Humberto García Larralde
Acabo de leer los dantescos relatos de familiares de cuatro jóvenes asesinados por funcionarios del SEBIN y de otras fuerzas represivas en el operativo realizado en la Cota 905. Uno, sacado a rastras de su casa para ser ajusticiados a pocos metros, otro –de 14 años- acribillado mientras dormía, dos más apresados con heridas para luego aparecer en la morgue. Según estos relatos, ninguno pertenecía a bandas delictivas. La mayoría de los malandros –dicen- ya se habían escabullado luego de recibir el pitazo sobre el operativo. Pero incluso siendo delincuentes, no pueden ser ejecutados fríamente. En Venezuela no existe pena de muerte. Existe, lamentablemente sólo en el papel, un Estado de Derecho con garantías procesales para enjuiciar y castigar a los hampones.
Procedimientos como los de hace días en la Cota 905 son, desgraciadamente, práctica habitual de las policías desde hace muchísimo tiempo. ajusticiar a un malandro –o un inocente “confundido” como tal- para alegar un enfrentamiento y zumbarle encima un prontuario con todos los casos no resueltos. Pero no recuerdo nunca que haya salido un gobernante, menos un Presidente de la República, aplaudiendo este tipo de acciones. Este operativo recibió el rimbombante título de “Ofensiva de Liberación del Pueblo”, pero uno se pregunta si estos familiares piensan igual. No se le permitió a los reporteros acercarse a la morgue ni muchos menos verificar los reportes de enfrentamiento.
Muchos dirán que malandro no es gente y que hay que acabarlos como sea. Debo reconocer que, en lo personal, todavía no he sido víctima de la violencia criminal, sí un familiar cercano mío muerto hace unos años. Quizás no logro entender la sed de venganza y la ira de aquellos que han perdido un ser querido a manos del hampa. Pero la pena de muerte a discreción en los barrios pobres no puede ser la solución. ¿Tendría el mismo respaldo –oficial y de muchos ciudadanos- de haberse efectuado en zonas de clase media o alta? Según los alegatos, algunos de los ejecutados fueron señalados por los sapos que ahora llaman “patriotas cooperantes”. ¿Puede asegurarse que en ninguno de estos sapeos no privaron rivalidades, sentimientos de venganza por afrentas anteriores o simplemente deseos de sacar a alguien de por medio?
La “revolución” creó el monstruo de la violencia delincuencial y ahora no sabe cómo acabarla. La suprema irresponsabilidad de “papi-papi” en su pasantía por Interiores y Justicia de crear “zonas de paz” donde no entraran policías si los malandros se comprometieran a no cometer fechorías, junto a la alianza de la ministro Varela con los pranes de las cárceles –“ustedes mantienen el orden interno en las prisiones y yo no me meto”-, han sido patentes de corso para todo tipo de desmanes, muchos de ellos orquestados desde la cárcel. A ello debe agregarse la entrega de armas de guerra y el amparo a algunos colectivos supuestamente “revolucionarios”. Pero sobre todo ha sido la destrucción del Estado de Derecho y su suplantación por la arbitrariedad y los procedimientos de fuerza donde todo lo anterior cobra sentido. Pero el Frankeinstein se les ha volteado, matando policías, militares y mucha otra gente, y ha provocado un creciente rechazo a las fracasadas políticas del gobierno.
Chávez y Maduro pretendieron hacer creer que la implantación de un estado de anomia era muy “revolucionario”, a favor del pueblo. Ahora, con el monstruo desbordado, solo les queda razzias mortales contra ese mismo pueblo a ver si “la pegan” con uno que otro delincuente.
