No solo tocan las puertas, sino que entran sin orden de allanamiento. Merodean las casas con motos y camionetas negras. También son amedrentados por los colectivos armados y los voceros de los consejos comunales
Mabel Sarmiento
La persecución política llevada a cabo por los cuerpos de seguridad del Estado y los colectivos armados no se quedó en la esfera de los voceros mediáticos y dirigentes de los partidos de oposición. Ya bajó varios peldaños y ahora va tras la cabeza de los líderes comunitarios.
El caso del periodista Carlos Julio Rojas, de La Candelaria, es contundente. Se lo llevaron mientras hacía unas compras. Lo pasaron a tribunales militares y lo acusan de llevar un morral con bombas lacrimógenas y de incitar a la violencia.
Rojas es dirigente de la asociación de vecinos de La Candelaria. En los últimos dos años se ha dedicado a denunciar las acciones irregulares de los colectivos armados, las invasiones de edificaciones y otras problemáticas de la parroquia.
Solía caminar libremente por las calles de esta zona del norte capitalino. Antes de su arresto, era asediado por los grupos paraestatales y una vez lanzaron una bomba lacrimógena en la puerta de su casa. Su detención ocurre los primeros días de julio de este año, antes de la consulta popular.
Pero antes de eso, el Estado, a través del Cuerpo de Investigación Penales y criminalísticas (Cicpc), inició una campaña de descalificación vía Twitter (@prensacicpc), el día 7 de abril del año en curso, contra diversos manifestantes opositores, “exponiéndolos” como delincuentes o generadores de violencia. Esos tuits no están disponibles.
José Gregorio Ochoa, líder social de la parroquia Antímano y Carapita, en su oportunidad colocó la denuncia ante la Fiscalía General de la República, por el delito de instigación al odio hacia manifestantes opositores y activistas de Derechos Humanos.
Pasados casi cuatro meses, incrementó la persecución, según Ochoa, quien sostuvo que los persiguen, llegan hasta las casas y los acusan de ser promotores de las protestas en las zonas populares. “Cosa que no es cierta”, dijo.
El muchacho ya fue liberado, pero igual quedó sembrado el terror en esta familia, cuyos nombres se omiten por razones de seguridad.
El miércoles 26 de julio irrumpieron en la casa de Manuel Mir, quien lleva años trabajando por la comunidad. Grupo de civiles armados intentaron aprehenderlo de su vivienda. Él no estaba y no pudieron hacerle nada.
En estos momentos no está en el barrio. Pide al Gobierno que cese la violencia y que pregone la tolerancia política. “Así como se respeta y valora a los chavistas que hay en el sector, eso mismo se tiene que hacer con la gente de la oposición”.
También en Catia han dejado rastro los colectivos armados. La semana pasada entraron y robaron la casa de uno de los dirigentes sociales. Los vecinos vieron salir a los motorizados vestidos de negro. Esa noche, la familia no sabía si ir a dormir a la casa o esconderse.
El concejal por el municipio Libertador, Jesús Armas, expresó que es una situación delicada, pues están muy expuestos y vulnerables. Por eso se omiten detalles de las zonas y los datos de identidad. No obstante, señaló que sabe de casos no solo en La Candelaria, sino en El Valle, Coche, Caricuao, Catia, Antímano, Montalbán, 23 de Enero y La Pastora, donde los líderes están siendo amenazados y hostigados por personeros del Gobierno.
En Caricuao, destacó —y eso lo reconoció igualmente José Gregorio Ochoa— son los colectivos armados los que han llegado a dirigirse a los líderes vecinales.
Y de la parroquia Coche existen denuncias de listados con nombre, apellidos y direcciones de las cabezas visibles en acciones comunitarias.
El diputado a la Asamblea Nacional por Alianza Bravo Pueblo, Richard Blanco, destacó que precisamente están persiguiendo a vecinos que buscan mejoras para sus comunidades.
En su circuito, que es El Paraíso, La Vega, Caricuao, Macarao y Antímano, hay muchos líderes de calle que están amenazados, “y no de ahora, cito el caso de la quema de la casa de Rosaura Sanz en Antímano. A ella le incendiaron el rancho mucho antes de que fuera diputada suplente, y fueron supuestos colectivos armados. Pero eso ahora está pasando en La Vega, en Macarao, San Bernardino, La Candelaria y en El Paraíso”.
Señaló que en el caso de esta última parroquia son vecinos que se organizaron para de alguna manera mejorar sus comunidades y se han mezclado con la actividad política. “Eso le incomoda al régimen y los han atacado no solo con la fuerza del orden público, sino también con los paramilitares”.
A principios de junio, el diputado fue a la Fiscalía junto con un grupo de dirigentes vecinales a solicitar por escrito medidas de protección para los vecinos de 19 edificios y para los líderes de varias parroquias.
Según Blanco, la persecución va a seguir, pues la gente que ejerce esta labor lo hace porque tiene sensibilidad social y es muy difícil que salga de la calle, aunque muchos se están resguardando de alguna manera para garantizar estabilidad a sus familias y bienes. “Estos son delitos de lesa humanidad”.
También los dirigentes sindicales —hay denuncias de los sectores Salud y Transporte— están pasando por el espiral de la persecución política.
Hay un caso de una delegada sindical del hospital Vargas que incluso ha sido amenazada de muerte por los paramilitares y hay dos casos de cabezas visibles —Erick Zuleta presidente de la Federación Nacional del Transporte y Hugo Ocando, líder del Bloque del Oeste— que luego de convocar un paro que se hizo efectivo el pasado 19 de abril, viven bajo la zozobra de un arresto repentino.
Fuente: http://www.talcualdigital.com/Nota/146099/aplican-operacion-tun-tun-a-dirigentes-comunitarios-de-oposicion
