José Guerra
Los acreedores de Venezuela están montando los casos para tratar de cobrar compulsivamente las acreencias que mantienen contra el Estado. Los casos son incontables. Tal vez el más reciente es el de Conoco Phillips, empresa petrolera que ya procedió a embargar los terminales petroleros que PDVSA administraba en las islas de San Eustaquio, Aruba, Bonaire y Curazao y de esta manera ha tomado esas estaciones impidiendo exportar un solo barril de petróleo desde esos puertos. Igualmente, esa empresa pasó a dirigir las refinerías de Aruba y Curazao que hasta hace poco eran manejadas por PDVSA. Y si ello no fuese suficiente, ahora el presidente de Conoco Phillips, Ryan Lance ha dicho que como no ve voluntad de pago por parte de PDVSA, la empresa que dirige está tratando de ubicar más activos de PDVSA en el exterior para embargarlos y así forzar a PDVSA a que le pague lo adeudado. Todo esto por apenas US$ 2.000 millones que en condiciones normales sería un monto mínimo para las finanzas de PDVSA. En igual situación están quienes compraron los bonos del Gobierno de Venezuela y de PDVSA y desde octubre de 2017 no han cobrado, excepto el bono PDVSA 2020, el cual pagaron porque de no hacerlo corrían el riesgo de perder la mitad de CITGO, por cuanto ese bono tiene como garantía el 50% de las acciones de esa compañía. Ese pago fue interpretado como un default selectivo, debido a que pagan unos bonos, pero otros no los pagan. Venezuela está en incumplimiento del pago de su deuda externa por un monto cercano a los US$ 3.000 millones y sin ninguna posibilidad de pagar. Es muy probable que los tenedores acudan a las cláusulas de aceleración de pago, lo que quiere decir que si no cobran los intereses en mora pueden exigir el pago total de la acreencia.
Es aparentemente inexplicable que PDVSA no pague a Conoco Phillips enfrentando el riesgo de perder activos muy valiosos. La respuesta parece estar en el hecho que PDVSA tiene serias dificultades de caja. Igualmente, la empresa minera Rusoro ha exigido el pago de US$ 1.500 millones por activos expropiados por Chávez. A ello se suman los casos de Cristallex y Gold Reserve, empresas de minería de Canadá a quienes tampoco se ha cancelado completo. Estas no son las empresas contratistas y suplidoras de servicios a PDVSA de la Costa Oriental del Lago de Maracaibo a quienes Chávez les expropió sus activos y los llevó a la ruina sin que esa gente pudiese acudir a reclamar porque en Venezuela no hay tribunales confiables. Toda esta situación amenaza con agravar el problema de financiamiento que tiene Venezuela, donde el acceso al mercado mundial está absolutamente cerrado.
Quedará entonces la opción de rematar a precios de gallina flaca lo que queda de los activos de la nación a los capitales rusos o los chinos para obtener algo de ingresos en divisas. Desde la Asamblea Nacional, siguiendo la experiencia de Irak y con apoyo de abogados expertos a nivel internacional, vamos a proponer una ley que proteja los activos nacionales hoy comprometidos por los irresponsables, quienes de una manera u otra endeudaron al país.
