Tras la tragedia del 24 de junio la cooperación internacional se activó para la atención de la emergencia en nuestro país: el Fondo Monetario Internacional liberará inicialmente 346.000 millones de dólares correspondiente al tramo de reservas de los recursos propios, el Banco de Desarrollo para América Latina y El Caribe, creó un fondo de recuperación y reconstrucción de 1 millón de dólares, más 1 millón adicional en ayudas humanitarias. La ONU a través de su oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios destinó 15 millones de dólares como respuesta inicial a la emergencia.
Los fondos que serán auditados por firmas internacionales representan una gran oportunidad para la reconstrucción de los territorios devastados, que han sufrido daños económicos calculados en 19.600 millones de dólares según el Banco Mundial.
Los montos que aportaran los mecanismos de cooperación multilateral son bastante significativos; no obstante, serán insuficientes si no ocurre una coordinación multiactor entre: la cooperación internacional, el Ejecutivo Nacional, ministerios, gobernaciones, alcaldías, el sector privado y la sociedad civil.
Los desastres naturales como el vivido por nuestro país requieren de una respuesta y atención humanitaria sin discriminación, con atención diferenciada a los grupos más vulnerables, garantizando los derechos básicos de los afectados. Requiere también de la protección del derecho a la información y la participación de las comunidades.
Si desde el poder no se tienden puentes hacia la sociedad civil la reconstrucción no será posible. El control partidista no puede determinar el accionar del Estado. Es el momento de superar décadas de temor, dolor y desconfianza.
En esta circunstancia, se hace necesario examinar el proceso chileno luego del terremoto y tsunami de 2010 que afectó la zona centro sur del país. La fortaleza institucional del país austral permitió que la reconstrucción se llevará a cabo de manera rápida y eficiente, con criterios técnicos, la articulación entre los diversos niveles de gobierno y un liderazgo político que puso a un lado las diferencias partidistas para facilitar el diálogo.
La cohesión social del país y el avance hacia la gobernanza post 24 de junio será posible como lo ha señalado el Provincial de la Compañía de Jesús, Alfredo Infante, SJ, construyendo “puentes de diálogo y reconciliación”. Además del volumen de la ayuda, Venezuela requiere que el Estado, la sociedad civil y el sector privado avancen en la atención a la respuesta humanitaria. Corresponde a las autoridades dar el primer paso.
