Antonio Ecarri Bolívar
Los ex ministros Jorge Giordani y Héctor Navarro deben estar presos o dirigiendo una investigación del robo más grande de la historia de la humanidad realizado durante el régimen chavista y que ellos denunciaron. En efecto, todo venezolano que sabe leer y escribir pudo leer, en febrero de 2016, la denuncia formulada por estos dos ex ministros de Chávez sobre el latrocinio más grande que se tenga memoria y que alcanza a la bicoca de 300.000 millones de dólares. Si los ex ministros mintieron deberían estar presos, pero después de la “denuncia” del Presidente Maduro y de su Fiscal, parece que la cosa es de tal magnitud que se han visto en la necesidad de confesarla.
Ahora bien, habrá que preguntarle a Maduro: ¿Usted no mandó a expulsar a estos dos ex ministros del PSUV por aquella denuncia? Ah, y la otra como consecuencia: ¿Dieguito Salazar es el único pillo y ustedes no lo sabían? Ese grupo al que pertenece Salazar, supuestamente según Tarek, blanqueó 4.200 millones de euros entre el 2006 y el 2012, es decir, todavía falta encontrar más de 290.000 millones de dólares. Así que Maduro y Tarek deben traerse ese dinero que ha sido detectado, pero deben buscar el resto y con eso pagan la deuda y nos queda la otra mitad para comida, medicinas y para reconstruir la patria que han destruido con su torpe y criminal política económica.
Venezuela debe pagar $22.500 millones por servicio de deuda en 2018. Las estimaciones incluyen pagos por concepto de bonos, préstamos bilaterales, arbitrajes y otras operaciones de financiamiento. Esto significa que éste servicio de deuda, que estamos obligados a satisfacer a nuestros acreedores, equivale a 65,4% de las exportaciones proyectadas para 2018, fundamental y obviamente, por concepto de petróleo. Ahora bien, si se satisfacen estos compromisos ¿cómo va a comer este próximo año un pueblo que hoy hurga en la basura buscando alimentos y muere a mengua en los hospitales por falta de medicinas?
Lo más increíble es que el gobierno busca con desesperación endeudarse, aún más, para seguir corriendo la arruga y financiar sus campañas electorales, pero el artículo 312 Constitucional establece que para endeudarse tiene que lograr la aprobación de una ley del Parlamento y no va a haber financiamiento de dinero fresco del mercado financiero cuando al gobierno se le ocurrió la insensatez de presentar la Ley de Presupuesto y Endeudamiento ante la inconstitucional Asamblea Nacional Constituyente, la que no reconoce ningún país civilizado del mundo. La Banca internacional, ni los fondos de inversión, van a otorgar dinero fresco, ni mucho menos comprar o refinanciar una deuda que no cumpla con la Constitución y la Ley. Así que no le queda otro recurso al régimen que devolver lo robado.
Como no nos hacemos ilusiones con estas denuncias de la cúpula que ha apañado todo este saqueo, nos queda sí la esperanza de que el próximo gobierno democrático pueda hacer lo que requieren, con urgencia, las exhaustas finanzas públicas venezolanas: que regresen lo robado, porque la Constitución en su artículo 271 establece que “Los delitos contra el patrimonio público no prescriben”.
Cuando venga un gobierno serio es cuando se podrá investigar el mil millonario saqueo a Venezuela, pues también en la región de Guayana el robo ha sido monumental y continuado. No olvidemos la confesión pública del que fuera Ministro de Industrias Básicas y Minerías, Rodolfo Sanz, quien delató en una entrevista en el Universal que se colocó dinero de las industrias básicas en el banco ruso Gazprombank Invest. Para entonces eran las primeras pistas del dinero colocado en el exterior que el Gobierno mantenía en discreción y del que, más tarde se sabría, solo era una parte de las transferencias que de ese banco se hacían al Fondo Nacional para el Desarrollo Nacional (Fonden). En la empresa estatal procesadora de mineral de hierro el Gobierno empezó una investigación en 2013 por pago de sobornos, transacciones con empresas radicadas en Panamá bajo la figura de traders y transferencias de millones de dólares a cuentas en paraísos fiscales como las Islas Vírgenes.
Entre las filtraciones figuran las cuentas de los dueños de Derwick Associates, la compañía de los llamados ‘bolichicos’ quienes -según la investigación del periodista César Batiz- aprovecharon la crisis eléctrica venezolana “para ganar, solo por su intermediación, más que su socio técnico, y todo por vender como nuevas algunas turbinas usadas que rescataron de sumideros de todo el mundo. La mayoría de esos equipos están parados o en mantenimiento, rindiendo menos de lo requerido”.
Los boliburgueses y sus protectores del alto gobierno todavía están a tiempo de salir a buscar algo de lo malversado, para luego es tarde. Devuelvan lo robado y paguen la deuda. A lo mejor Dios los perdona, porque los venezolanos que pasan hambre y las familias de los que mueren a mengua jamás lo harán.
