Se evitará que la visión lineal de la economía y el exceso de buenas intenciones distorsione los objetivos planteados y cambie el papel del sector público
Alberto José Hurtado B
Cuando las autoridades implementan política económica reconocen la importancia de los incentivos para lograr objetivos previamente establecidos. Por ello, insisten en destacar lo adecuado de dar estímulos a los trabajadores, productores y comerciantes para mejorar su nivel de vida, motivar su participación en las actividades de supervisión, revisión y auditoría de las unidades económicas, acabar con los problemas económicos, y recuperar el aparato productivo. Planteado de esta manera, cada nuevo aumento del salario mínimo, nuevos subsidios y más transferencias, corresponden a una nueva promesa de compensación que el gobierno realiza a la población para que realicen actividades que favorezcan a quien ofrece el incentivo, que no necesariamente tiene que ver con corregir los desequilibrios macroeconómicos que están desmejorando el nivel de vida de los habitantes de un país, sino que están, en muchos casos, estrechamente vinculados con profundizar la ilusión monetaria y la utopía de empoderamiento de la clase trabajadora.
El uso de incentivos para lograr metas económicas y no políticas, exige que las autoridades identifiquen con claridad las ventajas y desventajas del tipo de estímulo a utilizar, y definan con precisión los objetivos de producción y rendimiento que quieren alcanzar. Cuando los incentivos son contraproducentes tanto para quien lo recibe como para la economía, este es el caso de salario mínimo, subsidios y transferencias permanentes, pero además las metas a alcanzar son vagas e inciertas, se termina profundizando la asignación ineficiente de los recursos escasos y se incrementa la probabilidad de aumentar los problemas económicos que sufre un país.
Por esta razón, todo plan de incentivos que se quiera implementar debe reunir las siguientes características: a) debe beneficiar tanto al trabajador como a la empresa; b) ser explícitos y de fácil entendimiento para los trabajadores y la colectividad en general; c) tener la capacidad para permitir identificar los cambios que se desean alcanzar; d) promover el aumento de la calidad de vida de los beneficiarios mediante más y mejor educación, acceso a nueva tecnología, entre otros beneficios; e) desalentar el comportamiento “polizón”, es decir, trabajadores a quienes se les paga generosamente trabajen o no; f) beneficiar al mejor recurso humano disponible, y g) permitir el uso eficiente de los recursos.
De esta manera, las políticas de incentivos del gobierno deben tener en cuenta el problema que se quiere solucionar: pobreza, calidad de vida, desempleo, inflación, entre otros, y todas las consecuencias de su intervención, tomando en cuenta a los beneficiarios y a la sociedad en su conjunto. Así se evitará que la visión lineal de la economía y el exceso de buenas intenciones distorsione los objetivos planteados, cambie el papel del sector público y profundice la desigualdad.
En Venezuela, donde se combina caída de la producción con exceso de demanda de bienes y servicios debido al aumento de la cantidad de monedas y billetes en circulación y no como resultado de una mayor productividad del país, se presionan al alza los precios de los pocos productos que aún se transan, y se incrementan los niveles de escasez y desabastecimiento. Dicha realidad exige decisiones de política económica para corregir los desequilibrios evidentes en la economía, con la premura de quien es consciente de la gravedad de la crisis y tiene claras sus consecuencias, con criterio de humildad para reconocer los efectos negativos de las políticas implementadas hasta ahora e iniciar un esfuerzo estabilizador para crear los incentivos adecuados.
Fuente: http://www.eluniversal.com/el-universal/10370/politica-economica-e-incentivos
