La situación en Nicaragua sigue siendo preocupante debido a la escalada de medidas represivas por parte del gobierno de Daniel Ortega. En un nuevo episodio de persecución, más de 30 monjas de la orden de Santa Clara, conocidas como clarisas, fueron expulsadas de los monasterios ubicados en Managua, Matagalpa y Chinandega entre la noche del 28 y la madrugada del 29 de enero. El destino de estas religiosas permanece incierto, mientras crecen las denuncias sobre el hostigamiento hacia congregaciones religiosas y organizaciones civiles en el país.
La expulsión de las monjas ocurre en un contexto de creciente represión estatal contra instituciones religiosas y organizaciones no gubernamentales. En mayo de 2023, las autoridades nicaragüenses disolvieron oficialmente la Asociación de Hermanas Clarisas Franciscanas, junto con otras nueve asociaciones. Este acto se suma a una serie de medidas que buscan limitar la presencia y actividad de grupos religiosos que han sido críticos o que no se alinean con las políticas del régimen.
Más control religioso
Desde las elecciones de noviembre de 2021, en las que Daniel Ortega fue reelegido para un quinto mandato, el gobierno ha intensificado su control sobre diversos sectores de la sociedad. La Iglesia Católica, en particular, ha sido uno de los principales objetivos de esta ofensiva. Congregaciones religiosas han enfrentado cierres forzados, expulsiones y restricciones, lo que ha generado preocupación tanto dentro como fuera del país.
Además de la persecución religiosa, el gobierno nicaragüense ha continuado su embestida contra las organizaciones sin ánimo de lucro. En las últimas horas, se conoció la cancelación de la personalidad jurídica de otras 10 asociaciones, elevando a más de 5.600 el número total de ONG clausuradas desde diciembre de 2018. Estas medidas han desmantelado gran parte del tejido social y comunitario que operaba en el país.
La comunidad internacional ha expresado su preocupación por el deterioro de los derechos humanos en Nicaragua. Sin embargo, las acciones del gobierno parecen seguir un patrón sistemático que busca silenciar cualquier forma de disidencia y consolidar el poder absoluto.
Mientras tanto, el destino de las monjas clarisas y otras congregaciones expulsadas sigue siendo incierto. Su salida forzada no solo representa una pérdida espiritual y cultural para Nicaragua, sino que también evidencia el clima de intolerancia y represión que atraviesa el país centroamericano.
Versión de nota de Vatican News
