Javier Contreras
Lo que ocurrió el lunes 15 de enero en la zona del Junquito, no puede ser visto como una simple acción en contra de un grupo delincuencial. Movilización de helicópteros, tanquetas y otros vehículos especializados, además de la participación de personas pertenecientes a los colectivos armados (hecho realmente grave que merece, en sí mismo, un análisis profundo y una explicación por parte del gobierno), dan cuenta de una planificación rigurosa, bien elaborada y con un fin claro: generar un enfrentamiento que por sus características dejara, como finalmente pasó, un saldo de fallecidos.
El objetivo era capturar a Oscar Pérez y su grupo, sindicados de haber robado una aeronave perteneciente a los cuerpos de seguridad del Estado y utilizarla para atentar contra la vida de algunas personas, de la misma manera que pretendían crear condiciones para una subversión en contra del gobierno de Maduro. Entre inconsistencias y con cierta ligereza, el alto gobierno anunciaba, desde el año pasado, la magnitud del plan de Pérez, hoy fallecido.
Posterior al episodio en el que Oscar Pérez ganó notoriedad, que en el inicio tuvo ribetes caricaturescos, el piloto siguió emitiendo mensajes por las redes sociales, apariciones que estaban más cerca del performance que de constituir una real amenaza. Ciertamente es un delito emitir pronunciamientos que inviten a la violencia y al uso ilegal de las armas, pero para juzgar este tipo de actos hay que cumplir con todos los pasos que marcan las leyes venezolanas, en donde no están contempladas la pena de muerte, ni las ejecuciones sumarias extrajudiciales.
Obviamente el accionar de quienes formaron parte del operativo, y aquellos que lo concibieron, es censurable, esto por la desmesura y la saña con la que se desarrollaron los acontecimientos. Mientras sucedía lo que terminó como una masacre, Iris Varela, a través de su cuenta de twitter, deslizaba comentarios cargados de violencia y descalificativos personales: “El asesino oscar perez y su banda de terroristas, pagaran con todo el peso d la ley por todo el daño q han causado cegando la vida a funcionarios, aquí no vale el llanto ni el arrepentimiento. Urge capturar a su mentor Miguel Rodríguez Torres, tanto o más peligroso que esta lacra”[1].
Las declaraciones de Varela no solo describen una forma discursiva dirigida a fomentar odio (olvidando los postulados de una ley que la ilegítima asamblea constituyente aprobó), también sugieren un posible próximo paso, que de darse, cerraría el círculo en torno al operativo realizado: ordenar la captura del ex hombre fuerte del gobierno, Miguel Rodríguez Torres, personaje que resulta muy incómodo para la cúpula que detenta el poder.
En un país que se caracteriza por la opacidad de la información oficial, y la manipulación de dicha información que es utilizada como propaganda, consigna y herramienta de agitación, la especulación en torno a las razones de fondo del accionar del gobierno cobra más importancia que nunca. No se trata de soltar tesis fantásticas que contribuyan con la construcción de una narrativa de buenos contra malos, la idea es tomar conciencia respecto al entramado en el que ocurren las cosas, escenario que invita a hilar fino, a tener memoria y a tratar de encajar las piezas del gran rompecabezas que hoy es Venezuela.
Lamentablemente, el operativo que desencadenó la muerte de Oscar Pérez y otros venezolanos, pasará, muy probablemente, a la galería de hechos que cada quien interpretará y contará según su interés. En pocos días, a lo sumo semanas, ocurrirá otro hecho que sustituirá a este, focalizando el debate en otro centro.
Ojalá que lo que sucedió no haya sido el ensayo de un nuevo método de las fuerzas del Estado. Ojalá que, en el afán de negar la realidad, el gobierno y sus cuerpos de seguridad no se den el lujo de repetir estas acciones para vender una supuesta eficiencia a la hora de contrarrestar el terrorismo. Ojalá no se haya montado el sangriento espectáculo para justificar la satisfacción de un deseo de algunos miembros del gobierno, la captura de Rodríguez Torres (quien, por ahora no formar parte del gobierno, no borra su responsabilidad en el uso excesivo de la fuerza y vulneración de derechos de muchos venezolanos cuando era funcionario de alto nivel).
Lo que ocurrió no fue un operativo más, no debe pasar por debajo de la mesa, más allá del nombre de los involucrados. Todos los venezolanos, especialmente el gobierno, deben construir condiciones para que la justicia prevalezca, no la venganza y el ajusticiamiento; hay que erradicar el odio, es verdad, pero no con leyes que se utilicen como instrumento de inquisición, hay que hacerlo depurando el lenguaje, el accionar y la voluntad.
[1] Tomado textualmente de la cuenta de Twitter de Iris Varela.
