del cual todo reclamo sectorial –humanitario, social, económico, electoral– cobra sentido. Esto se declara, pero es necesario recordar que cualquier logro parcial será precario sin una visión de conjunto.
En segundo lugar, y como consecuencia de lo anterior, el reconocimiento de la legitimidad que, dentro de una estrategia política concurrente de los distintos sectores democráticos, tienen estos intentos parciales, a falta de una cooperación que no existe. Admitir que, de momento, aunque todo intento, denuncia y reclamo que propenda a limitar los espacios de expansión autoritaria del Estado sobre la sociedad es genuinamente democrático, son insuficientes por sí mismos.
En tercer lugar, procurar entonces el establecimiento de una coordinación política general de los sectores democráticos que sustituya la mera concurrencia azarosa. Al propósito democrático común tendrían que incluirse tanto sectores políticos como sociales, en torno a reglas de decisión que obliguen a consensos representativos, y neutralizando intentos de división. Hay oportunidades concretas, en el corto plazo, para hacer operativa esta coordinación en torno a debates urgentes.
La abrumadora asimetría de poder, y el agravamiento de las desigualdades sociales más groseras que son su consecuencia, son el problema fundamental de Venezuela. La bandera de la democracia no es monopolio de ningún sector dentro del amplio campo democrático venezolano, y admitirlo será el primer paso para superar la inercia autoritaria.
*PhD. Ciencias Políticas. Profesor universitario (UCV, UNIMET). Miembro del Consejo Editorial Revista SIC.
