Por Aureliano Sánchez.
Creemos necesario contribuir con una mirada crítica para evaluar la difícil situación que atravesamos como nación. La crisis económica, política y social que viene soportando la población pareciera no tener solución en el corto plazo y en la narrativa del gobierno se sigue favoreciendo al capital internacional con el pago de una deuda ilegal, que deja desprotegido al ciudadano que vive de su trabajo.
La ofensiva extractivista continúa y se afianza en Venezuela con el apoyo abierto del Gobierno-PSUV. Las actividades con características claramente depredadoras del ambiente se concretan específicamente con el proyecto del Arco Minero del Orinoco AMO y en las decisiones de políticas autoritarias que contribuyen con los planes de desarrollo capitalistas persistentes.
Las recientes elecciones de la espuria Asamblea Nacional Constituyente fue un claro elemento desmovilizador del espíritu del poder originario, secuestrando la participación protagónica de amplias mayorías para darle un golpe a los fundamentos democráticos. Los últimos procesos electorales de 2017 han evidenciado expresiones claras de autoritarismo y de disputas entre sectores vinculados a la dinámica extractivista. Las elecciones regionales del estado Bolívar, cuestionadas por manipulación de resultados y violación de la Ley Orgánica de Procesos Electorales son un ejemplo de las disputas involucradas a la Zona Económica Especial de Desarrollo Arco Minero del Orinoco, donde el gobierno continúa haciendo grandes negocios con compañías extranjeras que profundiza la trama de corrupción y criminalidad que caracteriza a la zona desde hace más de una década.
Una de las tareas principales de la Plataforma contra el Arco Minero es generar un amplio debate sobre la política ambiental que permita fomentar un proceso de concientización y fortalecer los movimientos en la defensa de los derechos sociales y de las conquistas reconocidas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999.
Los proyectos de mega-minería extractiva son un retroceso, ya que representan una de las actividades más destructivas del medio ambiente, de ahí que en varios países estos están prohibidos. Considerando que en Venezuela gran parte del agua dulce se encuentra en torno a la cuenca hidrográfica del río Orinoco, que representa un aproximado del 90% de su reservorio natural, el A.M.O puede ser catalogado como un crimen ecológico de grandes proporciones, que amenaza la salud y vida de una población de cientos de miles de personas al contaminar los afluentes hídricos por la acción de los fluidos mecánicos y los procesos para separar minerales.
Es necesario activar la memoria colectiva de los conflictos nacionales que permitan repensarnos como país, desenmascarando el relato del gobierno, agotado por la dura realidad y producto de haber permitido un gran desfalco de nuestra renta. Apuntar en la construcción de una nueva referencia política con el pueblo en la calle. Convertir la nación en una gigantesca aula abierta ecológica, donde se articule con los grupos que luchan por los objetivos históricos de hacer sustentable la vida en el planeta. Debemos construir espacios para atraer a los confundidos, a los descontentos, a los desmovilizados y a los indignados para ganarlos nuevamente a las filas de la lucha por la defensa del ambiente.
Nota: las referencias bibliográficas de este artículo las puede encontrar en la publicación original adjunta.
Fuente: Boletín N° 1. Desarmando el Arco Minero (P. 25). [pdf-embedder url=”http://revistasic.gumilla.org/wp-content/uploads/2019/09/1-boletin_amo_def.pdf” title=”1 boletin_amo_def”]
