La presentación del Estado venezolano hizo énfasis en los avances logrados en los derechos sociales, especialmente entre los años 2006 al 2008. Las organizaciones sociales, en los informes remitidos los cuales son tomados en cuenta por el Consejo de la ONU, visibilizaron los retrocesos en los derechos políticos, así como los estancamientos en algunos derechos sociales, como la vivienda. Como lo repitieron los activistas presentes en Ginebra, sitio de realización del EPU, el trabajo de las organizaciones no es a favor o en contra de gobierno, sino por la garantía de los derechos humanos para todos y todas, desde una perspectiva integral, lo cual incide en la calidad de vida de la población. Lamentablemente, algunos voceros del gobierno, incluyendo el primer mandatario, no tomaron el EPU como un espacio en donde se reforzarían sus políticas positivas y serían recomendadas medidas para revertir los flancos débiles, sino como una “batalla” que debía ser ganada. El Ministerio de Comunicación, insistentemente, desnaturalizaba las observaciones realizadas por las organizaciones de derechos humanos al categorizarlas como “pagadas por los Estados Unidos”, con lo que sugería su naturaleza mercenaria. Lo que no se percató el despacho de Andrés Izarra, funcionario que por cierto pidió protección tras los sucesos de abril 2002 a las organizaciones que hoy criminaliza, es que este tipo de campañas, precisamente, estaban bajo la lupa de la ONU como parte del hostigamiento contra la sociedad civil independiente del país.
