Por Víctor Álvarez R. | @victoralvarezr
El pasado 11 de octubre, el juez federal estadounidense, Leonard Stark, presentó un plan para subastar las acciones de Citgo y pagar con esos fondos a Crystallex la indemnización que reclama a Venezuela por la expropiación de sus activos en la mina de oro Las Cristinas, en el estado Bolívar.
Crystallex llevó el caso al Centro International de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (CIADI) que dictó una sentencia favorable a la minera canadiense por $ 1.400 millones. El gobierno venezolano consideró desmesurada la indemnización y no la pagó. En 2018 Crystallex trasladó el caso a una Corte civil en Delaware y demandó el pago con cargo a las acciones de Citgo.
Aunque la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) nunca tuvo negocios con Crystallex –y el litigio de la minera canadiense es contra la República de Venezuela–, el marco legal estadounidense contempla la figura del álter ego que permite al afectado por el impago de una deuda, embargar otros activos propiedad del deudor moroso. Como la República es la propietaria de Pdvsa, la Corte determinó la aplicación del principio de álter ego.
Pdvsa apeló ante la Corte de Apelaciones de Filadelfia, pero ésta se pronunció a favor de Crystallex.
El remate de las acciones no se ha concretado porque Citgo aún está protegida por la Orden Ejecutiva 13.884, que impide a los demandantes contra Venezuela hacer cumplir los laudos arbitrales y confiscar propiedades, sin una autorización del Tesoro de EE.UU., de acuerdo al cronograma presentado por el juez Stark, esta venta podría concretarse a principios de 2024. El plan establece un plazo de seis meses para gestionar el permiso ante la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC), la contratación de un banco de inversiones y un lapso de nueve meses para ejecutar los procedimientos de licitación y venta.
Citgo es un conglomerado de tres refinerías de Pdvsa en EE.UU. con una capacidad de refinación de 745.000 barriles diarios (b/d). Tiene 3.500 empleados que operan 48 terminales, 9 oleoductos que cruzan 23 estados y una red de 5 mil gasolineras que han llegado a suministrar hasta 10 % de la gasolina que se consume en EE.UU. Su valor se estima en US $ 8.000 millones y por eso está en la mira de los acreedores de la República que quieren cobrar –con cargo a las acciones de Citgo–, las indemnizaciones que reclaman por las expropiaciones de sus inversiones en Venezuela.
En efecto, Crystallex no es el único caso que reclama una indemnización. También están los tenedores del Bono Pdvsa 2020, que tienen como garantía el 50,1 % de las acciones de Citgo; y Conoco-Phillips a la que un tribunal de EE.UU. favoreció con una indemnización por US $ 8.700 millones. Este fallo sentaría un precedente jurídico que puede ser utilizado en otros juicios que buscan cobrar indemnizaciones pendientes con cargo a los activos de Venezuela en el exterior.
Actualmente el interinato de Guaidó –al cual la Casa Blanca todavía reconoce como el gobierno legítimo de Venezuela– es el único que pueden actuar legalmente a nombre de la República ante las cortes de EE.UU., pero si Maduro y Guaidó no coordinan acciones, Venezuela perderá Citgo cuando la OFAC conceda la licencia para que se rematen las acciones, o cuando se levanten las sanciones.
De cara a las Presidenciales de 2024, el remate de Citgo sería un tiro de gracia al interinato y sería aprovechado tanto por el Gobierno, como por los críticos del interinato en la oposición, para sacar a Guaidó de la carrera por la candidatura presidencial. Pero el remate de Citgo también sería un lamentable desenlace para el interés nacional que perdería un importante activo que se necesita para la reconstrucción del país.
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