Por Amnistía Internacional
En el nuevo informe, Morir ante un juez: detención arbitraria, desaparición forzada, tortura y muerte de Rafael Acosta Arévalo, Amnistía Internacional publica nuevos hallazgos sobre el caso que ponen en duda la versión oficial de los hechos y demuestran la mortífera política de represión del gobierno de Nicolás Maduro para silenciar a la disidencia
Rafael Acosta Arévalo era un capitán retirado de la Marina venezolana que desapareció en la localidad de Guatire en el estado de Miranda el 21 de junio de 2019. Amnistía Internacional obtuvo 550 páginas del expediente penal contra dos funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) adscritos a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) acusados de participar en su muerte.
“Contrario a lo que muestra la investigación penal por parte de la justicia venezolana, Rafael Acosta Arévalo no falleció en un hospital. Fue desparecido, torturado y murió ante un juez. Sobre estos hechos no se ha hecho justicia”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
La información pública disponible indica que Rafael Acosta Arévalo fue víctima de desaparición forzada desde el 21 de junio, hasta el 26 de junio, fecha en que las autoridades venezolanas anunciaron su detención. Según un oficio del expediente, los funcionarios de la DGCIM le habrían llevado a un hospital el 28 de junio, pero horas después fue presentado, mientras agonizaba, ante un tribunal militar para imputarle cargos a pesar de su condición de retiro de las Fuerzas Armadas.
Amnistía Internacional encontró que Rafael Acosta Arévalo falleció el 28 de junio de 2019 en la sala donde se llevaría a cabo la audiencia de presentación, sin recibir atención médica en los momentos previos a su muerte. Esta evidencia contradice la versión oficial de las autoridades venezolanas, quienes difundieron que la víctima había muerto en el Hospital Militar Vicente Salias, después de haber recibido atención médica.
Amnistía Internacional ha recibido múltiples denuncias de detenciones arbitrarias y períodos iniciales de incomunicación, así como la existencia de centros de detención clandestinos que pertenecen al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y a la DGCIM. En este caso, a pesar de haber poca información sobre el paradero de Acosta Arévalo en los días previos a su muerte, uno de los imputados en el caso -adscrito a la DGCIM- declaró que le trasladaron desde Guatire a un “sótano”. Amnistía Internacional exige que se realice una investigación imparcial e independiente a cargo de una autoridad civil – y no militar – sobre la posibilidad de que Rafael Acosta Arévalo haya sido trasladado a un centro de detención clandestino, donde fue sometido a tortura.
Otros hallazgos de la investigación apuntan a que los imputados -y posteriormente condenados- por el caso de Rafael Acosta Arévalo sostuvieron versiones contradictorias de los hechos. Las actas de investigación no vinculan la actuación de los condenados a la muerte de la víctima y, además, se les imputa un cargo que insinúa que la muerte de Acosta Arévalo fue causada accidentalmente, haciendo a un lado que la misma fue consecuencia de múltiples y serias lesiones que comprometieron sus pulmones al punto de provocar un edema cerebral severo.
“En las 550 páginas del expediente a las que Amnistía Internacional tuvo acceso no se menciona la palabra tortura ni una sola vez, a pesar de que constan múltiples documentos que refieren a las más de 50 lesiones corporales de la víctima y a su precario estado de salud al llegar ante el tribunal militar que le imputaría cargos, siete días después de que su familia denunciara su desaparición y dos días después que las autoridades admitieran que había sido detenido”, dijo Erika Guevara Rosas.
La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, dijo en julio de 2020 que: “En [16] casos documentados se hacía referencia a fuertes palizas con tablas, asfixia con bolsas de plástico y productos químicos, inmersión de la cabeza del detenido bajo el agua, descargas eléctricas en los párpados y violencia sexual en forma de descargas eléctricas en los genitales. Las personas detenidas también estuvieron expuestas a bajas temperaturas y/o luz eléctrica constante, esposadas y/o con los ojos vendados durante largos períodos y sometidas a amenazas de muerte contra ellas y sus familiares.”
Amnistía Internacional sostiene que los cientos de casos como el de Rafael Acosta Arévalo deben ser investigados por un mecanismo internacional independiente que garantice justicia, verdad y reparación para las víctimas de violaciones a derechos humanos y crímenes de derecho internacional, ante la imposibilidad que esto ocurre ante la justicia venezolana. Es de señalar que los casos de detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, tortura, ejecuciones extrajudiciales y sometimiento de civiles a procesos penales ante la justicia militar en Venezuela son parte de una política sistemática o generalizada, por lo que deben determinarse las responsabilidades penales individuales al más alto nivel gubernamental.
El sistema de justicia venezolano ha sido cuestionado por prestarse para la criminalización de personas disidentes y para avalar las prácticas de detenciones arbitrarias y otros crímenes de derecho internacional violaciones a derechos humanos. Por lo tanto, hoy más que nunca, es necesario que se renueve el mandato de la Misión de Determinación de los Hechos que ha sido creada por el Consejo de Derechos Humanos y que presentará su primer informe este mes de septiembre. Ello, sin descartar otras instancias internacionales.
“La nueva evidencia da cuenta de la poca confianza que existe en el sistema de justicia venezolano para alcanzar la verdad, la justicia y la reparación a las víctimas de violaciones a derechos humanos. El caso de Rafael Acosta Arévalo ejemplifica la necesidad que los mecanismos internacionales asuman el liderazgo en la búsqueda de verdad, justicia y reparación de las víctimas de los crímenes de derecho internacional y violaciones de derechos humanos en Venezuela. Es imprescindible el apoyo de la comunidad internacional para fortalecer y preservar el funcionamiento de la Misión de Determinación de los Hechos”, dijo Erika Guevara Rosas.
