Nelson Freitez | @nefreitez.
Las naciones cuyas economías se sustentan exclusivamente en una renta generada por minerales de alto valor en el mercado internacional, suelen ser susceptibles a manejos distorsionados, ilegales y fraudulentos de esos altos volúmenes de recursos. Las élites en el poder político, en contextos de precariedad de mecanismos de control efectivo, hacen un manejo discrecional de tales riquezas y generan un reparto desigual e inequitativo, caracterizado fundamentalmente por su apropiación privada y el enriquecimiento de grupos aliados.
En Venezuela, históricamente, la débil institucionalidad del aparato de Estado, sobre todo para el control de las finanzas y contrataciones públicas, se expresó en un entramado de mecanismos propiciadores del trasvasamiento de los recursos públicos hacia la apropiación de los grupos en el poder.
Uno de los principales factores de agotamiento de la legitimidad de los grupos en el poder hasta fines de los años 90 del siglo pasado, fue precisamente el ejercicio de tales prácticas. Estos 20 años en el poder de las actuales élites han evidenciado el montaje de un régimen político diseñado para la apropiación absoluta de la renta a través de múltiples mecanismos, que han hecho parecer como un ´juego de Monopolio´ las tradicionales prácticas de corrupción de décadas anteriores.
Las dimensiones gigantescas de la apropiación; la voracidad de su acelerada expoliación; su irradiación en diversos países (en más de 60 naciones hay procesos de investigación criminal abiertos); la inacción y complicidad de la precaria institucionalidad que debía controlar; la velocidad de enriquecimiento de los nuevos grupos y, la variedad de modalidades de ´lavado´ de la riqueza apropiada, han llevado a los expertos de la ONG Transparencia Venezuela a denominar tales procesos como “Gran Corrupción”
En el epicentro de la metástasis de hiperinflación, emergencia humanitaria compleja y colapso de los servicios públicos, se encuentra como factor generador principal la “Gran Corrupción”. Por esta razón de fondo, la sociedad civil venezolana no puede permanecer impasible ante estos devastadores tinglados de delincuencia organizada en el propio aparato de Estado, que han terminado por generar, además de la destrucción de la economía, agravamientos, muertes y migración forzosa de nuestra población.
Por eso, desde el mes de octubre del año 2019, Transparencia Venezuela ha promovido un novedoso proceso de reflexión, encuentro y organización en torno a lo que han denominado “Coalición Anticorrupción”, inicialmente programado para ser promovido en once Estados del país, expandiéndose en la actualidad a catorce entidades.
Esta ´Coalición´ se ha concebido como un espacio de encuentro en torno al propósito de agrupar diversas asociaciones de la sociedad civil, para que en el marco de un ´Mandato Anticorrupción´, tales agrupaciones ideen, promuevan y ejecuten “iniciativas anticorrupción” para motivar y activar a la sociedad venezolana en el enfrentamiento, la contención y la superación de la “Gran Corrupción”. Durante los meses en los cuales esta ´Coalición´ se ha impulsado, ha logrado vincular unas 470 asociaciones y organizaciones en 14 entidades, las cuales se han encontrado en 26 eventos para compartir diagnósticos, propuestas e iniciativas, diseñando hasta el presente 70 ´iniciativas anticorrupción´.
Estas evidencias pueden señalarnos que estamos en presencia de un proceso de incentivo y organización de un tejido en la actual sociedad civil, que más allá de los avatares autoritarios que la afecta, se está progresivamente articulando, con la expectativa de aportar desde distintos espacios a la edificación de una próxima Venezuela Digna, Libre de Corrupción, tal como reza algunos de sus lemas.
La principal esperanza que se percibe es la aspiración de aportar para que en el país no se repita la vorágine de corrupción que estamos padeciendo y, que la sociedad pueda prevenirse y dotarse de actitudes, mecanismos y comportamientos que favorezcan el surgimiento de un país íntegro, con nuevas élites en el poder bajo control de la sociedad rindiéndole cuentas.
