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Sistema Eléctrico Nacional (SEN) opera en “condiciones de alto riesgo”

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Foto Archivo WEB

Durante el año han renunciado a la nómina de Corpoelec, 9.000 trabajadores, informó Ángel Navas, presidente de esa organización.

Miembros de base y directivos de la Federación de Trabajadores de la Industria Eléctrica (Fetraelec), solicitaron al presidente Nicolás Maduro y a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), intercedan en la reanudación del diálogo con las autoridades de Corpoelec.

Ángel Navas, presidente de esa organización gremial, señaló que el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) opera en “condiciones de alto riesgo” y urge un “trabajo conjunto” empresa y trabajadores, a los fines de mejorar la prestación de ese servicio básico y estratégico, dadas sus “implicaciones sociales y políticas” para el país.

Destacó que el ministro de Energía Eléctrica y presidente de Corpoelec, Luis Motta, no se reúne con los trabajadores para analizar los problemas del sector focalizados en los ámbitos operativo, financiero y laboral, y así buscar soluciones.

“Hay un desconocimiento hacia los trabajadores organizados”, asentó el dirigente sindical. Y es necesario en momentos en que la “crisis eléctrica no se ha superado”, unificar criterios y rescatar el servicio.

Navas reveló, ante la ausencia de data oficial, que la demanda eléctrica nacional fluctúa entre 14.000 y 15.000 megavatios (MW), es decir, similar a la de hace diez años. “A pesar de una demanda reducida –por el cierre y baja producción de las empresas–  la semana pasada se registró un apagón en 5 estados del país, en la región suroccidente y en Carabobo no hubo electricidad durante 1 día”.

Resaltó la falta de inversiones y mantenimiento en las áreas medulares del sistema: generación, distribución y transmisión. Precisó que más del 60% del parque térmico se encuentra indisponible; es el caso de Planta Centro (Carabobo), cuyas cinco turbinas están inoperativas, sólo funciona la unidad 6, construida recientemente a través de un convenio de cooperación con la empresa China Machinery Engineering Corporation; Termozulia trabaja a 30% de su capacidad y Ramón Laguna está fuera de servicio (ambas del Zulia); y Tacoa (Vargas) con el 50%.

De las plantas de generación distribuidas, adquiridas e instaladas durante la contingencia eléctrica de 2010, solo el 30% está activa, añadió.

En transmisión, comentó Navas, “78% de los transformadores tiene un factor de utilización superior al 50%, y de esta condición 22% tiene un factor de utilización superior al 80%, lo cual representa una pérdida de capacidad firme de energía disponible (MVA), restringiendo la posibilidad de realizar mantenimientos sin la suspensión parcial del servicio”.

Argumentó que “no menos preocupante es el área de distribución, de las 402 subestaciones, el 32% (127) excede su vida útil, esto es 35 años, y de los 3.811 circuitos, 44% exceden valores permitidos de cargabilidad. Esta situación de sobrecarga sostenida de los componentes de distribución, como círculo vicioso, genera interrupciones cada vez más frecuentes que, sumadas a la incapacidad de ejecutar mantenimiento por sectores por falta de material, aceleran el desgaste y deterioro, afectando continuidad y calidad del servicio”.

Estas circunstancias, además de los “riesgos de un colapso, han contribuido para que el entonces gobernador del Zulia, Francisco Arias Cárdenas, propusiera elevar ante la ANC asumir la dirección de Corpoelec-Zulia. Esta tesis ha sido seguida por los gobernadores de Falcón, Lara, Carabobo y Anzoátegui”, refirió.

Fuga de talentos

Navas indicó que en 2017 han renunciado a la nómina de la eléctrica estatal, 9.000 trabajadores (técnicos, operarios y profesionales), contrayendo la plantilla a unos 30.000 empleados, y mermando las capacidades de un sector que requiere una altísima especialización. Explicó que muchos han migrado al exterior a recibir un pago acorde con sus talentos, pues estamos en “la cola de las remuneraciones en la región” luego de haber sido capacitados en Venezuela, e incluso algunos, haber recibido certificación en China.

A ello se une, puntualizó, que fue “desmantelada” la Escuela de Formación Germán Celis Sauné (Carabobo), el alma mater de la industria por 52 años, pese al compromiso de las autoridades por rehabilitarla en febrero de este año”.

Dos visiones

El presidente de Fetraelec no coincide con el ministro Motta que atribuye hechos de sabotaje a las fallas recurrentes en el sistema. “Creemos que no se debe confundir vandalismo con saboteo. Al igual que la Cantv y las operadoras de telecomunicaciones son objeto de robo de cableados y equipos por parte de delincuentes y mafias para venderlos, así ocurre en el sector eléctrico. Sabotaje precisa de una intencionalidad por dañar o desestabilizar. Los trabajadores que han sido detenidos por el Sebin no se les ha encontrado culpabilidad”.

Recordó que las instalaciones eléctricas eran custodiadas por 5.000 trabajadores, pero fueron sustituidos por 500 milicianos a nivel nacional. “De allí que no tenemos seguridad interna. La industria está en manos de un proceso de canibalización. Roban carros, cauchos, baterías, hasta componentes eléctricos que en un 70% son importados”.

Plan de rescate

Aunque las misivas consignadas en los despachos de la presidencia de la República y de la ANC, solicitando la intermediación para una reapertura al diálogo no han tenido respuestas, subrayó, Fetraelec sugiere un plan de rescate del SEN.

Para elevar los ingresos de la empresa se debe colocar la tarifa mínima residencial en 1.000 bolívares a usuarios de bajo consumo, en 2.000 a los de medio consumo y a partir de 3.000 bolívares al mes a los de alto consumo conectados ilegalmente a redes; determinar demanda real de usuarios industriales, comerciales, oficiales, y aplicar normas de suspensión por no cancelar facturas.

Realizar planes de mantenimiento (desmalezamiento y poda), acelerar esfuerzos por potenciar áreas de generación, transmisión y distribución; elevar la moral de los trabajadores.

Y discutir un contrato colectivo, ya que el actual se vence a fines de mes, adelantó. “Los convenios tradicionales no sirven en un marco de hiperinflación, habrá que revisarlos cada tres meses”.

Fuente: Mariela León/ El Universal

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