La semana del 5 al 11 de junio quedó más que evidenciado el proceso de creciente represión contra los pobres que se vive en el país. Además de las víctimas por ejecuciones policiales que semanalmente se reportan en el marco de los operativos OLP se le sumó esta semana el asesinato por parte de organismos de seguridad del Estado de tres personas en el marco de protestas. La primera víctima fue la señora Jenny Elizabeth Ortiz Gómez de 42 años quien murió a consecuencia de disparos de perdigones en su rostro. El Ministerio Público imputó como presunto responsable al funcionario Yeisy Reneé Burgos Moreno de la policía del estado Táchira. La segunda víctima asesinada presuntamente por la Guardia Nacional Bolivariana se produjo el pasado jueves cuando fue reprimido intentos de saqueo en Petare, estado Miranda. Fue asesinado el joven José Antonio Tovar de 21 años y resultaron varias personas heridas de bala. Hoy sábado 11 de junio confirmamos con habitantes de Cerezal estado Sucre el asesinato del joven Luis Josmel Fuentes de 21 años. La población responsabiliza a la Guardia Nacional Bolivariana por el asesinato y además aproximadamente 10 personas resultaron heridas por perdigones y balas.
No hay duda que se está disparando contra los manifestantes en las protestas. Además de este saldo de víctimas, en videos que circularon de la represión contra protestas en la Parroquia La Vega en la ciudad de Caracas se pudo observar a funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana usando armas en el control de esa protesta.
La forma como vienen actuando los cuerpos armados del Estado en el control de manifestaciones es consecuencia de la creciente represión que se vive en el país, la ejecución del estado de excepción y de la Resolución 08610 mediante la cual el gobierno autoriza a los cuerpos policiales y la Fuerza Armada a usar armas en el control de manifestaciones. Ya habíamos denunciado en su oportunidad las graves consecuencias que para los derechos humanos tendría la aplicación de dicha Resolución.
Exhortamos una vez más al defensor del Pueblo Tarek Willian Saaab que alce su voz contra la represión creciente en el país. Debe entender el defensor que su silencio cuesta vidas. Mientras guarde silencio ante graves atropellos a los derechos humanos, el gobierno se sentirá con plena libertad de seguir arremetiendo contra los pobres y otros sectores de la población.
Reconocemos la rápida actuación del Ministerio Público para investigar el asesinato de la señora Jenny Elizabeth Ortiz Gómez y la designación de fiscales para los otros dos asesinatos. Exigimos una investigación imparcial y que se establezcan las responsabilidades y sanciones correspondientes.
Reclamamos al presidente Nicolás Maduro que cese a la represión y que garantice la actuación de los cuerpos de seguridad en el marco de la Constitución y del pleno respeto a los derechos humanos.
Fuente: Prensa Provea. 11 de junio 2016.
