¿Qué pasa cuando un sicario mata a un uwöttuja?

Por Minerva Vitti Rodríguez

A Virgilio Trujillo Arana, indígena uwöttuja, lo asesinaron con disparos en la cara. Cavaron agujeros en su rostro como lo hacen garimpeiros, guerrilla colombiana, militares, sindicatos en el rostro de la selva. Dicen que fueron sicarios, que esto es un “mensaje” para los indígenas, para los defensores, para los periodistas, para todo aquel que se atreva a levantar la voz contra la depredación minera que arrasa los territorios.

Virgilio salía de una reunión en la sede de la Organización Regional de Pueblos Indígenas de Amazonas (Orpia) y decidió caminar hasta el lugar donde se estaba quedando en Puerto Ayacucho, capital del estado. Presuntamente sujetos a bordo de un carro, el mismo carro que minutos antes había dado una vuelta por el barrio buscando a Virgilio, lo obligaron a montarse. Presuntamente lo amarraron. Entonces llegaron hasta otro sector, lo bajaron, alguien dice “que obvio que para no manchar el carro de sangre”, y le dispararon en la cara. Era 30 de junio de 2022.

No puedo decir que no murió, no puedo decir que ahora es una semilla que está sembrada en la tierra, no puedo decir eso porque a Virgilio lo asesinaron con balas en la cabeza y con la muerte se pierde fecundidad.

Si puedo decir que él vive con el mundo, que nunca desaparecerá, que Virgilio estará en cada lucha, y que diciendo esto tampoco vivirá.

La sombra es la propia luz que sale del interior.

Virgilio nació en el corazón de la semilla de algodón. Él pensó en la vida. Él pensó y escuchó a través de su corazón, no desde afuera, por eso se convirtió en guardia territorial indígena, por eso defendió la casa de todos.

La casa de todos es la espuma de una cascada, es la semilla de un árbol que al mismo tiempo es montaña, es el sudor del cielo, es el óxido de las rocas. A pesar de que veinte años después de la nueva Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el reconocimiento territorial, condición indispensable para la supervivencia física y cultural de los pueblos indígenas, sigue sin materializarse.

Se dice que en los cantos los chamanes nombran a los causantes de la enfermedad.

Miro los videos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana incautando avionetas utilizadas para el narcotráfico, inhabilitando pistas clandestinas, destruyendo campamentos para el procesamiento de drogas de los denominados Tancol (Terroristas Armados Narcotraficantes de Colombia) en el municipio Autana, territorio que defendió Virgilio. Miro los videos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en una asamblea con indígenas, caminando con indígenas, nombrando a las comunidades indígenas, exponiendo a los indígenas, en una superproducción que se parece más a una mala película de guerra que a una operación militar.

Nadie mató a ningún militar.

Queremos que el Gobierno venezolano no siga masacrando por acción u omisión a los indígenas. Queremos que se investigue y se juzgue a los culpables. Queremos que se detenga la minería en la Amazonía venezolana. Queremos que la Asamblea Nacional y el Ejecutivo Nacional agilicen la adhesión y ratificación por parte de Venezuela del “Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe” (Acuerdo de Escazú). Queremos. Cuanto queremos. Agua limpia, niños sanos, alimento, estudio, trabajo. Queremos reparación.

¿Qué es el rostro?

A Virgilio se lo quitaron, lo mismo que a Alexander, el hijo de la cacica yukpa Carmen Fernández, cuando le dieron dos tiros en los ojos en la Sierra de Perijá¹.

¿Qué significa morir sin rostro, sin cara, sin identidad, desfigurado, en una sociedad, con un gobierno, que te mira de reojo?

La mutilación es deliberada.

En su informe “El aire huele a mal: situación de personas defensoras del ambiente y el territorio en Colombia y Venezuela”, Odevida denunció que entre 2013 y 2021, 32 ambientalistas fueron asesinados en Venezuela: 21 de los homicidios de ambientalistas se cometieron por parte de sicarios mineros o miembros de la guerrilla. Otros 11 asesinatos se atribuyen a efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

El documento detalló que, de ese total 25 fueron detenciones arbitrarias, 11 víctimas de ejecuciones extrajudiciales, 21 víctimas de asesinatos selectivos, 9 víctimas de secuestros y 14 de amenazas. Odevida aseguró que no solo los defensores del medioambiente y el territorio son víctimas de la violencia, sino también la población civil e indígena que habita en los territorios afectados por la minería.

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Se dice que cuando un hombre uwöttuja fallece la tráquea se eleva del cadáver en la forma de una flauta y, mientras el muerto solitario la observa, el jaguar surge del aliento.

Se dice que, si alguien roba la flauta, el jaguar contrataca para matar al ladrón, de esta manera se recobra el instrumento, es decir, la voz.

De las manos de los hombres y mujeres surgen tigrillos, de sus ojos avispas. Estos espíritus protegen al muerto, lo defienden de cualquiera que venga a devorar su carne, buscan y matan a cualquiera que haya perjudicado al hombre mientras vivía.

Virgilio en una cueva, de sus manos tigrillos, de sus ojos avispas, su aliento el jaguar que impulsa el dardo introducido en la cerbatana. A través de esta acción se da muerte al animal.

Las cosas suceden de tal modo que se caza sin asesinar.

Los uwöttuja no pueden matar con sus propias manos, de lo contrario morirían.

El tigrillo, el jaguar, las avispas son las manos del cazador.

Las manos, el aliento, los ojos.

¿Qué pasa cuando no es solo el sicario quien mata al indígena?

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Durante 2021 –y en el contexto de la pandemia de la Covid-19– se profundizó la precarización de las condiciones de vida de los pueblos y comunidades indígenas, principalmente por la falta de políticas públicas con un enfoque intercultural para abordar las enfermedades, la inseguridad alimentaria, el derecho a la educación, el derecho a la identidad, garantizar los servicios públicos, etc.; por las presiones de los proyectos extractivistas; y por la presencia de gobernanzas híbridas criminales (gobierno, militares, grupos armados irregulares, guerrilla colombiana, garimpeiros brasileros, sindicatos o pranatos mineros) en los territorios ancestrales.

Lo anterior ocurre, especialmente, porque desde el Gobierno venezolano prevalece una lógica de seguridad e integridad geopolítica, sustentada en el control y militarización de estos territorios ricos en oro y otros minerales para su explotación. En este sentido, la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco, un proyecto ilegal e inconsulto promovido por el Ejecutivo nacional desde hace cinco años, sigue bajo el control de estas gobernanzas mencionadas anteriormente.

A su vez, la Corporación Venezolana de Minería (CVM) realiza charlas de consulta previa, libre e informada por internet, controla el tema del combustible y los insumos mineros; y el Gobierno mantiene las concesiones mineras a terceros dentro de comunidades indígenas generando graves conflictos intracomunitarios, así como asesinatos y enfrentamientos con grupos armados irregulares por el control de las minas en territorios indígenas².

En el estado Bolívar, se evidenció una mayor hegemonía de la minería, a través del auge de las empresas procesadoras de material aurífero dirigidas por testaferros del Gobierno y el pacto de este con grupos criminales³; mientras que en el estado Amazonas siguió incrementándose la presencia de garimpeiros brasileros en las fuentes del río Orinoco, de guerrilla colombiana, y la propaganda política para legalizar la minería –con la creación de zonas económicas especiales⁴– en una región donde por Decreto Presidencial Número 269 del año 1989, está prohibida. Incluso se constató el levantamiento de una valla y galpones de la Corporación Venezolana de Minería, cerca de la entrada a Galipero Viejo, en el eje carretero norte de Puerto Ayacucho, Amazonas.

En el estado Delta Amacuro continuó la migración forzada de los indígenas warao hacia Brasil, Guyana, Trinidad y Tobago; y en el estado Zulia se incrementaron los conflictos territoriales en la Sierra de Perijá, entre los indígenas yukpa y los hacendados, mientras que, en La Guajira, los indígenas wayúu continuaron resistiendo al hambre, la sequía y la falta de servicios públicos.

Por quinto año consecutivo, el Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas (Minpi) no publicó la Memoria y Cuenta, lo cual deja un vacío de información oficial para el seguimiento de las políticas públicas que se estarían implementando y la ejecución de los recursos económicos; especialmente todo lo referente al tratamiento y abordaje de la pandemia de la Covid-19 en los pueblos y comunidades indígenas.

A dos años de la pandemia no hay certeza de cómo se aplica el control epidemiológico en los pueblos indígenas en Venezuela. Otra de las dificultades ha sido hacer seguimiento del impacto de la covid-19 entre los pueblos indígenas de las regiones fronterizas de Venezuela con Brasil, Colombia y Guyana; y de los migrantes y refugiados indígenas venezolanos en estos países. Además, han disminuido los reportajes sobre el avance de la Covid-19 lo cual era una fuente fundamental.

Sobre el resto de las enfermedades (sarampión, malaria, tuberculosis, diarreas, fiebre, vómitos, etc.), la única manera de informarse es a través de las denuncias de los propios voceros indígenas, pero son reportes dispersos y no existe un seguimiento sistemático de los casos, para conocer si fueron atendidos.

Del mismo modo, se evidencian retrocesos en materia de garantías en derechos políticos y culturales de pueblos y comunidades indígenas⁵, ya que sigue sin restituírsele el voto universal, directo, libre y secreto.

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Hoy en día las formas de organización propia que tienen los pueblos y comunidades indígenas, de manera ancestral y tradicional, son prácticamente la única instancia de resistencia y de resiliencia. Dentro de los mecanismos más potentes de protección están las autodemarcaciones, los planes de vida, las guardias territoriales indígenas, y la jurisdicción especial indígena, que no solo se limita a la resolución de conflictos intracomunitarios o entre indígenas, sino que tiene un sentido más importante que es el de la administración de territorio; estos mecanismos son resultado del proceso de empoderamiento de los pueblos y comunidades indígenas, como sujetos de derecho de su territorio.

Sin embargo, vemos como el ejercicio de este derecho, es decir la voz, no ha evitado el asesinato de Virgilio Trujillo Arana, el 30 de junio de 2022; el secuestro y posterior liberación de Pablo Medina, líder uwöttuja, por parte de un grupo guerrillero en Autana, en mayo de 2022; el ataque de una presunta embarcación de la guerrilla colombiana a los indígenas de Atabapo, el 23 de abril de 2022; el asesinato de cuatro yanomami en Parima B por componentes de la aviación venezolana, el 20 de marzo de 2022. Y esto solamente para nombrar algunos hechos en lo que va de año.

¿Qué ocurre cuando no es solo el sicario quien mata al indígena?

¿Qué significa morir sin rostro, sin cara, sin identidad, desfigurado, en una sociedad, con un gobierno, que te mira de reojo?

Nota de la autora:

Este texto fue leído durante el evento Derechos en la Calle, realizado por el Programa Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) y la Escuela de Sociología de la UCAB, el 7 de julio de 2022. En el mismo se abordaron los hallazgos del Informe Anual de Provea 2021 correspondientes a los derechos de la mujer, seguridad social, salud, pueblos indígenas, ambiente y tierra. El informe completo en este link. La transmisión completa del evento aquí.

Notas: