El aniversario de la capital no debe ser solo una efeméride. A propósito de los sismos de junio de 2026, que evocan el trauma del sismo de 1967, este artículo analiza la fractura socioespacial de Caracas. Ante la fragilidad institucional, la protección del patrimonio y la seguridad de los ciudadanos dependen hoy más que nunca de la resiliencia comunitaria y la organización técnica desde la base.
El aniversario de la escisión urbana
Cada 25 de julio, la narrativa oficial y las conmemoraciones tradicionales de Caracas intentan evocar una ciudad homogénea: el valle de los rascacielos modernos, las plazas de herencia colonial y los corredores comerciales de la urbe formal. Sin embargo, a los 459 años de su fundación, la verdadera realidad de la capital no se escribe en el asfalto de su cuadrícula planificada. Se escribe, con bloques expuestos y en laderas escarpadas, en Petare, La Vega, Catia o Antímano.
Es allí, en esa «ciudad olvidada», donde el recuerdo del sismo de 1967 (el fatídico 29 de julio), y su reciente eco en los eventos sísmicos del 24 de junio de 2026, no es una simple efeméride histórica o un pie de página de la sismología nacional. Es una amenaza latente que se respira a diario. Mientras la Caracas formal «celebra» con el dolor latente de cientos de fallecidos, miles de heridos y decenas de daños materiales en infraestructura y bienes que los ciudadanos tardaron años en construir -recordatorio de que la tragedia humanitaria no fue causada por la naturaleza sino por la histórica omisión de la prevención sísmica-, la Caracas autoconstruida sobrevive sobre una gigantesca e histórica deuda del Estado en materia de hábitat, ciudadanía y seguridad estructural.
Los asentamientos populares constituyen hoy la mitad de la capital. Al analizar la distribución de Caracas, estimada en aproximadamente 3.5 millones de habitantes, se evidencia una profunda fractura socioespacial. Mientras que la ciudad formal alberga entre el 49% y el 55% de la población, la denominada «ciudad olvidada» concentra el resto. Estos datos, derivados de registros históricos y proyecciones académicas, demuestran que más de 1.6 millones de personas habitan en condiciones de exclusión institucional, enfrentando la inminencia del desastre en una indefensión absoluta.
1.-El fantasma del 29J: Vulnerabilidad sociotécnica en la pendiente
El terremoto del 29 de julio de 1967 demostró con crudeza que Caracas está asentada sobre sistemas de fallas geológicas activas. No obstante, en las casi seis décadas transcurridas, la geografía del riesgo ha mutado de forma alarmante. Los estudios de microzonificación sísmica desarrollados por la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) explican que, si bien el fondo del valle posee sedimentos profundos que amplifican las ondas telúricas, el peligro de colapso catastrófico se ha desplazado exponencialmente hacia las zonas de pendiente.
La autoconstrucción, nacida del desamparo institucional y la urgencia habitacional, ha configurado un tejido urbano hipervulnerable. El rancho de un solo piso de los años 70 u 80 es hoy una estructura de cuatro, cinco o hasta seis niveles, donde se añaden losas («platabandas») consecutivas para albergar a las nuevas generaciones. Estas edificaciones se erigen sin el amarre estructural requerido para resistir fuerzas cortantes horizontales. El riesgo ya no requiere de un sismo de gran magnitud para manifestarse; se expresa de forma cotidiana a través de los colapsos estructurales por saturación de aguas servidas y los deslizamientos de taludes detonados por las lluvias estacionales.
Un testimonio recogido en el sector El Carpintero de Petare ilustra con precisión esta realidad vivida desde las laderas. Carlos Mendoza, maestro de obra empírico con más de veinte años de experiencia en la zona, relata que en el barrio nadie calcula un plano con un ingeniero. Explica que los clientes suelen pedir un piso más arriba para albergar a sus hijos cuando se casan, y ellos resuelven la estructura con lo que tienen a mano: cabillas de media, bloques de arcilla y el cemento que se pueda comprar. Mendoza reconoce que la tierra se mueve y que encomiendan su seguridad a la protección divina, pero enfatiza que la gente necesita resolver la urgencia de vivienda hoy, no dentro de diez años.
2.-El mercado de la necesidad: Remesas y el valor del suelo informal
A pesar del riesgo telúrico y la ausencia de títulos de propiedad, el mercado inmobiliario dentro de los barrios de Caracas mantiene una dinámica activa, operando bajo las lógicas de una economía informal, dolarizada y desregulada. En la última década, las remesas enviadas por la diáspora venezolana se han transformado en el principal combustible financiero para la construcción, ampliación y refacción de estas viviendas.
Como explicaba la célebre urbanista Teolinda Bolívar (1935-2024), pionera en la investigación de los asentamientos informales en América Latina, el barrio es un «astillero permanente». En este mercado informal, el valor del suelo no se rige por las variables macroeconómicas de la ciudad baja, tales como las tasas de interés, las burbujas inmobiliarias de lujo o la zonificación comercial. El suelo del barrio se cotiza en función de variables de estricta supervivencia y conectividad urbana: la cercanía a los escasos puntos estables de suministro de agua potable, el acceso a las líneas de transporte informal como jeeps y mototaxis, y la proximidad a las escaleras principales o arterias viales. Es un mercado inmobiliario ciego al riesgo geológico, donde el valor de cambio está determinado por la necesidad inmediata del techo, anulando de facto cualquier criterio de seguridad estructural.
3.-Solidaridad social: Hacinamiento por arraigo y rechazo al desalojo
Esta dinámica inmobiliaria y financiera alimenta un nudo crítico de carácter social y humanitario: el hacinamiento vertical y la densificación descontrolada. Ante la imposibilidad económica de acceder al mercado de la ciudad formal -donde los cánones de arrendamiento y los precios de compra son prohibitivos para la inmensa mayoría-, y frente al rechazo absoluto de las comunidades a ser reubicadas, las familias prefieren subdividir sus espacios hasta el límite de lo habitable.
El rechazo al desalojo no es un capricho; es una respuesta racional ante la memoria histórica de las políticas estatales de vivienda. Durante décadas, las intervenciones de reubicación forzosa o los traslados a refugios han estado asociados al desarraigo socioeconómico, al aislamiento en «ciudades dormitorio» fuera del valle de Caracas y al posterior abandono institucional.
Esta realidad se evidencia en la voz de Carmen Martínez, habitante de la parte alta de La Vega, quien narra la experiencia de una vecina cuya vivienda sufrió el colapso de la sección trasera debido a las lluvias del año pasado. A pesar de que las autoridades estatales le ofrecieron la reubicación en un refugio situado en las regiones llaneras del país, la afectada optó por permanecer arrimada en la sala de su hermana dentro del mismo sector. Martínez explica que en la cercanía del barrio cuentan con las escuelas de los niños, centros de salud ambulatorios, líneas de mototaxis que les ofrecen crédito y una red familiar protectora. Afirma que abandonar el sector equivale a quedar desamparados en el aislamiento, razón por la cual la comunidad prefiere continuar edificando hacia arriba, aun cuando las bases presenten fracturas visibles.
Como demostraron las investigaciones del Instituto de Urbanismo de la UCV, el barrio posee una riqueza de capital social, redes de apoyo mutuo y economías de subsistencia que la ciudad formal no ofrece a las clases populares. Dejar el sector se percibe como una caída en la vulnerabilidad social absoluta. Por ende, tres o cuatro generaciones terminan conviviendo bajo un mismo techo estructuralmente deficiente, prefiriendo desafiar la gravedad y la amenaza sísmica antes que romper los lazos comunitarios que garantizan su supervivencia diaria.
4.-La agenda pendiente: Superar «la ciudad olvidada» a través de la Habilitación Física
Celebrar a Caracas ignorando la realidad de sus laderas es perpetuar una peligrosa ficción urbana que condena a la mitad de su población a la exclusión. La vulnerabilidad de estas zonas no es una fatalidad de la naturaleza ni un castigo divino; es una construcción social e histórica derivada de décadas de desinversión, políticas habitacionales erráticas y la ausencia de una voluntad política real para integrar el barrio a la estructura legal y urbana de la ciudad.
Para saldar esta deuda histórica, la academia venezolana ya ha formulado las herramientas científicas y metodológicas necesarias. La referencia fundamental se encuentra en el legado de profesionales como Josefina Baldó y Federico Villanueva, autores del «Plan Sectorial de Barrios» de 1999 y propulsores del Programa de Habilitación Física de Barrios a través del Consejo Nacional de Vivienda (CONAVI), iniciado en 2001 y cancelado en 2007, con aplicación parcial en sectores de Caracas como Petare, La Vega, Las Minas y San Blas. Este enfoque demostró que los barrios no deben ser erradicados ni ignorados, sino habilitados e integrados urbanísticamente. No se trata de construir nuevas viviendas en la periferia, sino de intervenir el tejido existente dotándolo de infraestructura (agua, luz, cloacas, escalinatas), espacios públicos (plazas, centros deportivos) accesibilidad (vías internas y conexión con el entorno urbano formal) y seguridad (cuerpos policiales activos, mesas técnicas de seguridad ciudadana), reconociendo la propiedad social y la capacidad de gestión comunitaria que defendía Teolinda Bolívar.
5.-Horizontes de acción ante el colapso institucional y la economía de subsistencia
Dada la profunda fragilidad institucional y la falta de capacidad presupuestaria del Estado -evidenciadas tras la crisis sísmica de junio de 2026-, es inviable proyectar soluciones dependientes de fondos públicos o de una voluntad política centralizada. La protección del patrimonio habitacional y la reducción de la vulnerabilidad urbana deben articularse desde la autogestión comunitaria, el voluntariado académico y el apoyo del sector privado, asumiendo que el ciudadano es el primer y último garante de su propia seguridad.
- Corto Plazo: Autogestión Técnica y Pedagogía de Emergencia: Ante el vacío de información oficial, las universidades y los gremios profesionales deben masificar la pedagogía técnica a nivel comunitario. Esto implica transformar los comités vecinales y los grupos de servicios en redes de «alfabetización sísmica». Mediante brigadas itinerantes de voluntariado, se capacitará a maestros de obra locales y familias en la identificación de fallas estructurales graves. Asimismo, se deben difundir pautas críticas de construcción empírica, tales como la correcta dosificación manual de mezclas y el amarre estructural básico, adaptados a la escasez de materiales normados.
- Mediano Plazo: Remesas e Intervenciones de Acupuntura Urbana: En un contexto de desaparición del crédito bancario tradicional, la viabilidad de las obras requiere esquemas de financiamiento alternativos. Esto implica canalizar recursos de la diáspora (remesas familiares colectivas) y buscar apoyos puntuales de agencias humanitarias internacionales o de la empresa privada local mediante esquemas de responsabilidad social orientados al entorno inmediato. Priorizar intervenciones a microescala: estabilización artesanal de taludes críticos, rutas comunitarias de evacuación y fondos vecinales de contingencia para la compra de materiales de reforzamiento estructural en las viviendas más vulnerables.
- Largo Plazo: Incidencia Local y Presión por la Normalización Técnica: La reconstrucción del hábitat a gran escala requiere recuperar las capacidades operativas mínimas del Estado. El enfoque a largo plazo se centra en la contraloría social y la presión ciudadana sobre los gobiernos locales y municipales. El objetivo es exigir que la asignación de recursos —aunque sea mínima o discrecional— se guíe por criterios técnicos de microzonificación sísmica y no por redes clientelares. La meta final es reintroducir la fiscalización de la permisología constructiva y promover políticas públicas que vinculen la seguridad estructural con la equidad socioespacial.
6.-Lecciones de la experiencia internacional: La infraestructura como integración
La dicotomía entre la ciudad formal y la informal no es exclusiva de Caracas. Diversas metrópolis de América Latina, que enfrentaron retos de urbanismo informal similares al nuestro, han demostrado que la respuesta institucional no debe ser la erradicación violenta, sino la integración urbana multidimensional. Estas experiencias nos enseñan que la infraestructura física es, en realidad, un potente vehículo de inclusión social:
- El «Urbanismo Social» de Medellín: A través de los Proyectos Urbanos Integrales (PUI), Medellín demostró que la inserción de arquitectura de alta calidad (parques-biblioteca, centros educativos) en las zonas más postergadas transforma el entorno simbólico y funcional del barrio. No se trató solo de transporte, sino de llevar la presencia del Estado y la dignidad al corazón de la exclusión, reduciendo drásticamente la violencia y formalizando el tejido local.
- La «Sutura Urbana» en Río de Janeiro: El programa Favela-Bairro se centró en la integración física mediante la pavimentación de calles, la introducción de redes cloacales y el alumbrado público. La lección aquí es la «sutura»: conectar la trama del barrio con la red urbana formal. Al proveer servicios básicos dentro del asentamiento, se demostró que el costo-beneficio de habilitar lo existente es significativamente superior al de intentar desalojar y trasladar poblaciones a la periferia.
- La Regularización y el Micro-Financiamiento (Chile y Guayaquil): En contextos de escasa vivienda social, se priorizó la titularización de la tierra vinculada a subsidios directos para mejoras estructurales. Este modelo validó que, cuando la familia obtiene seguridad jurídica sobre su suelo, su propensión a invertir en el reforzamiento antisísmico de su vivienda aumenta drásticamente. El título de propiedad es, en esencia, la primera herramienta de protección ante el riesgo.
Estas experiencias internacionales confirman que la intervención en el barrio es una inversión rentable: reduce la vulnerabilidad ante desastres, dignifica a los habitantes y devuelve a la ciudad su cohesión, convirtiendo las laderas en parte de la República.
7.-La refundación de Venezuela: La transformación urbana como motor
De cara al futuro, cualquier debate serio sobre la reconstrucción institucional, económica y social de Venezuela pasa, de forma inevitable, por redefinir la realidad de sus barrios. La transición hacia un modelo de desarrollo sostenible y democrático no puede consolidarse si se mantiene la segregación socioespacial que hoy fractura a Caracas y a las principales ciudades del país. La inclusión plena de «la ciudad olvidada» no es un apéndice de la agenda política; es su requisito fundamental.
Los programas de intervención física en los barrios de Caracas, tales como el Programa de Habilitación Física de Barrios, actúan como motores de la economía barrial al descentralizar proyectos que activan la compra de materiales locales y el empleo de mano de obra residente, impactando positivamente en el consumo y la producción. A escala urbana, estas intervenciones integran la ciudad informal a la formal, convirtiendo a los barrios en activos económicos y reduciendo la vulnerabilidad estructural ante desastres, consolidando así la integración socioespacial de la capital.
Para que el país regrese a una senda de crecimiento económico con equidad, esta dinámica debe complementarse con la canalización institucional del flujo de remesas e informalidad hacia canales financieros regulados. La regularización jurídica del suelo y la titularización de la propiedad en el barrio -siguiendo las metodologías adaptadas de Teolinda Bolívar y Josefina Baldó- transformarán el «capital muerto» de las viviendas populares en activos financieros reales. Una vivienda con título registrado y estructura certificada como segura puede ser objeto de créditos bancarios, permitiendo a las familias financiar emprendimientos autónomos, costear la educación superior o seguir mejorando su hábitat bajo estándares normativos específicos.
Finalmente, la transformación urbana del barrio requiere, de manera obligatoria, una gobernanza participativa fundamentada en la reconstrucción del tejido social. No se trata de intervenciones verticales ejecutadas por un Estado paternalista. La reconstrucción nacional debe empoderar a las comunidades a través de presupuestos participativos y comités técnicos de hábitat independientes de control político-partidista. Al involucrar activamente a los vecinos en el diseño, ejecución y contraloría de las obras de su entorno, se reconstruye la cohesión vecinal dañada, se fomenta la cultura democrática de base y se devuelve a los ciudadanos la confianza en la gestión de lo público.
Conclusión: El verdadero reto del aniversario
Conmemorar un año más de la fundación de Caracas exige la madurez política de mirar de frente a sus laderas. La fractura sísmica que atraviesa el valle de la capital no es la única que amenaza su futuro; la fractura socioespacial que separa a la ciudad formal de la informal es igual de profunda, inestable y peligrosa. Saldar la deuda histórica con los barrios no es un acto de beneficencia; es una urgencia técnica, económica y humanitaria.
Para transitar hacia una ciudad moderna, competitiva y resiliente, Caracas debe recuperar la planificación urbana como eje rector. Ello demanda un sistema de gobernanza metropolitana efectiva que, trascendiendo la fragmentación política de los municipios Libertador, Baruta, Chacao, El Hatillo y Sucre, permita unificar criterios de gestión. Solo bajo una visión integral de ciudad -coordinada, técnica y con visión de futuro- será posible frenar el crecimiento desordenado, cicatrizar la separación entre la urbe formal e informal, y garantizar un desarrollo territorial armonioso y seguro.
Hasta que la ingeniería, el urbanismo democrático y la ciudadanía plena no suban al barrio con un proyecto de inclusión absoluta, el aniversario de Caracas seguirá siendo el recordatorio anual de una ciudad fracturada que aguarda, sobre un suelo herido, la factura de su propio olvido.
Carlos Torrealba
Secretario Ejecutivo de la Fundación Plan Estratégico de Caracas (1995-2002)
Asesor Inmobiliario / Economista
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