La Escuela de Vecinos de Venezuela, como asociación civil promotora de la educación ciudadana para la participación y la democracia, hace este pronunciamiento al país y la comunidad internacional, ante la situación de ruptura del pacto político, social y económico contenido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
- Venezuela ha experimentado un sucesivo proceso de deterioro, que se manifiesta en una pérdida creciente de la calidad de vida de los venezolanos y las venezolanas, así como, de los extranjeros que han construido sus vidas en nuestras comunidades. Todos los habitantes de esta tierra de gracia, han visto y experimentado una situación progresiva de pérdida de sus derechos, ocasionando una disminución evidente de su dignidad humana y en consecuencia, en su condición de ciudadanía propia de la vida democrática.
- En nuestro país experimentamos una ruptura del pacto constitucional, que se manifiesta en la pérdida de la institucionalidad y en el deterioro de los derechos reconocidos en el texto aprobado por la soberanía popular en 1999 y ratificado en el 2007, fundamentos necesarios del sistema democrático que se expresa en el modelo de Estado y en las características de la Sociedad descritos en el preámbulo y las disposiciones fundamentales de la Carta Magna. Igualmente, se presenta la creación de estructuras paralelas a la institucionalidad legal, como expresión de un modelo político-ideológico, rechazado por la mayoría de los venezolanos, sembrando las semillas de la corrupción, la cooptación, el centralismo y el caos en la gestión gubernamental.
- Tomando en cuenta las progresivas decisiones gubernamentales y judiciales, orientadas a establecer las limitaciones o el desconocimiento del Parlamento Nacional electo mediante el proceso electoral de 2015 y los pronunciamiento de los órganos del Poder Ciudadano y del Poder Electoral, que se evidencian como un desconocimiento de las demandas ciudadanas y de la soberanía popular, reconocemos la falta de funcionamiento del principio de la separación de los poderes y del Estado de Derecho, condiciones necesarias para la existencia de la democracia y el avance de los derechos políticos.
- Tomando en cuenta las situaciones de escasez de alimentos y medicinas, así como, también la inseguridad ciudadana y el deterioro progresivo de los servicios públicos, se dan las manifestaciones públicas, reprimidas por los cuerpos de seguridad del Estado con el saldo lamentable de muertos, heridos y presos políticos, aunque, estas manifestaciones son legítimas expresiones del deterioro de los derechos humanos que identifican la existencia de una democracia integral.
- Desde nuestra perspectiva como integrantes de una organización de la sociedad civil, reconocemos en las situaciones planteadas una ruptura real y efectiva del Pacto Constitucional, y en consecuencia, una lesión de los principios inherentes a la soberanía popular y la democracia, lo que genera de parte del pueblo de ciudadanos y de las diversas expresiones organizadas de la sociedad venezolana, el tener en cuenta las previsiones de los artículos 333 y 350 de la Constitución.
- Hacemos un llamado al Dr. Tarek Willian Saab, Defensor del Pueblo, para que actué en el marco de sus atribuciones constitucionales y legales, en consonancia con los planteamientos y las solicitudes de la ciudadanía y del pueblo; y no como vocero de los intereses gubernamentales, si esta situación no se logra hacer efectiva, que presente su renuncia al cargo, como lo han planteado diferentes personas y organizaciones que han evaluado su gestión y sus declaraciones públicas.
- Hacemos un llamado a la Dra. Luisa Ortega Díaz, Fiscal General de la República, para que concrete las acciones propias de su cargo, en función de su pronunciamiento público, donde declaró, a partir del contenido de las sentencias 155 y 156 dictadas por Magistrados de la Sala Constitucional del TSJ, la existencia de una ruptura constitucional y la violación del modelo de Estado establecido en la Constitución.
- Hacemos un llamado a los Medios de Comunicación Social, para que cumplan su función de informar, en correspondencia con el derecho a la información consagrado en nuestra Constitución y en acatamiento de las pautas éticas que deben caracterizar su misión, superando las amenazas y las censuras. Los Medios de Comunicación Social deben ser la voz de los sin voz, en la reseña real y efectiva de los acontecimientos y las situaciones que se producen en nuestro país, dando oportunidad a la voz del pueblo de ciudadanos y sus diversas organizaciones, para el reclamo de sus derechos y la presentación de propuestas de soluciones ante la crisis venezolana.
- Desde la perspectiva de la comunidad internacional y las diversas instancias en las cuales se integra nuestro Estado, estimamos necesario que, en concordancia con los compromisos adquiridos, se activen los mecanismos de cooperación y de acompañamiento internacional, con el propósito de que se logren las condiciones favorables para que las distintas instancias del Poder Público, den plena garantía a los parámetros y los criterios que caracterizan el derecho a la democracia y los otros derechos humanos establecidos en beneficio del pueblo venezolano de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y los otros instrumentos jurídicos internacionales, aplicables para subsanar las situaciones que señalamos en el presente pronunciamiento y lograr la restitución del texto constitucional.
- Desde nuestra perspectiva ciudadana respaldamos y exigimos la plena realización y reconocimiento del Estado federal descentralizado, establecido en la Constitución, en consecuencia, hacemos un llamado al TSJ para que no mantenga la denegación de justicia, y haga un pronunciamiento definitivo sobre la situación de la representación indígena y de los diputados del estado Amazonas ante el Parlamento, sin que, la omisión judicial invoque un pretendido “desacato” de la Asamblea Nacional, mantenido en el tiempo, mediante decisiones contrarias a las pautas constitucionales y legales sobre la materia.
- Hacemos un llamado a los representantes electos en las instancias políticas (estados y municipios) o sociales (universidades y sindicatos), que, según la Constitución gozan de autonomía, a los efectos de que, tomen las decisiones y acciones pertinentes para restituir la plena vigencia de la Carta Magna, en correspondencia con los derechos y deberes inherentes al ejercicio de sus funciones constitucionales y legales.
- Ante la proximidad de la conmemoración del 19 de abril de 1810, consideramos pertinente que las entidades municipales y sus autoridades electas, se manifiesten públicamente en la defensa de la Constitución nacional y que concreten sus demandas a favor de la autonomía municipal, la democracia participativa y la descentralización, características fundamentales del Poder Público Municipal, así como también, en la solicitud de los procesos electorales estadales y municipales pendientes, conforme al período constitucional que corresponde. Igualmente, en la restitución de las elecciones de las juntas parroquiales, instancias administrativas de las parroquias, espacios propios para el ejercicio del derecho a la participación ciudadana y el mejoramiento de los servicios públicos, mediante la correspondiente sentencia del TSJ y una reforma legislativa, en correspondencia con las pautas constitucionales aplicables a las parroquias
La Escuela de Vecinos de Venezuela como actor de la sociedad civil, invocando su derecho a la participación, hace votos por el cese de las acciones contrarias al Pacto Constitucional, para que se den los cambios necesarios, que permitan generar las condiciones políticas, sociales, económicas y culturales, características de un acuerdo nacional orientador del camino, que permita los diálogos y consensos, que faciliten el respeto mutuo y el reencuentro entre los venezolanos, la convivencia democrática, el pluralismo político, la participación ciudadana y la paz social en el país.
