Sanciones vs. cambio político

Para el oficialismo, son la principal causa de la crisis actual; para la oposición, son la medida de presión perfecta para lograr la salida del gobierno. Indiscutiblemente, los efectos de las sanciones se han evidenciado en la economía venezolana, pero ¿son estas el verdadero problema? O, por el contrario, ¿podrán tener una incidencia capaz de lograr el cambio político que la oposición busca?

Por Mercedes Malavé

El tema de las sanciones económicas internacionales a Venezuela aparece una y otra vez en el debate político. No deja de sorprender la liviandad con la que se habla de un asunto tan delicado para la economía, el bienestar, la garantía de los derechos humanos, en definitiva, para el futuro de los venezolanos. Más allá de las posiciones políticas de cada quien, partamos de una realidad obvia: si mañana amanecemos sin sanciones; si, de un día para otro, levantan todas las restricciones económicas a Venezuela, y no ocurre el cambio de gobierno, ni se resuelve la crisis política, ni se recuperan variables democráticas, en un santiamén nos encontraríamos con los mismos problemas de hoy: aislados de las inversiones nacionales e internacionales, de los tratados de libre comercio entre países, y de cualquier tipo de financiamiento para recuperar los servicios públicos del país.

En efecto, el problema no son las sanciones sino el ejercicio arbitrario, anti-democrático y caótico del poder:

Politización de la economía, inseguridad jurídica y un ambiente incierto para hacer negocios, es lo que destaca el Banco Mundial, sobre Venezuela, en su más reciente informe. Una economía que bien pudiera beneficiarse de la actividad extranjera, pero que, de acuerdo con expertos, espanta las inversiones debido a las altas tasas de inflación.¹

Es la forma autoritaria del Gobierno, las violaciones de DD. HH., el caos administrativo, el desorden económico y el estado de secuestro institucional lo que no genera confianza a la inversión sino espanto:

Venezuela es el primer país de la región, y el tercero en el mundo, con más riesgos para hacer negocios. Así lo estipula el índice Doing Business del Banco Mundial. Y es que el que fuera otrora una potencia petrolera, hoy se ubica en el puesto 188 de 190 economías analizadas, solo por encima de Eritrea y Somalia².

El economista Manuel Sutherland coincide con este planteamiento cuando afirma que:

La medición del impacto específico de las sanciones tiene una enorme dificultad. Venezuela atraviesa la peor crisis económica que ha sufrido la nación en su historia, de lejos. La crisis actual es la más drástica en la historia de América y es considerada (hasta 2019) como la novena más fuerte a nivel mundial en los últimos setenta años. La explosión de la crisis (primer trimestre de 2014) es muy anterior a las primeras sanciones financieras de agosto de 2017 y a las sanciones económicas y petroleras de mayor calado: noviembre de 2018. Por ende, todo parece indicar que las sanciones son posteriores a la crisis y que sólo agudizan, inexorablemente, un ciclo económico con una muy marcada tendencia recesiva³.

Para lo que sí han servido las sanciones es como excusa perfecta para impedir el cambio político. De hecho, existe una literatura importante al respecto. Moret lo resume diciendo que:

Aunque hay estudios que analizan la eficacia de estas medidas, ninguno demuestra que las sanciones económicas, por sí solas, hayan alterado la política de manera importante: ‘No tenemos ningún modo de demostrar que ha habido cambios políticos como consecuencia de las sanciones’.⁴

Es evidente que el Gobierno las usa para condicionar las elecciones, la pluralidad y la democracia. Pero la oposición también ha generado un discurso manipulador alrededor de las sanciones, insistiendo en que son necesarias para el cambio político, aun a sabiendas de que el Gobierno las tiene como pretexto sostenido para no dar pasos hacia la democracia y consolidar la hegemonía, tanto en su base de apoyo como en todo el país, a base de imposiciones y controles.

Pese a no obtener los resultados esperados, por el contrario, estando cada día más alejados del cambio político debido a la impopularidad y desprestigio de sus principales líderes, el sector opositor más fuerte argumenta constantemente que “… sanciones a violadores de derechos humanos y saqueadores de los recursos públicos siempre contarán con nuestro apoyo, en ausencia de una justicia imparcial en Venezuela”⁵. Pero lo cierto es que los venezolanos no apoyan las sanciones. Como lo afirmaba Luis Vicente León en su cuenta Twitter:

Las sanciones económicas no han logrado el objetivo para el que fueron diseñadas. El 75 % de los venezolanos están en contra de las sanciones petroleras y sienten que su impacto ha sido mucho más negativo sobre el país y su gente que sobre Maduro.

Es hora de persuadirnos de que alrededor del discurso sobre las sanciones lo que ha sobrado hasta hoy es demagogia y corrupción. El sistema de sanciones le apaga más la luz al gasto público; y genera una actitud sumisa, poco crítica, frente a un liderazgo opositor que no ofrece soluciones sino supuestas presiones “hasta que el gobierno caiga”, amén del manejo de fondos públicos en el exterior, que no ha generado ningún impacto en la mejora económica del país, ni siquiera en los venezolanos que permanecen bajo la condición de refugiados. Si bien las sanciones generan ciertas restricciones para hacer negocios, no impiden el enriquecimiento escandaloso de quienes están en el poder y de quienes ejercen el lobby pro-sanciones, como lo denunció el ex embajador de Guaidó, Humberto Calderón Berti, entre otros.

Por todo lo expuesto, no dejaremos de insistir en que el cambio político exige construir una nueva mayoría que encarne los valores de la unión nacional; que sea fuerte, inclusiva, propositiva y constructiva. Y acudir a la cita electoral del 2024 con el candidato que ofrezca las mayores cualidades para poner en marcha las soluciones: esos primeros pasos hacia la institucionalidad, la descentralización y la desconcentración del poder político y económico.

No es verdad que el país está perdido; no es cierto que Venezuela sea irrecuperable e irreconciliable. Hay entidades que funcionan al margen de la polarización; organizaciones que trabajan de manera exitosa, personas buenas y dispuestas a ayudar en actividades de bien común adecuadas a sus capacidades. Como afirma el doctor Eduardo Fernández:

Para lograr el cambio que la mayoría de los venezolanos anhelamos, se necesitan varias cosas: 1.- Una convocatoria seria a la unidad nacional. 2.- Un programa serio, atractivo e ilusionante, capaz de movilizar a los ciudadanos. 3.- Una organización eficiente. 4.- Una estrategia inteligente y 5.- Trabajo, mucho trabajo. Abandonar la flojera cívica que nos lleva a soñar con soluciones mágicas: golpes militares o invasiones extranjeras. Somos nosotros, los venezolanos, los que tenemos que recuperar nuestro país⁶.

La reconstrucción política debe partir de lo local y debe ser interdisciplinaria con énfasis en el cambio económico estructural y profundo. Todas las profesiones pueden contribuir al desarrollo de un nuevo modelo de gestión pública que sea cercano al ciudadano, eficiente y transparente. La experiencia en el sector privado, en el mundo académico, en el ejercicio de carreras de servicio y atención directa a la persona, en el campo deportivo, cultural, mediático y artístico, puede contribuir al diseño e implementación de un nuevo espacio público que eleve y haga protagonizar a los ciudadanos, y no que los denigre ni los humille. Como lo afirma el compendio de la Doctrina Social de la Iglesia:

La vida social no es, pues, para el hombre sobrecarga accidental, sino una dimensión esencial e ineludible. La comunidad política, realidad connatural a los hombres, existe para obtener un fin de otra manera inalcanzable: el crecimiento más pleno de cada uno de sus miembros, llamados a colaborar establemente para realizar el bien común, bajo el impulso de su natural inclinación hacia la verdad y el bien⁷.

La invitación es, por tanto, a participar en iniciativas de reflexión y acción política local, alejados de demagogia, utopías, inmediatismos, banalidad y vanidad pueril. De cada municipio debe surgir una nueva clase dirigente profesional y generosa dispuesta a emprender el cambio sobre bases sólidas de convivencia democrática y eficiencia gubernamental, de abajo hacia arriba, a partir de células que regeneren todo el tejido social, y así, cada uno de los órganos de nuestro ser nacional.

Podemos concluir con san Juan Pablo II en su mensaje dirigido a los venezolanos, el 10 de febrero de 1996, cuya vigencia permanece intacta:

Os aliento a trabajar decididamente en el campo de la justicia, de la verdad y de la paz, mirando hacia el futuro con optimismo, siendo solidarios con la suerte de vuestro pueblo y con sus valores, centrados, por encima de todo, en el mandamiento fundamental del amor.

Lanzo mi llamado a los políticos, para que, superando las diferencias partidistas y los intereses particulares, aúnen sus voluntades en la búsqueda responsable y desinteresada del bien común, mirando de modo especial hacia las clases más necesitadas.

Recuerdo a los trabajadores y empresarios la responsabilidad que tienen de asegurar una producción que satisfaga adecuadamente las necesidades básicas, manteniendo unas relaciones laborales que conjuguen los propios intereses con el espíritu solidario y las exigencias ecológicas de las actuales y futuras generaciones, permitiendo así mantener un nivel aceptable de calidad de vida.

Venezolanos, aunque sean serias las dificultades e inmensos los desafíos, grande ha de ser vuestro empeño. Ante un presente con incertidumbres y un futuro con interrogantes, haced valer las propias capacidades con imaginación y sobre todo con generosidad, confiando en Dios: Dios ama al hombre.

Notas: