Javier Contreras
Rechazar los pronunciamientos de la Fiscal General de la República, de la ex Defensora del Pueblo, de dos Magistrados del TSJ, o de cualquier persona que, dentro o fuera de las estructuras de poder invite a cumplir lo estipulado en el marco constitucional, es una actitud que denota poca inteligencia política (en el sentido más amplio del término) y poco compromiso con la reconstrucción institucional del país.
Cuando Diosdado Cabello amenaza con “poner patas para arriba” la Fiscalía General a través de la hipotética instalación de la ilegal y nociva asamblea nacional constituyente, está comunicando claramente el método con el que evalúa el funcionamiento de los poderes públicos: son eficientes y necesarios mientras se amolden a sus intereses personales y a los de su grupo.
Cuando los medios de comunicación del Estado (por tanto, de todos los venezolanos) invisibilizan, menosprecian o descalifican las declaraciones de funcionarios sólo por contrariar la versión oficial sobre hechos tan graves como homicidios y lesiones a los que están siendo expuestos muchos venezolanos, resulta fácil intuir que existe temor a la verdad y al cumplimiento de los canales regulares para establecer responsabilidades. Esto por lo comprometido que pueden llegar a estar algunos funcionarios en dichos acontecimientos.
Pretender hacer de la lealtad, manipulando el término, un valor político y republicano, es instrumentalizar la conciencia de los individuos, negar la libertad de pensamiento, reducir la capacidad de diálogo y, en última instancia, proponer el reinado del clientelismo y la sumisión.
Este tema debe ser reflexionado por todos los venezolanos, independientemente de su postura, ya que la tentación de uniformar voluntades con el falso criterio de la lealtad, no es patrimonio exclusivo de un sector político determinado; suele estar latente en distintos ámbitos y presentarse de manera tan difusa que permite legitimar con acciones lo que se desprecia con palabras.
