Héctor Díaz
El siguiente es un informe presentado a la opinión publica, sobre los sucesos ocurridos en el Municipio Carache del Estado Trujillo en Venezuela, donde las fuerzas del orden publico reprimieron una comunidad que reclamaba la utilización del servicio de agua de manera autogestionaria en contraposición a la intención de los gobernantes de construir un tanque de Almacenamiento de agua que perjudicaría, a juicio de la propia comunidad, el hábitat de estos pobladores. El mismo fue elaborado por el Periodista Héctor Díaz y consignado en la Comisión Permanente de Derechos Humanos y Garantías Constitucionales del Consejo Legislativo del Estado Trujillo
La comunidad de Carache se vio convulsionada cuando de una manera pacífica protestaba ante la alcaldía del municipio ya que este organismo municipal se empeña en construir un acueducto que no reúne los requisitos técnicos desde el punto de vista estructural como de los recursos hídricos. Las comunidades de Mesa Arriba en varias oportunidades le plantearon al Alcalde los inconvenientes técnicos, informes avalados por el propio Ministerio del Ambiente, pero el señor alcalde en ningún momento escuchó los planteamientos para corregir tal situación; muchas actas se firmaron y donde se dejaba constancia, tanto de los representantes de la comunidad como de los organismos ambientales y otros técnicos que asesoran a los consejos comunales, dichos informes no fueron tomados en cuenta por la sala técnica de la alcaldía.
La gota que derramó el vaso fue cuando el alcalde de una manera anarquista autorizó el traslado de la maquinaria hacia la zona donde se iba a ser el movimiento de tierra, dicha caravana de maquinaria pesada se hizo acompañar por un pelotón de la Policía del Estado, Guardia Nacional del Destacamento 15 y el batallón de la reserva; la comunidad indignada frente a esa injusta decisión, se colocó a la entrada del poblado para no permitir el avance de dichas maquinarias, sorpresa para los pobladores es que por ordenes del Gobernador Hugo Cabezas, El Alcalde Soller Sagan y del propio jefe de la policía del Estado, impartieron ordenes de arremeter contra todo el que se opusiera al avance del traslado de las maquinas operadoras. La mayor sorpresa fue el vendal de bombas lacrimógenas, perdigones y disparos a mansalva en contra de la comunidad.
La violación llegó al extremo, que las humildes casas fueron allanadas sin orden judicial, tomando objetos de valores los efectivos militares, como es el caso de la señora María Montilla de 60 años de edad, a quien le sustrajeron prendas y dinero en efectivo por el orden de los dos mil quintetos bolívares fuertes; la residencia del Señor Bertilio Velásquez productor de hortalizas, su casa fue violada y saqueada a tal punto, que en su solar se encontraban las jaulas donde están los gallos de pelea y de una manera salvaje le mataron 6 ejemplares; la casa donde viven tres señoras ancianas fue violentada por los cuerpos policiales haciendo estragos en sus sembradíos y matando sus animales gallinas y ovejas.
La dirección de educación a través de la Gobernación del Estado ordenó la destitución de las educadoras Yeny Vegara, Johan Durán, Carmen Velásquez, María Bracamonte, Epifanio Godoy y a los bedeles Cayetano Terán, por cierto, un señor con discapacidad física y Leonardo Quevedo; a quienes están acusando de ser los cabecillas de las protestas, cuestión que es incierta ya que las maestras y los bedeles forman parte de la comunidad y ende son solidarios con los justos reclamos del sector. Igualmente la zona educativa le elaboró sendos informes a los educadores ya que los mismos se oponen a que se reinicien las clases o abrir la escuela, hasta tanto la fiscalía del Ministerio Público no haga una inspección en el lugar y donde se recojan las evidencias dejadas por los cuerpos policiales y donde se pueden ver cartuchos de escopetas y bombas lacrimógenas en las estradas de los pasillos y en el patio central, lo que significa que la zona educativa quiere borrar todas las pruebas de la violación de los derechos humanos dentro de la institución y los educadores exigen la presencia de psicólogos, orientadores y médicos psiquiatras para que ayuden a los niños ya que en su mayoría, ante el trauma que tienen no quieren retornar a clase.
La detención arbitraria de los seis ciudadanos que fueron pasados a la orden del Tribunal de Trujillo, fueron golpeados injustamente, encarcelados como vulgares delincuentes sin causa justificada alguna ya estos ciudadanos el día jueves en horas de la tarde fueron dados en libertad por diligencias hechas por la Comision de Derechos Humanos del Consejo Legislativo a cargo del Legislador Facundo Colmenares, pero en 45 días tienen que presentarse ante el Tribunal de Control.
La escuela Rural Bolivariana “Mesa Arriba” fue allanada con los niños adentro, lo que ocasionó que muchos niños salieran afectados por los gases y algunos de ellos quedaron con traumas que amerita la intervención médica y psicológica. Esa es la triste realidad de un municipio que se alzó para reclamar sus derechos y exigir respeto ante el gobierno regional y municipal.
También queremos denunciar el atropello por parte del gobierno local en contra de la Emisora Comunitaria Minumboc 104.1 Fm a quien la amenaza de cerrar y la acusan de ser la culpable de la incitación del pueblo en contra del alcalde; igualmente el Director General de Gobierno José Morales, desde la gobernación del Estado ha mantenido una constante zozobra en contra del medio comunitario y en cualquier momento esta estación radial puede ser intervenida por los organismos nacionales y regionales ya que los funcionarios de la gobernación lo que quieren es ponerle mano a las emisoras comunitarias que no les son afectas a sus propósitos gobierneros. Nuestra solidaridad con Antonio Torres, presidente de la Comisión de Red de Emisoras Comunitarias de Venezuela y Director de la estación en Carache.
